Redacción El Coahuilense
Por Isabel Mercado
En post pandemia, en Baja California el número de pacientes con trastornos mentales se triplicó y los suicidios en la población infantil y adolescente aumentaron.
Y aunque esta crisis de salud es reconocida por el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC), esta institución carece de recursos suficientes para atender a la población bajacaliforniana que requiere de atención psiquiátrica.
Tal es el caso de Eunice, una joven mujer de 35 años, para quien hay días en los que hasta comer representa un esfuerzo descomunal porque carece de fuerzas y ánimo suficiente. Los ataques de llanto menguan su vigor y salir de la cama es literalmente una misión imposible.
De la depresión pasa al mal humor en un segundo. A los 14 años le diagnosticaron pensamientos obsesivos compulsivos, delirios de persecución y depresión. En la última valoración su diagnóstico fue de ansiedad generalizada con pensamientos obsesivos compulsivos, enfermedad que en ocasiones la invade por periodos que se extienden hasta ocho meses.
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Sin los recursos económicos suficientes, en 2021 Eunice buscó apoyo en el Centro de Salud Francisco Villa, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), sistema creado para proveer atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social. En Tijuana, Baja California, pero solo se limitaron a recomendarle que buscara un terapeuta particular.
La salud mental de Eunice ha mermado su calidad de vida, rendimiento laboral y convivencia familiar. Su terapia y los dos medicamentos que necesita -Alprazolam y Escitalopram- para controlar la ansiedad y depresión, representan un gasto de más de 3 mil 600 pesos mensuales.
“A veces dejo de tomar el medicamento porque no tengo para comprarlo, pero cuando no los tomo empiezo a notar que mis pensamientos obsesivos compulsivos aumentan y comienzo a crear ideas en mi cabeza, cosas que no están y me afecta mucho, dejó de trabajar y es muy difícil salir de esas crisis”, narró la joven.
Para el psicólogo René Valenzuela, el sistema público está muy limitado en cuanto a recursos, tanto de personal médico como de fármacos, lo que lo imposibilita para hacer frente a la creciente demanda de salud mental.
Con este panorama, en 2019 el gobierno de Baja California decidió no aplicar el 83% del presupuesto de 232 millones de pesos aprobado para ese año al Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC). No solo eso, al arribar al gobierno Jaime Bonilla Valdez, el morenista decidió conformar el Instituto Contra las Adicciones (ICA), separando, con todo y presupuesto, la Dirección contra las adicciones que operaba el IPBC.
Este cambio disminuyó significativamente el presupuesto del IPBC, al pasar de 232 a 175 millones de pesos en solo dos años, periodo durante el cual prevalecieron los subejercicios en el Instituto y se elevó el desabasto de medicamentos para pacientes psiquiátricos.
Además, de 2018 a 2023 regresaron a la hacienda del estado más de 423 millones de pesos de subejercicios, de los mil 409.2 millones de pesos que recibió para invertir en ese rubro.
Más dinero, más subejercicio
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que del presupuesto de salud se destine entre el 5 y el 10% a la salud mental, pero en Baja California el gobierno presupuesta menos del 5%. En 2023, de su presupuesto de egresos de 6 mil 075.5 millones de pesos, sólo programó destinar al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, es decir, tan solo el 4.5%. Además, ocho de cada 10 pesos se utilizan principalmente en gasto corriente, de acuerdo al análisis de egresos hecho con la información proporcionada para este reportaje por Ramón Cota López, jefe del Departamento de Contabilidad y presupuestos del IPEBC.
Esto ocurre al mismo tiempo que, desde el 2021, después de la pandemia por coronavirus a nivel mundial, se registró un incremento de pacientes atendidos por el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) al año, al pasar de 2 mil 380 a 9 mil, explicó el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del IPEBC.
Incluso, estos padecimientos están superando enfermedades cardiovasculares, diabetes y VIH Sida, entre otras, aseguró el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, director del Hospital de Salud Mental en Tijuana.
Esta problemática se refleja también en la atención de pacientes con problemas de adicción.
En noviembre de 2019 el gobierno de Jaime Bonilla creó el Instituto Contra las Adicciones de Baja California (ICABC), pero con tan solo dos únicos ejercicios presupuestales (2020-2021) la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) reprobó sus cuentas públicas, ya que no presentó resultados y mostraba irregularidades.
En 2022 el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda decidió desaparecer el instituto y retornó la atención de las adicciones al IPEBC.Con esta eliminación el presupuesto del Instituto de Psiquiatría aumentó a 253.7 millones de pesos en 2022 y en 2023 se elevó a 327.5 millones de pesos, pero los subejercicios del presupuesto autorizado para salud mental fueron una constante.
Tan solo en 2022 el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California retornó a las arcas estatales 41.7 millones de pesos no ejercidos, lo que representó el 16.4% del presupuesto que le fue destinado ese año para la atención de Salud Mental y al cierre de 2023 no se habían ejercido 46.6 millones de pesos, de los 327.5 millones de pesos presupuestados para este año fiscal.
Sistema fragmentado
El retorno de recursos destinados a la partida para atender el tema de salud mental es una constante de las instituciones a cargo de la atención de trastornos mentales y adicciones en todos los estados de la República, esto a pesar del poco presupuesto que se dispone para este fin, aseguró el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.
“El dinero se regresa y la Secretaría de Hacienda lo toma para otras cosas, esa es la gravedad del tema, que el recurso no se utilizó para lo que fue aprobado y se deja a la población sin medicamentos”, dijo Ramírez Barba.
Para el legislador, estos subejercicios son una consecuencia de la entrega tardía de los recursos canalizados por la federación para atender la salud mental y las adicciones.
Tan solo en 2023 el Insabi firmó convenios correspondientes todavía a 2022 con algunos estados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una inversión mínima del 5% del presupuesto total de salud en los países de ingresos bajos, para la salud mental. En 2023, México destinó apenas el 1.6% del presupuesto total de salud para la población sin seguridad social a este rubro.
Esto solo demuestra que México enfrenta “un sistema de salud fragmentado, sin recursos e incapaz de atender la salud mental y las adicciones”, dijo el diputado federal.
Y, a pesar de que el 29 de mayo de 2023 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, Ramírez Barba consideró complicado su funcionamiento, ya que en 2024 el presupuesto destinado para la salud mental bajo a a 1.3% del presupuesto total de salud para la población sin seguridad social, porcentaje similar al que se destinó a este rubro en 2016.
Retroceso del Estado en atención a salud mental
Desde 2018, con la desaparición del Seguro Popular, los pacientes de salud mental perdieron el acceso que tenían a medicamentos a través de este sistema.
Su extinción generó un déficit financiero y afectó la operación del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, ya que este programa representa su principal fuente de financiamiento, asentó esta dependencia en la respuesta que dio a la observación de la Auditoría Superior del Estado respecto a las irregularidades detectadas en la cuenta pública 2020 del (IPEBC)
Ahora, con la transición del sistema de salud estatal al IMSS-Bienestar, oficializado en Baja California en agosto de 2023, el estado y la Secretaría de Salud ya no van a tener recursos propios para destinarlos a salud mental, lo que significa un retroceso más, dijo el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
Aunque las autoridades federales aseguran que el cambio al IMSS-Bienestar permitirá contar con más personal de salud, equipamiento y abasto de medicamentos, lo cierto es que, tanto el sistema estatal como el federal, enfrentan limitaciones en la atención a la salud mental, principalmente en el suministro de fármacos, aseguró René Valenzuela.
Rubí, de 39 años, lleva dos meses con crisis severas de depresión después de ser testigo del asesinato de un hombre en Tijuana, justo afuera de su trabajo, y de vivir la fuerza del huracán Otis cuando se encontraba en Acapulco, Guerrero. Desde los primeros síntomas acudió a consulta a la clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero el médico que la atendió le diagnosticó solo por su aspecto físico. “Yo te miro bien, no creo que necesites estudios”, recordó Rubí que le dijo.
La ansiedad, insomnio y depresión son trastornos que la invaden con frecuencia y empiezan a afectar su rendimiento laboral. Y, aunque siente la necesidad de tomar medicamento e ir con un psiquiatra, es un lujo que no puede darse.
Y sin los recursos propios suficientes, el propio IMSS decide referir pacientes a instituciones como el Hospital de Salud Mental de Tijuana y el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. Pero no todos los derechohabientes que requieren atención psiquiátrica logran que se les subrogue ese servicio.
Si esta situación continúa, la tarea de atender los casos de salud mental y adicciones recaerá principalmente en asociaciones civiles y Organismos No Gubernamentales (ONG´s) a los cuales el estado también les canceló el apoyo, como el Hospital de Salud Mental de Tijuana, asociación civil que otorga mil 200 consultas mensuales, expuso José Guadalupe Bustamante Moreno, director de este nosocomio.
Aumentan trastornos mentales en menores
El incremento en los casos de salud mental en época post pandemia se registró principalmente en la infancia y la adolescencia, sector que ocupa el 40 por ciento de esta estadística, informó el doctor Víctor Salvador Rico Hernández, director médico del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC).
Los trastornos en menores de edad van desde crisis de ansiedad, conductas autolesivas como es el cutting, hasta el suicidio.
De acuerdo a la estadística de Inegi, Baja California registró en 2020 cinco casos de suicidio en menores de edad de 10 a 17 años, mientras que en 2021 y 2022 se registraron ocho y siete casos, respectivamente.
La mayoría de los casos corresponden a patologías que ameritan tratamiento continuado, pero el sector público carece de estos, por lo que los pacientes son referidos, principalmente al Hospital de Salud Mental de Tijuana, institución privada que actualmente ya atiende a 24 menores de edad, 20 por intentos de suicidio, explicó el doctor José Guadalupe Bustamante Moreno, director médico de la institución.
Todos los menores canalizados a este hospital provienen de instituciones públicas como el sistema DIF de Baja California, IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali), de acuerdo con las cifras de la institución.
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