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Ciudad de México.– Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha prendido las alertas de las autoridades federales. La Fiscalía General de la República (FGR) dejó ver que irá por el exgobernador de Tamaulipas —a quien se le acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal— al pedir una alerta migratoria para evitar que se fugue, como lo solicitó desde días pasados el propio Gobernador Américo Villarreal Anaya.
“Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”, escribió la tarde de ayer el exgobernador, quien hasta hace unas semanas era uno de los aspirantes “fuertes” del panismo para la Presidencia
El paradero de Cabeza de Vaca no está claro. El exmandatario panista dejó el poder el pasado viernes 30 de septiembre, pero no acudió un día después a la toma de protesta del morenista Américo Villarreal, de quien se negó a reconocer el triunfo.
En Tamaulipas, se sabe que desde que el Partido Acción Nacional (PAN) perdió el estado él sacó a su familia de la entidad y dejó prácticamente la Casa de Gobierno vacía semanas antes de dejar la gubernatura. Él cuenta también con nacionalidad estadounidense, país en el que además tiene propiedades en la mira de las autoridades.
“No asistí a la toma de protesta del nuevo Gobernador porque no fui convocado. Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas”, escribió el lunes García Cabeza de Vaca, quien desde el sábado se sumó a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato. Su caso es aún más especial, ya que se convirtió en el primer Gobernador en funciones al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el periodo de transición, el Gobernador entrante Américo Villarreal pidió atención especial a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, para evitar que Cabeza de Vaca se fugara una vez que concluyera su cargo.
“Estamos esperando que se dé a través de la Fiscalía para que de acuerdo a como se llevaron los trámites y las decisiones que tuvo el Supremo Tribunal de Justicia en relación del mantenimiento de su fuero, se pueda volver a emitir la orden de aprehensión por la Fiscalía Federal para que responda a todo lo que en su momento se tuvieron de antecedentes y justificación para emitir estas órdenes”, comentó el pasado 21 de septiembre en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire
Eso ocurrió ayer. Un Juez federal concedió de nueva cuenta una orden de arresto en contra del exgobernador por el delito de delincuencia organizada, el cual amerita prisión preventiva de oficio. La orden de detención llevó a que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitiera una alerta migratoria para evitar la posible huída del panista.
UN CÚMULO DE ACUSACIONES
El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, lo ligan con el crimen organizado.
Durante el juicio de procedencia que se llevó a cabo el 30 de abril del 2021 en la Cámara de Diputados federal, la Fiscalía exhibió que entre las investigaciones que se realizaron a Cabeza de Vaca se encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos, en total 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares.
Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces Gobernador, sin embargo, la Legislatura de Tamaulipas, integrada en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez, misma que acabó el sábado 1 de octubre.
Las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca son bastas. El 19 de marzo de 2021, por ejemplo, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF y quien meses después se integraría al equipo de Américo Villarreal, denunció que el panista compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.
De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integraron dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia.
La UIF detectó dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios. Informó de igual forma que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la indagatoria, durante la trayectoria política del exgobernador tamaulipeco, sus hermanos habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.
Tanto Cabeza de Vaca —quien en su gestión fue arropado por un grupo de panistas vinculados al expresidente Felipe Calderón y liderados por Roberto Gil Zuarth— como el PAN han insistido que todo se trata de una persecución política, no obstante la investigación en su contra seguirá su curso.
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