Redacción El Coahuilense
Por Christian Luna
Saltillo, Coah.- El 27 de mayo de 2015 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción. Con base en ellas se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como un mecanismo de coordinación entre diferentes instituciones para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Sin embargo, desde su creación en Coahuila, no ha funcionado para impartir justicia.
El decreto estableció que los estados tienen la obligación de instaurar sistemas locales anticorrupción, por lo cual Coahuila implementó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y creó la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), este último, durante 2017.
Dicho Sistema también está integrado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SFIRC), Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) y el Consejo de Participación Ciudadana.
El TJA, actualmente dirigido por el magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Hernández, tiene la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en estos actos; además, puede fincar el pago de indemnizaciones y sanciones por los daños a la hacienda pública del estado, los municipios y los entes públicos.
Uno de los procesos usuales que implican sanciones por parte del TJA es el que deriva de los informes que le remite la ASE, dirigido por el auditor Manuel Rodríguez Briones, después de que ésta inicia y sustancia un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves.
El Coahuilense preguntó tanto al TJA como a la ASE sobre cuántas faltas administrativas graves se encuentran en proceso de resolución por parte del Tribunal.
La ASE corroboró la información explícita en su Informe de Seguimiento a los Resultados del Primer Semestre de 2023, en donde especifica que la Auditoría aún se encuentra integrando los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, a ocho años de haberse creado el TJA.
Este documento indica que la Dirección de Investigación de la ASE continúa en la etapa de integración de los informes sobre las irregularidades advertidas en las cuentas públicas de los ejercicios 2017 a 2021, para después enviarlos al Tribunal.
Al preguntarle a la ASE sobre cuántos informes está integrando, no otorgó el dato específico.
Por su parte, el TJA se limitó a indicar que le correspondía a la ASE señalar el motivo por el cual no han llegado los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa para comenzar con los procesos de resolución.
Entre las faltas administrativas graves que el Tribunal debería sancionar, expuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentran delitos como el cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia y las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidos en la
Ley Federal de Austeridad Republicana.
Rodríguez Briones dirige la ASE desde el 1 de septiembre de 2022. Previamente fue subsecretario de Egresos de Torreón, de donde es oriundo. También se desempeñó como auditor especial de Planeación e Información de la ASE. Y de octubre de 2006 a junio 2009 fue director general de Impuestos en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Coahuila.
Por su parte, Sotomayor Hernández asumió el cargo de magistrado presidente del TJA el 7 de septiembre de 2022, siete días después de que Briones asumiera su cargo al frente de la ASE. Antes fungió como magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. Además fue subsecretario de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Torreón.
Ambos funcionarios asumieron sus cargos un año antes de que terminara la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila.
A punto de prescribir
Aunque ninguna de las dos instancias públicas señaló cuántos informes con delitos graves se encuentran en proceso de integración, algunos de éstos están a punto de prescribir.
Se trata de las faltas administrativas graves detectadas durante 2017 y 2018. El artículo 74 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que cuando se trata de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
Lo anterior revela que en este 2024 la responsabilidad por delitos administrativos cometidos durante 2017 podría quedar extinta. Lo mismo sucede con las faltas administrativas de 2018: prescribirán si la ASE no envía los informes al Tribunal a más tardar en 2025.
El TJA reportó los resultados correspondientes a 2023 que no incluyen los informes de la ASE. Se trata de mil 949 escritos integrados por 168 demandas iniciales, 12 procedimientos de responsabilidad administrativa, 29 recursos de reclamación, mil 266 promociones, 54 recursos de apelación, 41 amparos directos, ocho amparos indirectos y 371 escritos de trámite de otra naturaleza en los asuntos del conocimiento de este órgano jurisdiccional.
La mayoría de las denuncias fueron interpuestas por ciudadanos por alguna controversia suscitada con los funcionarios del estado de Coahuila, o fueron canalizadas por otras instancias judiciales.
La instauración del TJA ha costado al erario de Coahuila 387 millones 151 mil 934 pesos de 2018 a 2024, de acuerdo con lo publicado en los presupuestos de egresos de esos años.
Durante 2017 no aparece presupuestado el Tribunal ya que fue el año en que se instauró como orden del entonces gobernador Rubén Moreira debido a las modificaciones en la Constitución Mexicana que obligan a las entidades a tener un sistema anticorrupción.
La instancia ha recibido para su funcionamiento entre 52 y 55 millones de pesos anuales para dar resolución a los conflictos que involucran a instituciones públicas de Coahuila. En 2018 el Tribunal recibió el presupuesto más alto: 65.7 millones de pesos.
El 70% del presupuesto del TJA se destina al pago de nómina.
No es la primera ocasión que uno de los órganos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción evidencia la falta de resultados. El Coahuilense Noticias publicó que desde su instauración en 2017, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción –dirigida por Jesús Homero Flores Mier– ha recibido 382 denuncias, de las cuales 296 investigaciones siguen abiertas y 169 están a punto de prescribir.
Dichas denuncias fueron interpuestas a servidores públicos y suman más de 10 mil millones de pesos en irregularidades, en menos de 10 años.
Flores Mier fue uno de los 63 beneficiarios de un fiat notarial antes de terminar 2023, por parte del Congreso de Coahuila. Este fiat lo recibió a pesar de estar en funciones como fiscal anticorrupción, lo que podría generar un conflicto de intereses.
TE PUEDE INTERESAR:
