Redacción El Coahuilense
Por Kristel Reyes Amaya
Saltillo, Coah.- María es una señora de la tercera edad que desde hace un año espera tratamiento médico tras ser operada de los ojos. En los últimos cuatro meses acudía cada semana al módulo de atención “Unifila citas familiares” de su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Intentaba sacar una cita con el médico que la operó. Sin embargo, la agenda de éste se encontraba saturada de octubre de 2023 a febrero de 2024. Como además se atravesaron las vacaciones de diciembre, le dijeron que “se tenía que esperar”.
María regresó a la clínica en marzo a agendar cita y el médico familiar le sugirió que se realizara estudios de laboratorio para que la pudieran agendar con el especialista que ella buscaba. El 7 de marzo último se presentó ante la recepcionista para entregarle los resultados de sus análisis. A ella le parecía importante mencionarle que prefería que el doctor que la operó le diera seguimiento a su caso. Pero la recepcionista le dijo: “Aquí no estamos para complacerlos”.
Luego de ser operada en el Hospital 2 del IMSS en Saltillo, a María le recetaron una pomada especial. Le informaron que le sería proporcionada en la clínica a la que pertenece. Sin embargo, en cuatro meses sólo una vez la consiguió. Debió surtir la receta en farmacias privadas a un costo elevado. “Me dan un frasquito chiquito que cuesta 600 pesos y me dura menos de un mes”, lamenta.
Como María, los derechohabientes del IMSS en Coahuila sufren un viacrucis cotidiano. Ello, pese a que la entidad es una de las que más aporta a este sistema de seguridad social en virtud de contar con 80% de formalidad laboral.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 del Inegi, el estado tiene tres millones 146 mil 771 habitantes, de los cuales dos millones 540 mil son derechohabientes de algún sistema de salud pública, principalmente del IMSS, que registraba en ese año dos millones 85 mil personas, lo que representa más de dos tercios de la población total.
Esto quiere decir que Coahuila es, en relación con su población, uno de los estados con mayor cantidad de empresas y trabajadores formales que aportan cuotas al IMSS. Sin embargo, este instituto no retribuye a la entidad lo que le corresponde para poder atender a la cantidad de derechohabientes que, como María, enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, conseguir una cita con un especialista o, peor aún, atender una emergencia en los desbordados servicios de urgencias de un hospital.
Por otra parte, más de medio millón de coahuilenses carece de servicio médico, según se desprende del indicador del Inegi “Población con afiliación a servicios de salud por entidad federativa según institución”, correspondiente a 2020.
Desbordados… y sin recursos
Esthela tiene 40 años. Llevaba siete meses de no acudir a una consulta médica. Cambió de empleo y, por tanto, el servicio de su seguro también cambió. En la mañana del 11 de marzo último acudió a la clínica No. 2 del IMSS a un chequeo de rutina. Se supone que éste debería ser cada mes, pero las agendas de los doctores están saturadas. Sólo hay citas para después de dos meses.
Mientras Esthela narra a esta reportera las dificultades para obtener una cita mensual, del consultorio sale un paciente enojado que casi a gritos exclama: “Los de aquí no pueden hacer nada, pues es el gobierno quien no facilita el medicamento”.
Al entrar a consulta la atención que los doctores brindan a cada paciente es muy rápida. No practican una auscultación a fondo ni realizan un análisis exhaustivo de los síntomas. Deben atender a la mayor parte de las personas en menor tiempo posible.
A diferencia de María, Esthela no requiere un especialista. Sin embargo, ambas tienen en común el tipo de atención que reciben: tiempos demasiados prolongados entre una cita y otra; largas estadías en salas de espera saturadas; filas enormes y lentas para cualquier trámite; falta de medicamentos, de insumos de enfermería y de material quirúrgico.
En los hechos, los casos de María y Esthela se replican y, en muchos casos, los pacientes terminan por acudir a un servicio privado.
De acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, 30 mil coahuilenses reciben atención médica en clínicas y hospitales privados al tiempo que otros 85 mil preferirían ser atendidos en estos lugares, en vez de acudir a instituciones del sector público.
El IMSS, como se indicó anteriormente, atiende a dos millones 85 mil personas, en tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que enfrenta problemas similares, tiene 193 mil 655 derechohabientes.
En 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hoy extinto, brindaba atención médica a 181 mil personas y apenas 12 mil 298 pacientes eran atendidos por el IMSS-Bienestar.
Con las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sistema de salud ha colapsado. Todo empezó con la extinción del Seguro Popular para ser sustituido por el Insabi. La consecuencia fue que, al cuarto año de gobierno, en 2022 la población en México y concretamente en Coahuila se quedó sin Seguro Popular y luego sin Insabi.
Con un IMSS desbordado y sin recursos económicos, materiales y humanos suficientes, el gobierno federal plantea que los beneficiarios del Insabi ahora lo sean del IMSS-Bienestar. Para Coahuila eso significa que este último organismo no sólo debe atender a sus 12 mil afiliados, sino también a 181 mil personas más.
“Salud Popular”
La discusión no es nueva. Al menos en las últimas dos décadas el deterioro de los servicios de salud pública se ha patentado en la experiencia de los ciudadanos y en numerosos registros periodísticos. Sin embargo, fue con el actual gobierno de López Obrador que este tema se instaló en el debate político.
Durante los primeros tres años de gobierno de la 4T, el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se convirtió en un férreo opositor a la extinción del Seguro Popular y a la creación del Insabi.
El tema fue llevado al extremo de la discusión en el contexto de la pandemia por covid-19, cuando los gobernadores de oposición crearon la llamada Alianza Federalista de Gobernadores, una instancia de discusión que se acabó cuando la mayoría de sus integrantes concluyeron sus gestiones y en muchos casos fueron reemplazados por gobernadores surgidos de Morena.
Riquelme se mantuvo en su negativa de federalizar los servicios de salud; esto es, en entregar al gobierno federal los hospitales y servicios con inversión y presupuesto estatal. Con el tiempo, el Insabi fracasó, pero la idea de dejar en manos federales el sistema de salud se mantiene con el IMSS-Bienestar.
Hasta noviembre pasado, Coahuila continuaba fuera del programa de federalización de la salud al que se han suscrito los gobernadores emanados de Morena, sin que ello suponga un cambio sustancial y, de hecho, los datos expuestos por el anterior secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal, apuntaban a que los gobiernos que federalizaron su sistema de salud siguen con desabasto, falta de personal y nosocomios desbordados.
Conforme a los datos del Inegi ya citados, Coahuila tiene medio millón de personas sin servicio de salud mientras que las casi 200 mil que gozaban de Seguro Popular están ahora en el limbo. Se trata de unas 700 mil personas sin servicio de salud. La respuesta del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido implementar un programa similar al Seguro Popular que lleva por nombre Salud Popular.
El pasado 12 de marzo, Jiménez Salinas anunció una primera inversión por 270 millones de pesos para ofrecer “servicios de salud integrales y con instalaciones dignas para una mejor atención y servicio a todos los pacientes”.
Entre los objetivos de ese programa, destaca que, por medio de la atención oportuna y precisa en primer nivel, se tratará de controlar a tiempo posibles enfermedades, lo que a su vez disminuirá la ocupación hospitalaria.
El programa tiene cinco componentes: tarjeta de Salud Popular, rehabilitación de infraestructura hospitalaria, rehabilitación de los 133 centros de salud; servicio de telemedicina y caravanas de salud.
De acuerdo con el gobierno estatal, el objetivo es que las personas mayores de 70 años o con discapacidad y que no cuenten con seguridad social tengan acceso a centros de salud, medicamentos para sus enfermedades crónicas, estudios de laboratorio y consultas de especialidad a través de la telemedicina, así como atención hospitalaria con estudios y procedimientos sin costo.
Además, tendrán consulta general, estudios de laboratorio (como biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina o antígeno prostático); consulta de especialidad a través de telemedicina; atención hospitalaria inclusive para consultas de especialidad, cirugías y estudios de diagnóstico, con medicamentos de uso hospitalario y seguimiento telefónico.
El proyecto incluye remozamiento de instalaciones, así como adquisición de equipo.
El programa está enfocado a la población sin seguridad social; es decir, las 700 mil personas sin servicio garantizado.
A estas alturas del sexenio lopezobradorista el sistema de salud quedó muy lejos de parecerse mínimamente “al de Dinamarca”, tal como lo prometió el presidente López Obrador. Con el cambio de gobierno, María, Esthela y los más de dos millones de derechohabientes del IMSS en Coahuila deberán esperar la reorganización de este sector.
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