El acertijo Gálvez

abril 5, 2024
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Xóchitl Gálvez y sus hijos.
Fotografúa: Especial

Ciudad de México.- En los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compraventa de propiedades de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial de la derecha, hay una inconsistencia sobre su estado civil, un detalle que forma parte de una cadena de irregularidades.

El 18 de enero de 2002, Xóchitl Gálvez compró un departamento ubicado en Monte Kamerún, ubicado en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. En sus datos como compradora indicó que era “casada y funcionaria pública”. Para 2021, salió el Aviso Preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la casa de Sierra Santa Rosa —conocida luego como “la casa roja” — y para el 21 de mayo de 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar “soltera”. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca.

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Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD, es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas: Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI). De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en “sociedad de convivencia”, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse.

Pero los documentos oficiales dan más detalles. Xóchitl Gálvez contrajo matrimonio el 8 de agosto de 1987 con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años. Ella tenía 24. En la biografía, Xóchitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella “comenzó a compartir su vida con un hombre” y que ese hombre era Rubén Sánchez.

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En otra biografía, Xingona, una mexicana contra el autoritarismo, de Ivonne Melgar —publicado después del libro de Lindero—, cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y hubo una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio: “conozco al papá de mi hija, me caso con él y pues él se va cuando estoy con seis meses de embarazo y me quedo sola”. Después relata que, años después, el hombre intentó acercarse a ambas pero que para ella “no existe” y cree “que para Diana existe poco”.

Sin embargo, el relato esconde inconsistencias. Diana Vega Gálvez nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres: Vega Chacón y Gálvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el Registro Civil de Tepatepec, Hidalgo.

Pero esa acta no es la única. En un Registro Civil del entonces Distrito Federal, 100 días después, fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; él de 29 años y ella de 25.

Cada registro de Diana emitió su respectiva Clave Única de Registro de Población (CURP) y de acuerdo con los documentos en poder de SinEmbargo, para abril de 2024, ninguno de los registros públicos, el de Hidalgo y Ciudad de México, tiene constancia de cancelación sino que ambas son vigentes y en consecuencia, la hija de Gálvez, durante este tiempo, ha podido utilizar cualquiera de las dos.

Aunado a eso, sobre los datos que brindó Xóchitl en la historia con sus exparejas hay información que la contradice. De su esposo Luis Ernesto Vega Chacón, del que contó que se fue mientras estaba embarazada, hay registros de prensa de él dando declaraciones en 2002 como Director de Operaciones en el Instituto Nacional Indigenista (INI), del que Gálvez era directora en el Gobierno de Vicente Fox. El 21 de mayo de 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xóchitl, cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo y que ella tuvo que hablarlo con su pareja, Rubén Sánchez, ya que incluso fue testigo presencial.

Y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente, quien registró por segunda vez a Diana. De acuerdo con el Registro de Servidores Públicos, él entró a trabajar en 2002 como “Coordinador de Presidencia de la República”; un año después fue nombrado “Director General Adjunto”, los dos cargos durante la presidencia de Fox.

Para septiembre entró a trabajar con Xóchitl al INI, como coordinador. Se quedó ahí hasta 2007, cinco meses más que ella.

Pero no fue el único espacio laboral compartido, ya que de acuerdo con el Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía., llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de High Tech Services S.A. de C.V., la otra empresa de Xóchitl. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre de 2012.

Años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa.

LOS HIJOS A LAS EMPRESAS Y A LA CAMPAÑA

 El 5 de diciembre de 2023, Xóchitl Gálvez presentó a su principal equipo de campaña en el que estuvieron incluidos sus dos hijos: Diana Vega Gálvez y Juan Pablo Sánchez Gálvez.

“Hoy presento a este gran equipo de mexicanas y mexicanos experimentados que tienen una misión clara, hacer una campaña ganadora para llevar a México nuestro mensaje, haremos de México un país de clase media fuerte, de clase media xingona”, dijo.

Anunció que Diana sería la encargada de coordinar a los “Xochilovers”, como llama a quienes la apoyan. Juan Pablo fue el coordinador de jóvenes, cargo al que renunció el pasado 3 de abril.

Esos nombramientos generaron críticas y Gálvez los defendió asegurando que no tendrían un salario, que no estarían en el gobierno en caso de que ella ganara, ya que “ellos trabajan, tienen actividades empresariales”.

En el caso de Diana, no es la primera vez que se suma a los equipos de su mamá. De acuerdo con la información de su equipo de campaña, para 1998, Xóchitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70 por ciento en su empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), de donde además era Administradora Única de la sociedad. Pero que en 2010, la Sociedad aceptó su renuncia a dicho cargo y se designó a Diana Vega como Administradora Única, por lo que en 2011, Xóchitl le donó el 100 por ciento de sus acciones a Diana.

Esa versión se contradijo, otra vez, con documentos oficiales.

SinEmbargo publicó en enero de este 2024 que en el Registro Público hay dos documentos referentes a OMEI: el primero data del 6 de mayo de 1998 cuando se constituye con 140 acciones para Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y 60 para Rubén Sánchez Manzo, su esposo. Ella quedó como apoderada y él como operador.

El segundo documento, consultado a finales de 2023, tiene fecha del 14 de octubre de 2014, es decir, de tres años después de que Diana Vega Gálvez, según la candidata, tomó poder de la empresa.

En éste no figura el nombre de Diana Vega. Se trata de la constancia de una asamblea general ordinaria y se enlista a los funcionarios y/o apoderados. En primer lugar está Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz como apoderada con facultades de poder general para pleitos y cobranzas, actos de dominio y de administración.

OMEI es una empresa que de 2015 a 2023 ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406 millones 896 mil 535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración.

Diana no solo está relacionada con OMEI sino también con High Tech Services, la otra empresa de Gálvez y de la que Diana es representante legal y que también salió implicada en el caso de la “casa roja”.

En 2021, Gálvez compró en 9 millones 768 mil pesos una de las cinco casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma Suinaga de Alonso, pese a que el precio de venta ese mismo año era de 15.5 millones de pesos, según la publicidad difundida por Guadalupe Alonso Norma, hija de la vendedora y socia de la empresa Slot Studio, que diseñó el proyecto.

La otra hija de la vendedora, María del Pilar Alonso Norma, refiere en su perfil de Linkedin que trabajó como “asistente de administración” en High Tech Services, de junio de 2007 a junio de 2008.

Esta empresa, de 2015 a 2023, tuvo ingresos por mil 65 millones 286 mil 968 pesos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto le dio entre 2025 y 2018 un total de 18 millones 795 mil 536 pesos; del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que de 2015 a 2019 le dio 9 millones 209 mil 801 pesos; en este último año el Consejo de la Judicatura Federal le dio 85 mil 867 pesos y un año después Banobras 73 mil 250 pesos.

SinEmbargo

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