Ana Castañuela
Por Ana Castañuela y Arturo Rodríguez
Desde hace seis años Julia, una mujer soltera de 50 años, vive con el miedo y la frustración de un día regresar a la casa que ha habitado durante más de cuatro décadas y encontrar sólo escombros.
La llegada de los hermanos Juan y Pablo Salas a la presidencia municipal de General Cepeda en 2017 “se convirtió en su sufrimiento” con la implementación de la campaña de regulación de viviendas en el municipio, que supuestamente tenía el fin de asegurar el hogar de los pobladores.
Localizado en el sureste de Coahuila, General Cepeda es un municipio de vocación agrícola. De sus 12 mil habitantes, menos de cinco mil viven en la cabecera municipal. Semidesértico, pero con algunos oasis que hacen propicia la agricultura, el caserío de la cabecera se ha vuelto atractivo con sus idílicas acequias y arbolados.
Desde el año pasado, cuando obtuvo la declaratoria de “Pueblo Mágico”, más inversionistas inmobiliarios han vuelto sus ojos a esta localidad. Se ha convertido en una segunda opción para quienes desean una casa de descanso y no la encuentran en el saturado y costoso municipio vecino de Parras de la Fuente.
Pero la voracidad inmobiliaria empezó antes y para Julia fue en 2018 cuando supuestos trabajadores del gobierno municipal de General Cepeda tocaron la puerta de su casa, un pequeño inmueble ubicado en la zona centro del pueblo, y le pidieron deshabitar su hogar bajo la excusa de que su residencia estaba en situación irregular.
Pese a que a Julia le ofrecieron 20 mil pesos e incluso otro terreno a cambio de irse de su hogar, se negó a desalojarlo pues es el patrimonio de ella y de su hijo.
Julia dice que habita ahí desde hace 12 años. Asegura que anteriormente ni ella ni su familia habían tenido problemas por las escrituras de su hogar porque las personas del pueblo no acostumbran tener éstas; sin embargo, sí cuenta con un comprobante de la compraventa de la vivienda de hace 40 años.
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A partir de que se negó a desalojar su casa, las amenazas y el hostigamiento constantes comenzaron. De manera regular le cortaban los servicios de luz y agua, no le permitían pagar el predial, y los mismos trabajadores iban a su hogar para decirle que “saliera de su casa porque la iban a demoler”.
Las molestias y el acoso persistieron de la misma manera hasta 2022, cuando el hijo de Julia, Alberto, fue señalado mediante un presunto falso testimonio de Noé Salas, hermano del actual alcalde de General Cepeda, Pablo Salas, y el exalcalde Juan Salas, de “haber robado la casa” en la que habita Julia.
Según la declaración de Noé, él fue a Saltillo a hacer un mandado y cuando regresó a su residencia en General Cepeda la encontró habitada por Alberto, a quien acusa de haber cambiado las chapas y adueñarse del inmueble.
“Según Noé dijo que les robamos su casa, cosa que no es cierta porque mi hijo en ese momento estaba anexado por problema con las drogas, además el pueblo de General Cepeda sabe que llevamos viviendo aquí todo el tiempo, y que nunca robamos nada”, explica Julia.
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La testigo era Saura Peña Nieto, esposa de Noé Salas, quien asegura haber residido en la casa de Julia, y su abogado es Oscar Reyna, excolaborador de Juan Salas.
Por ello, en agosto de 2022 Alberto fue citado a declarar ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en General Cepeda y comenzó un proceso penal.
“Los jueces se vendieron (…) Cada que había audiencia en Saltillo, íbamos pero no se daba, y ellos decían que nunca nos presentamos”, comparte Julia.
El hijo de Julia no fue el único imputado por haber robado una propiedad de Noé Salas, pues un vecino también fue acusado y juzgado bajo la misma versión de los hechos.
Hasta hace dos meses el proceso legal y el hostigamiento continuaban, sin embargo, “se calmaron” por el comienzo de las elecciones municipales, en las que Pablo Salas busca reelegirse como alcalde de General Cepeda.
Julia no es la única que ha pasado por esta situación, pues comparte que por lo menos cuatro vecinos más se han visto obligados a abandonar las casas en las que han residido por años debido a su irregularidad.
EL MODUS OPERANDI
En General Cepeda no es ningún secreto que los Salas Aguirre se han dedicado los últimos años a detectar casas abandonadas o terrenos sin dueño para apoderarse de ellos.
Mireya Sosa Carrillo es una ama de casa que ha tenido que soportar varias embestidas que desde el poder municipal ha emprendido Juan Salas para hacerla abandonar su vivienda, ubicada en la calle Viesca 107 de la zona centro.
“Son unos ratas; toda la familia son unos ladrones y corruptos, todos en el pueblo sabemos que se han adueñado de casas, eso quieren hacer con la nuestra, pero no nos vamos a dejar”, dice Mireya.
Los testimonios se acumulan y cada entrevistado señala de manera muy precisa cada uno de los terrenos y casas de los que pretende hacerse el alcalde; cuando menos son cinco plenamente ubicados: dos en la calle General Cepeda, dos más en la calle Juárez y uno más en la calle Viesca, todas en la zona centro.
“Le hacen como los ratones, ven solas las casas y ya quieren meterse, falsificar papeles y quedarse con ellas, así le hicieron con la casa donde vive ahora su mamá, así la consiguieron”, señala un vecino de General Cepeda quien, como muchos de los testimonios, pide mantener el anonimato por el temor a la capacidad de violencia de los hermanos Salas.
La manera de operar es la siguiente: un gran número de casas o terrenos abandonados, cuyos propietarios o posesionarios tienen diversas situaciones no resueltas de manera legal (intestados, cadenas de compra venta no escrituradas, tratos a la palabra, entre otros propios de las zonas rurales), son identificados y comienza la operación orquestada desde la Presidencia Municipal.
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Los operadores de Juan Salas detectan a las familias más vulnerables por la situación jurídica de su vivienda; con la información y ubicación del inmueble inician una campaña de acoso, intimidación y amenazas, como es el caso de Mireya Sosa.
Aunque en sus redes sociales se publicita como un promotor el bien común, Juan Salas mantiene, desde diciembre de 2019, a la familia de Mireya Sosa Carrillo sin servicio de agua potable.
“Cuando nos cortaron el agua –narra Mireya Sosa– vino una supuesta dueña de esta casa. Según ella traía escrituras, pero nunca las mostró. Dio de baja el contrato del agua que estaba a nombre de mi mamá, y desde ese día nos cortaron el agua.
“Nos dijeron que si queríamos que nos reconectaran teníamos que llevar la escritura de la casa, y además tendríamos que pagar 19 mil pesos de multas y reconexión”.
“Aquí crecí, todos los recuerdos que tengo son en esta casa, y ahora nos quieren sacar”, expone con tristeza Mireya Sosa, quien lleva 52 meses sin agua.
El común denominador es que los representantes de los Salas exigen escrituras para presionar a las familias. Luego les cierran conexiones de agua potable de uso doméstico, cortan el suministro de energía eléctrica, ostentan escrituras apócrifas, judicializan a familiares vulnerables como en el caso de Julia, todo, para arrebatarles a cualquier costo sus viviendas.
“No al abuso de poder. Fuera Salas”
La casa de adobe de la esquina de las calles Juárez y Zaragoza de la zona centro de General Cepeda es, en sí misma, una declaratoria, una queja y la manifestación pública en respuesta a las presiones desde la Presidencia Municipal: en una de las esquinas del inmueble una pinta escrita en rojo y negro y letras grandes señala: “Fuera Salas”, mientras que en otra de las paredes se lee la inscripción: “No al abuso de Poder”.
La casa es de María Isabel Hernández Rivera, quien al ser cuestionada repite la fórmula como si fuera un manual: un supuesto dueño llega, muestra escrituras de la casa y le cambian los nombres a los recibos, en este caso del servicio de energía eléctrica.
“Le cambiaron el nombre al recibo de la luz, fuimos a reclamar y nos dijeron eso, que se había presentado según una dueña, pero pues nunca nos la enseñaron, ni los papeles, ni nada”, expresa Hernández Rivera.
De un tiempo para acá, refieren los vecinos de General Cepeda, el hambre de tierra de los Salas, los hermanos Juan y Noé, ha ido en aumento. Han adquirido mediante tretas legaloides y amedrentamiento hacia los propietarios, terrenos en ejidos como Tejocote, San Antonio de las Cabras, ejido General Cepeda; predio Las Higueritas, predio la Estacada y predio La Trinidad.
Todos estos terrenos, a decir de los vecinos de General Cepeda, comparten la particularidad de tener agua. Cada uno de ellos alimenta el acuífero General Cepeda-Sauceda, perteneciente al Organismo de Cuenca VII “Cuencas Centrales del Norte”.
“Por eso andan como desesperados, porque luego de hacerse de los terrenos les venden el agua a gente de Chihuahua, de Nuevo León, no les importa dejar sin agua a la gente del pueblo”, señala un vecino afectado.
A LA CAZA DE LOS VULNERABLES
Desde que Juan Salas tomó protesta como alcalde de General Cepeda, en 2017, dio inició a un programa para la Regularización de la Propiedad Urbana en conjunto con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, con el fin de regular diversas viviendas que no tenían escrituras por cadenas de compraventa, intestados, tratos de palabra, entre otros.
En principio, la propuesta parecía beneficiar a los ciudadanos, pues prometía corregir las irregularidades y darles un patrimonio seguro. Sin embargo, terminó en el despojo de sus propiedades.
José Luis García Valero, activista y quien forma parte del Colectivo Sí a la Vida de General Cepeda afirma que la falta de tradición del pueblo relativa al cuidado de los papeles, escrituras, traslados de dominio y herencias “generaron un batidero de propiedades vulnerables en el municipio”.
“En esta cultura se hicieron un montón de tratos de palabra: tú arregla la casa, está casi en ruinas, arréglale el techo, las paredes, ponle el agua potable y la ocupas (…) las familias no iban a gastar un dinero que no tienen para tener un papel que no les cambiaba la vida en nada”, explica García Valero.
Juan Salas les prometió a los ciudadanos regular la propiedad inmobiliaria y les solicitó entregar los papeles que tuvieran a la mano para alinear y corregir sus irregularidades, lo que le permitió identificar los hogares más vulnerables.
“Algunos confiados y otros no tanto, entregaron los papeles que tenían. Sin embargo, esto le permitió a Juan Salas saber dónde estaban los más vulnerables, lo más fácilmente atacables”, agregó el activista.
Desde entonces, algunos ciudadanos son hostigados por sus casos irregulares, les piden irse de sus hogares, los privan de los servicios básicos y algunos han llegado a ser despojados.
García Valero expresa que se ha detectado que también se centran en familias “vulnerables”, que tengan a algún miembro de la familia con una situación de alcoholismo, farmacodependencia, o problemas con la ley.
“Por un lado: cuáles tienen más problemas de papeles, cuáles de plano no tienen papeles, cuáles tienen una hoja de cuaderno arrancada que diga ‘ahí te encargo la casa’, cuáles tienen una escritura a medio camino; del otro lado es: qué familia tienen una persona vulnerable con alguna situación de algún tipo de farmacodependencia, alcoholismo, etcétera”.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) dio a las familias su apoyo y les prometió llevar el caso a tribunales. Sin embargo, les pidieron dinero a los afectados y finalmente no cumplieron con lo establecido.
En 2023 se llevaron a cabo diversas manifestaciones por los despojos, en el que ciudadanos pedían justicia para las familias afectadas, y diversos partidos políticos se aprovecharon de la situación para ganar votos en las elecciones municipales que se llevarán a cabo el 2 de junio de este año.
“Se dio el movimiento legítimo y honesto de algunas familias, y muy pronto estaban metidos ahí el PRI, Morena y el PT. De una manera muy torpe y perversa hicieron que la gente se apuntara, y como era de esperarse, cuando dejaron de serles útiles les dieron una patada en el trasero (…) Es un proceso muy claro de manipulación”, denuncia García Valero.
Según el activista, hay más de seis familias afectadas que han alzado la voz, y hay “otro montón más de gente” que no quiere hacerse visible por el miedo y la desconfianza.
García Valero se ha convertido en una de las voces más críticas de la localidad y es quien ha señalado en diferentes artículos que los hermanos Salas llegaron a la Presidencia Municipal rompiendo con el cacicazgo corrupto de Rodolfo Zamora Rodriguez, La Chopa, sólo para encontrarse con un cacicazgo peor encabezado por los hermanos Juan y Noé Salas.
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