Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
El 11 de abril un grupo de alrededor de 15 internos del centro de adicciones Sanaréh, ubicado en los límites de los municipios de Frontera y Monclova, huyeron del lugar debido a la violencia y maltrato de los que eran víctimas.
Los anexados aseguraron que eran forzados a trabajar como albañiles por más de 12 horas diarias en una obra que pertenece a Rodolfo Zamora, propietario del centro de adicciones.
Pese a que las familias pagan alrededor de mil 600 pesos por semana para que los internos reciban un tratamiento adecuado contra las adicciones, expusieron que hay escasez de alimentos, e incluso en ocasiones tienen que comer de la basura para no pasar hambre.
Un mes antes, David Raymundo, de 31 años y quien tenía nueve meses internado en ese mismo centro, perdió la vida.
Fue el pasado 15 de marzo cuando el encargado del anexo entregó inconsciente a David Raymundo a sus padres Flor y Abundio. Les aseguró que no había querido consumir ningún alimento y que ese día amaneció inconsciente.
Raymundo fue internado en el Hospital Amparo Pape en Monclova, donde le diagnosticaron muerte cerebral, aparentemente causada por golpes que recibió durante su internamiento. Tras cuatro días de estancia en el hospital, falleció.
Pese a los diversos testimonios contra Sanaréh, el Ministerio Público de Frontera y la Fiscalía General del Estado en Monclova no han procesado las denuncias de los familiares, y hasta el momento no hay una investigación sobre ese lugar.
Al respecto, Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4 de la Secretaría de Salud del estado informó que a principios del año ya habían realizado una verificación de ese centro en la que no detectaron irregularidades y aseguró que cumple con los requisitos sanitarios necesarios.
Fuera de la norma
En Coahuila únicamente tres centros de tratamiento de adicciones de los 74 registrados por la Subdirección de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado están reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), y cumplen con las normas necesarias para operar, según los datos de esta comisión.
Los centros de tratamiento avalados son: Centro de Recuperación de alcohólicos y drogadictos Luz de Vida, AC; Libérate Laguna, AC, y Drogadictos Anónimos, A C, Grupo Nueva Vida, todos ubicados en el municipio de Torreón.
Los lugares que tratan las adicciones deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, así como el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias por parte del personal de los establecimientos residenciales, según la Conadic.
La NOM 028 tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones, y es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones.
Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado y la Dirección de Regulación y de Fomento Sanitario son las encargadas de verificar que los centros de rehabilitación de adicciones cumplan con los lineamientos necesarios, ésto según el encargado del área de Comunicación de la Secretaría de Salud del estado, Jorge Luna.
En la revisión se verifica que el lugar cuente con un permiso de operación, que cada anexo cuente con un responsable sanitario (médico o enfermero) avalado por la Secretaría de Salud para atender a los internos y la certificación de los tratamientos que se brinden.
El papel de los ayuntamientos
El diputado Jorge Arturo Valdés Flores, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ha dado seguimiento a diversos casos de negligencia en anexos clandestinos en Coahuila, expuso que “la falta de regulación y lineamientos necesarios para la operación de los centros de ayuda en el estado se debe a que diversos ayuntamientos expiden licencias de funcionamiento con el simple hecho de verificar el uso de suelo y el pago de licencias”.
Sin embargo, las licencias de funcionamiento expedidas por los municipios y la autorización del uso de suelo no garantizan que los establecimientos que tratan las adicciones cumplan con las normas oficiales y lo establecido por la Conadic.
“Existen centros contra las adicciones que se establecen diariamente en nuestros municipios, desconociendo si cumplen o no con los servicios profesionales para la atención y tratamiento de farmacodependientes. Estos centros no están regulados y supervisados por el sector salud o por el área municipal correspondiente, llevándolos a sufrir maltrato físico, psicológico y emocional”, dijo.
Aseguró que, pese a que la legislación que existe a escala federal respecto del tema es muy completa, el problema surge porque no está aparejada a un reglamento estatal o municipal, y únicamente les confiere la facultad en un ámbito general.
“¿Cómo puede ser posible que cuando es manejo o tratamiento de humanos con enfermedades de adicciones pidan menos requisitos que para abrir un puesto de comida? Es absurdo”, expresó Valdés Flores.
Derivado de los casos de violación a los derechos humanos que se han dado en los centros de adicciones en Coahuila, el pasado 7 de febrero el diputado Valdés Flores presentó un punto de acuerdo en el Congreso local en el que propone que, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, el estado ejecute el programa nacional para la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia.
Valdés Flores expuso que la autoridad sanitaria desconoce cuántas personas hay anexadas en el estado, y agregó que hace falta darles más facultades a los municipios, pues son la primera autoridad en responder.
Por ello, propone que se informe al Ministerio Público cada que una persona ingrese a un centro de rehabilitación contra adicciones con el fin de llevar el control de padrón de personas anexadas en tiempo real y además darle una corresponsabilidad al estado y sus ayuntamientos, quienes, asegura, hasta el día de hoy no tienen ninguna responsabilidad en el tema.
Busca además darles a los municipios la facultad de clausurar los centros de rehabilitación que incumplan con las medidas y lineamientos requeridos.
“Ahí no hay manera de que el estado evada su responsabilidad porque en todo momento tienen que estar enterados y también ahí entra la autoridad municipal”, dijo.
Para lograrlo, en ese mismo punto de acuerdo solicitó a los 38 ayuntamientos del estado informar sobre los datos municipales referente a establecimientos de tratamiento de farmacodependientes (anexos, centros o casa de rescate), con el fin de validar que cuenten con los requisitos de funcionamiento y salud que establece la normatividad estatal y que sean vinculatorios a los municipios.
Pidió también que en materia de desarrollo urbano y obras se proporcione información del número de licencias o permisos de construcción y uso de suelo que se han otorgado a establecimientos dedicados al tratamiento de adicciones, además del mecanismo de supervisión y vigilancia de esos lugares que se implementa a nivel municipal.
En cuanto a la prevención, solicitó la ejecución de la labor y ubicación de lugares clandestinos, y tras su detección informar cuál es el resultado de sus inspecciones, cuántos han sido clausurados y cuál es el procedimiento municipal para su regularización.
Pese a los hechos en el centro de rehabilitación Sanaréh, Valdés Flores volvió a exhortar a los municipios a brindar los datos solicitados al Congreso del Estado, hasta la fecha ninguno de los 38 ayuntamientos ha respondido.
Ante ello, el diputado explicó que, si bien los municipios no tienen un plazo determinado para emitir la información, el exhorto ya se ha hecho en diversas ocasiones.
“La información que yo he estado pidiendo es: dime quiénes tienes registrados y en dónde han pasado cosas; no me pueden contestar que no tienen conocimiento toda vez que al menos los municipios más grandes no han sido ajenos a este tipo de situaciones”, dijo.
Explicó que, pese a los diversos decesos, casos de abuso sexual, maltrato físico, homicidios y trabajos forzados contra la voluntad de los internos en los centros de rehabilitación, hasta ahora no se le puede reclamar a la autoridad por la falta de regulación en la ley.
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