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Ciudad de México.– “Yo jefe, gran nación Chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí: o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones”. Con esas palabras Lorenzo Córdova Vianello se burló de las autoridades indígenas con las que se había reunido. El audio —obtenido de manera ilegal— fue difundido en mayo de 2015 y hasta la fecha persigue al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero poco se ha hablado de su interlocutor, quien también se mofó de los representantes de esa comunidad: Edmundo Jacobo Molina.
Jacobo Molina se desempeña como Secretario Ejecutivo del INE desde junio de 2008, es decir, desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE). En este puesto estará hasta 2026, luego de que —impulsado por Lorenzo Córdova— fuera reelecto en febrero de 2020 para otros seis años más, un acto que fue denunciado en su momento por el Consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien cuestionó que la reelección se haya dado dos meses antes de que el Secretario finalizara su cargo.
“Quien más se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdova pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina […] No es de demócratas Consejero Presidente proponer una ratificación del Secretario Ejecutivo más de dos meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión, a cuatro consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril”, criticó Ruiz Saldaña en la sesión del 6 de febrero de 2020 en la que se aprobó prolongar el periodo de Edmundo Jacobo Molina.
Es decir, si nada cambia, Edmundo Jacobo Molina sumará 18 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE, un puesto desde el cual representa legalmente al Instituto Electoral y actúa como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto. Con todo este tiempo dentro del órgano electoral, es visto por algunos observadores como un funcionario con mucho poder dentro del INE.
Uno de los argumentos que expuso el Consejero Presidente Lorenzo para mantener a Jacobo Molina hasta 2026 fue, según informó el INE en un comunicado, “superar dos grandes desafíos que requieren de un conocimiento detallado sobre el funcionamiento de la institución y de un incuestionable compromiso con la legalidad”: el proceso electoral de 2021, “y, el otro es más de tipo administrativo, para encontrar el punto de equilibrio entre esos preparativos y el déficit financiero inédito e inaudito con el que hemos iniciado este año fiscal”, abundó Córdova. Los mismos argumentos fueron expuestos por el Partido Acción Nacional (PAN) que reconoció a Edmundo Jacobo Molina.
La decisión fue impugnada días después, el 18 de febrero, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un grupo de 250 ciudadanos, que fue vinculado a Morena, precisamente por el tiempo que sumará Jacobo Molina en el INE. Para inicios de marzo, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la impugnación al determinar que los promoventes no demostraron que la decisión haya afectado sus derechos político-electorales.
Meses antes de que se prolongara su gestión, en enero de 2020, el Secretario Ejecutivo del INE fue uno de los integrantes que se amparó contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en abril de 2019, para poder ganar más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una situación que le generó críticas al igual que le han valido al resto de los integrantes del Instituto Electoral que han defendido sus salarios.
Los recursos que se destinan al INE han sido tema de un arduo debate entre el Gobierno federal y los consejeros electorales. El Gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una “burocracia dorada” en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio y de protagonismo del que se señala a su Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Edmundo Jacobo Molina percibe, de acuerdo con la información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia, un monto mensual neto de 166 mil 758.88 pesos; un seguro de separación individualizado por 25 mil 709.33 pesos, y una compensación garantizada por 141 mil 034.50 pesos. En su última declaración patrimonial, el Secretario Ejecutivo reportó, además, tener ingresos adicionales por 239 mil 253 pesos anuales, correspondientes a actividad financiera y enajenación de bienes.
En contraste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador percibe 116 mil 326 pesos mensuales y tiene una compensación garantizada por 120 mil 109 pesos.
Jacobo Molina ha sido de las voces que criticaron la propuesta de austeridad planteada por el Gobierno federal a inicios de año para tener los recursos necesarios para llevar a cabo la Consulta de Revocación de Mandato, en la cual por Ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No nos van a venir a dictar desde afuera quien no conoce la operación de la institución, que no conoce el nivel de especialidad de la tarea electoral cómo hacerlo, bienvenidos y escucharemos los comentarios, pero la decisión la va a tomar esta institución en el ámbito de sus atribuciones, en el ámbito de su autonomía, y también con esto cierro, lamento que desde una decisión presupuestal de la Cámara de Diputados se esté poniendo en duda la ejecución de las tareas encomendadas social y políticamente a esta institución”, dijo el Secretario Ejecutivo, al finalizar la Sesión Extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE del 13 de enero de este año, horas después de la propuesta de austeridad y en reclamo al ajuste presupuestal que hizo el Congreso al órgano autónomo.
Pese a las críticas que ha hecho el Gobierno a los altos costos del INE, este órgano electoral pidió para el próximo año 24 mil 696 millones 868 mil 749 pesos para su funcionamiento en 2023. La cifra es casi la misma que pidió para 2022 y que le fue negada y que le ocasionó un problema durante meses, no sólo con Hacienda sino también con la opinión pública.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2023 —que debe ser aprobado máximo el próximo 15 de noviembre— el Instituto también apuesta por altos sueldos y prestaciones, ya que propone para los consejeros una percepción bruta anual de cuatro millones 377 mil 625 pesos, casi la misma cantidad que solicitó para 2022. A final de cuentas, para ese año el monto quedó en dos millones 487 mil pesos.
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