Por Kristel Reyes Amaya
A los 14 años Rudy Anthony Nieto, quien forma parte de la comunidad LGBTIQ+, logró ingresar a la política gracias a su padre, pues lo ayudó a incorporarse al partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), donde milita desde hace ocho años.
Su pasado como activista en favor de los derechos y oportunidades para las personas que pertenecen a la “comunidad multicolor”, como él le llama, fue lo que lo motivó a participar en la contienda electoral reciente, donde se postuló y logró el triunfo como regidor por Mayoría Relativa de Ramos Arizpe, por la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, de PRI, PRD y UDC.
Coahuila es el estado con mayor representación LGBTIQ+ en espacios públicos, pese a las trabas que pusieron los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en la implementación de las “cuotas arcoíris”, según la diputada federal trans Salma Luévano Luna.
El IEC informó que en 14 municipios 26 candidatos de la cuota arcoíris lograron el triunfo durante la jornada electoral 2024; 17 de ellos por mayoría relativa y nueve por representación proporcional.
Por mayoría relativa de la alianza PRI-PRD-UDC lograron el triunfo como regidores y suplentes: José Guadalupe Chávez, Roberto Carlos Álvarez, Francisco Rubén Cazares, Juan De Dios Leal, Paul Ramiro Vargas, José Luis De León, Jesús Humberto Vázquez, María Elena Mireles, Rudyy Antony Nieto Velázquez y Jorge Luis Barra en los municipios de Arteaga, Monclova, Escobedo, Jiménez y Ramos Arizpe.
Por parte de la alianza Morena-PT serán regidores de mayoría relativa Adriana Valdez, Mario Gómez Domínguez, Jorge Carlos Orona Escobedo, Missael Eduardo Jiménez Amador y Efraín Ramírez Moreno en los ayuntamientos de Francisco I. Madero, Allende y Nava.
En Cuatrociénegas triunfaron Daniel Oswaldo Hernández De La Cruz y Luis Alberto González Ferriño, del PAN.
Serán Regidores de los municipios de Allende, Viesca, Frontera, Jiménez, Ramos Arizpe, Zaragoza, Matamoros y Parras por representación proporcional: Maria del Socorro Villarreal y Esthela Flores Herrera, del PRI; Grecia Guadalupe Ortiz Alanis, Diana Narez Orona y Esthela Flores Herrera, del PT, Miriam Ibeth Domínguez González, por UDC, y Sarahí de León Muñoz y Enrique Adrián Mejía, por Morena.
Trabas del IEC
Pese a que la respuesta ante las cuotas arcoíris finalmente resultó positiva, en un inicio no fue así. En 2023 la diputada Salma Luévano Luna solicitó al IEC la aprobación de esas cuotas para que personas de la comunidad LGBTIQ+ pudieran ocupar un puesto de representación en el Congreso del Estado.
Sin embargo, la propuesta fue votada en contra por el propio presidente del instituto, Rodrigo Paredes, y los consejeros electorales Juan Carlos Cisneros, Beatriz Rodríguez y Madelyne Figueroa, según el consejero electoral Oscar Daniel Rodríguez Fuentes.
En un video publicado en redes sociales, Salma Luévano Luna aseguró que los consejeros querían aprobar una cuota afirmativa, que tiene el fin de reducir las desigualdades sociales que acechan a diferentes grupos vulnerables, pero no en específico a la comunidad LGBTIQ+ como lo establecen las cuotas arcoíris.
La diputada, junto con el activista de la comunidad Noé Ruiz, interpuso una sentencia de cumplimiento ante el Tribunal Electoral Federal con el fin de interponer un juicio por omisión legislativa para que el IEC cumpliera el requisito de votación.
Aunque estaba en proceso la sentencia de cumplimiento que solicitó Salma, los consejeros nuevamente votaron en contra sin argumentar el sentido de su voto.
Derivado del proceso legal que interpuso Sandra los consejeros del IEC acusaron a la diputada federal de presionar al instituto para el cumplimiento de la votación en favor, además la señalaron por aparentemente ejercer violencia política de género y cuestionaron la validez de diversas manifestaciones de la comunidad que se dieron afuera de las instalaciones del organismo.
Salma asevera que todas las acusaciones fueron emitidas por los cuatro consejeros que votaron contra las cuotas, y expone que “fueron sin fundamentos de prueba que avalaran las acusaciones de las que se le estaba haciendo objeto”.
Fue hasta que el Tribunal Electoral Federal emitió la orden de cumplimiento que los consejeros se vieron obligados a votar en favor de las cuotas arcoíris.
En entrevista con El Coahuilense Noticias, el consejero electoral Oscar Daniel Rodríguez, abiertamente parte de la comunidad, expuso que la votación en favor no fue por “voluntad propia del Instituto”, pues fue necesaria la intervención de Salma Luévano y el activista de la comunidad Noé Ruiz.
El consejero aseguró también que se hizo un llamado al Congreso del Estado para que legislara sobre el tema de las cuotas afirmativas y cuotas arcoíris, sin embargo, “es fecha que no lo han hecho”.
Falsificación de cuotas arcoíris
Los ocho partidos políticos que participaron en la contienda electoral de este año en la entidad estaban obligados a postular con la cuota arcoíris a 18 personas, ocho de ellos por la vía de mayoría relativa y diez por representación proporcional.
A escala estatal se dio un número significativo de denuncias por parte de asociaciones en favor de la comunidad LGBTIQ+, pues algunos candidatos se hicieron pasar por miembros de ese grupo social sin serlo para cumplir con la cuota arcoíris de los partidos.
En sesión pública del IEC el PAN, quien incluso no tuvo candidatos en todos los municipios, y UDC declararon que “se les había complicado llenar la plantilla con personas que fueran parte de la diversidad”, según el consejero Oscar Rodríguez.
“En muchos casos los partidos políticos incluían a personas no binarias como parte de la fórmula, creando así una cortina de humo para que existiera la representación de la comunidad que el IEC les pedía”, expuso Oscar Daniel Rodríguez.
Destacó que, derivado de que no existe un método de denuncia para estos casos de fraude, el IEC se ve obligado a aceptar la plantilla que les entrega los partidos sin cuestionarla o asegurarse que sean parte de la comunidad.
Entre la lista de municipios en los que se muestra qué partidos postularon a personas de la comunidad LGBTIQ+ no aparecen Saltillo ni Torreón, los ayuntamientos con mayor población.
En 2017 Javier Cázares Barrios, quien en ese entonces buscaba ser regidor de Monclova por el PRI, firmó por órdenes de la entonces candidata a la alcaldía de Monclova, Guadalupe Oyervides, unos papeles que lo acreditaban como “persona vulnerable”, sin que él supiera que era debido a que forma parte de la comunidad LGBTIQ+.
Tras firmar los papeles lo sacaron de la contienda bajo el argumento de que “su lugar estaba comprometido con otra persona”. Fue hasta la pasada contienda electoral que con la cuota arcoíris logró el triunfo como regidor por mayoría relativa de Monclova.
Rechazo de la sociedad
No sólo son las trabas del Instituto Electoral que van contra la integración de las personas LGBTIQ+ en cargos públicos, sino también el rechazo de la sociedad.
“Pese a que dentro de los partidos se han creado espacios para personas de la comunidad LGBTIQ+, aún existe rechazo por parte de los ciudadanos, quienes llegan a cuestionar si las personas tienen o no las capacidades para estar en un cargo público, únicamente por su orientación sexual”, compartió Javier Cázares.
Por su parte, Rudy Nieto, expuso que muchas veces, como acto de discriminación, la población los encasilla como si únicamente pudieran dedicarse al sector de la belleza. Sin embargo, considera que las personas del “sector multicolor” están capacitadas para asumir cargos de elección pública.
“El valor humano es por lo que se les debe de calificar a los miembros de la comunidad (…) Yo creo que el día que entendamos que una persona de la comunidad es un ser humano y que también le duele lo que le dicen, ese día vamos a crecer como sociedad”, finalizó Rudy Nieto.
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