Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.– Preocupados por la creciente sobre-extracción del Acuífero Libres-Oriental en Puebla, el 20 junio Jorge y Alberto Cortina Vázquez participaron en una manifestación pacífica frente a Granjas Carroll que les costó sus vidas. Esta lucha en Puebla y Veracruz es una de decenas que han surgido para proteger a nuestras aguas subterráneas y superficiales: en Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Baja California, Yucatán, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca, para mencionar solo algunos de los procesos más destacados.
En el caso del Acuífero Libres-Oriental, como ejemplo, en enero 2016, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto se levantaron las vedas decretadas para proteger este acuífero, a pesar de que ya era deficitaria y se estaba sufriendo de un abatimiento del nivel de los pozos de casi un metro al año en la zona alrededor de Granjas Carroll. Desde entonces, la Conagua ha otorgado 22 millones m3/año en nuevas concesiones, incluyendo 1.6 millones m3/año a Granjas Carroll. Estas extracciones no sustentables afectan el volúmen y calidad del agua de las comunidades, sin mencionar la contaminación provocada por el mal manejo de las aguas residuales de la mega granja porcícola.
Al estar en medio de un periodo de transición, las preguntas planteadas por estos movimientos son profundas: ¿Por qué las comunidades tienen que pagar hasta con sus vidas para proteger las aguas de la Nación? ¿Por qué toleramos la complicidad de la Comisión Nacional del Agua con el saqueo hídrico del país?
Podríamos decir que la Conagua es una institución fallida. Pero más bien, la razón de ser de la Comisión Nacional del Agua nunca ha sido la defensa y el cuidado de nuestras aguas. En 1989 Carlos Salinas de Gortari le encargó a Fernando González Villarreal la tarea de formar la Conagua y elaborar la Ley de Aguas Nacionales (1992), con el objetivo de concesionar las obras, la infraestructura hidráulica y las aguas de la Nación. La Conagua está cumpliendo con su misión.
Ahora sufrimos las consecuencias de tres décadas y medio bajo este esquema: el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la contaminación impune; el maltrato de las cuencas; el derroche de recursos públicos en acueductos mal concebidos, túneles que expulsan las aguas que requerimos, pozos ultra-profundos que extraen aguas fósiles casi imposibles de potabilizar y plantas de tratamiento inoperables.
¿Por qué seguimos permitiendo que la Conagua sirva a los grandes intereses, a costa de los pueblos y el medio ambiente? Con la fuerza que ha adquirido la economía mexicana ¿cómo se justifica mantenernos como el paraíso de los contaminadores y acaparadores del agua?
La reforma Constitucional de febrero 2012, al reconocer el derecho humano al agua, exige lograr una nueva etapa en la gestión del agua en el país. Dio un plazo de 360 días para reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con la Ley General de Aguas, la cual sentará las bases para una co-participación ciudadana al lado de los tres órdenes de gobierno con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable al agua.
Cuando se logre la voluntad política y la fuerza social requeridas, una Ley General de Aguas que cumpla cabalmente con este mandato cambiará todo. Sin embargo, las barreras son grandes: cuatro Legislaturas, incluyendo dos de la 4T, han desacatado el mandato Constitucional, siempre con el apoyo de la Conagua, la cual sigue tomando partido por los despojadores.
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Para que la Conagua se convierta en defensor de las aguas nacionales, tendría que cambiar su razón de ser, y con esto su estructura y su cultura institucional. Ya se ha intentado “limpiar a la Conagua”, “barriendo desde arriba”. Los resultados están a la vista.
Mínimamente se tendrá que rediseñar la Comisión Nacional del Agua en torno a los siguientes temas y funciones:
–En vez de dejar las concesiones a aguas nacionales en manos del mercado, se tendrá que aprobar medidas que obliguen a reducir progresivamente el sobreconcesionamiento y acaparamiento.
–En vez de maltratar a las poblaciones marginales e indígenas, se tendrá que abrir oficinas, generar procedimientos y establecer defensorías dedicados a reconocer y respetar sus derechos.
–En vez de esperar que truenen las crisis de las sequías e inundaciones, se tendrá que consensuar planes de gestión de cuenca que buscan aprovechar mejor el agua en el territorio bajo las nuevas realidades del cambio climático.
–En vez de imponer trasvases a ciudades que pierden más del 40% de su agua a fugas, se tendrá que priorizar inversiones públicas para el aprovechamiento óptimo del agua en las redes.
–En vez de mantener una institución autocrática y ensimismada, se requiere construir consejos locales, regionales y a nivel nacional de composición mixta y ampliamente representativos, que recomendarán directivos de la Conagua y evaluarán su desempeño.
–En vez del actual sistema autorregulado de pagar derechos por contaminar, se tendrá que dedicar recursos robustos a inspecciones, principalmente de los grandes usuarios, en donde la sanción será el resarcimiento de los daños.
Todo esto y más está previsto en la Iniciativa de Ley General de Aguas que fue consensuada desde las comunidades y la ciudadanía en la Iniciativa Ciudadana, presentada a la Legislatura el 5 febrero 2019 con cientos de miles de firmas oficiales. Las propuestas de esta Iniciativa luego fueron refrendadas en 34 foros regionales convocados por la LXIV Legislatura. La Iniciativa resultante de todos estos esfuerzos fue presentada por la Senadora Gloria Sánchez el 27 abril 2022, y actualmente se encuentra en proceso de dictaminación por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos de dicha cámara.
Las comunidades y la ciudadanía no están esperando los resultados del Legislativo. Más bien, ya están construyendo Contralorías Autónomas del Agua desde el nivel local hasta el nacional, basándose en la acumulación de experiencia y capacidad de los pueblos, las organizaciones sociales y los investigadores colaborativos en cada caso. Las Contralorías han formulado propuestas para sus cuencas y regiones, y están acumulando el reconocimiento y respaldo social requeridos para lograr cambios fundamentales en el marco legal y en la Conagua.
Su mensaje es claro: No más muertes por la contaminación de ríos con residuos industriales, por la arsenización, por el desecamiento de pozos frente a la sobreexplotación minera. No más muertes por defender a las aguas nacionales cuando no existe instancia gubernamental que las defiende. Con la Constitución de su lado, cuestionan las prácticas y la legitimidad de la Conagua y se están preparando para apoyar al Legislativo o al Ejecutivo para su transformación o reemplazo.
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