Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Al sur de México, en Tapachula, Chiapas avanza un contingente migrante conformado por 3 mil personas, con alta concentración de infancias, algunas de ellas con neurodivergencia, personas con discapacidad móvil y mujeres embarazadas quienes avanzan en busca de una mejor calidad de vida y lo hacen bajo condiciones climáticas adversas y sin ningún tipo de protección, por eso, defensoras exigen darles atención humanitaria.
La principal demanda de la caravana es que el Estado les brinde apoyo humanitario, especialmente, agua, alimentos, medicamentos y vendas, pues hay personas con heridas importantes en piernas y pies. Y es que, existe ausencia de parte del INM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Desde hace 4 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violación a los derechos humanos que sucede en Chiapas, instando al gobierno a proteger a esta comunidad de la violencia que azota la región; no solo ejercida por parte del crimen organizado, sino también, por parte de las mismas fuerzas armadas mexicanas.
Este cinturón fronterizo (Chiapas- Guatemala) ha registrado 5 mil 745 agresiones y delitos en contra de migrantes, según la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), 2023.
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El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, advirtió que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha incurrido en prácticas arbitrarias que ponen en riesgo la vida y seguridad de estas personas.
La caravana avanza por la carretera costera de Tapachula con dirección a Huixtla, territorios controlados por el crimen organizado que, advierte la organización, está erosionando seriamente la salud mental, física y emocional de las personas a causa de atravesar el territorio en constante peligro y alerta.
Asimismo, el clima en Chiapas no da tregua y entre fuertes lluvias y altas temperaturas, las personas, especialmente mayores e infancias, presentan malestar, diarrea y deshidratación. La colectiva también denuncia que hay mujeres con golpe de calor quienes no han recibido atención médica.
La mayoría del contingente está compuesto por personas de nacionalidad hondureña, salvadoreña y venezolana, sin embargo, también existe una minoría originaria de Haití, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Colombia. Su objetivo es llegar a Villa Comaltitlán, pero su derecho a la movilidad segura se está viendo obstruido por la amenaza latente del crimen organizado y el abandono de las autoridades chiapanecas.
Tapachula, Chiapas: El crimen organizado
Hace apenas tres meses El País documentó en «Chiapas, territorio tomado» que existe una extrema violencia contra la comunidad migrante; se tiene registro de familias encerradas en jaulas utilizadas para gallos y grupos de hombres quienes portan un falso equipo de policía y refieren que son ellos la ley en la región sureña de Chiapas que corre desde Corozal, Nueva Palestina, Tapachula hasta la frontera de Comalapa.
Según documenta el medio, Chiapas se ha convertido en un territorio de disputa entre 2 de las células criminales más poderosas del territorio: El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando a su paso, una cadena de asesinatos, tortura, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones por donde hoy, esta caravana migrante se encuentra avanzando en total desprotección.
El reciente 28 de mayo, la carretera de Tapachula también fue escenario de una persecución de parte del Ejército, luego de identificar a grupos de hombres armados «patrullando» este territorio. Los hombres huyeron del lugar y se refugiaron en un inmueble en la comunidad Francisco I. Madero, donde posteriormente, el Ejército logró identificar e incautar.
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Los hallazgos: Dos camionetas, motocicletas, dos armas largas, chalecos tácticos, 45 cargadores y mil 704 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, fueron los recursos encontrados al interior del inmueble, sin embargo, no hubo detenidos sobre estos hechos, pues los implicados huyeron del lugar.
El panorama en el cinturón de la frontera de Chiapas es extremadamente violento y se alimenta de constantes enfrentamientos entre grupos delictivos, coerción en contra de la población vulnerable, homicidios y amenazas, quedando en medio, las comunidades migrantes que están atravesando el territorio.
Chiapas representa 3 de cada 10 casos, le sigue Oaxaca con el 25.7% y San Luis Potosí con el 9.5% de las denuncias.
De las 5 mil 745 personas agredidas, por lo menos, mil 124 fueron niñas, niños y adolescentes.
Exigencias y demandas
El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes a responder a la situación, demandando que estas acciones no sean detenciones, la inmovilización de las familias, ni el traslado opaco y desinformado de estas personas a otros puntos del Estado. Estas son las exigencias:
Secretaría de Salud Federal y Estatal:
Garantizar que las mujeres reciban servicios de salud reproductiva, materna y neonatal, así como atención oportuna en urgencias obstétricas
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:
Garantizar medidas de protección a la niñez en la caravana, en estricto apego a la ruta de protección de la infancia migrante
Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de Migración:
Respeto a la integridad física y emocional de todas las personas migrantes
Brindar información clara y veraz
Garantizar que los lugares para la gestión migratoria cumplan con la infraestructura y seguridad para el bienestar de las personas migrantes
Eliminar medidas diferenciadas en la atención de personas migrantes
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados:
Garantizar que las personas con necesidad de protección internacional cuenten con información para solicitar la condición de refugio en nuestro país.
Esta no es la primera vez que se denuncian prácticas arbitrarias contra la comunidad migrante al sur del país, pues según la colectiva, desde hace más de medio año hay 800 personas viviendo en un campamento ubicado en el Río Suchiate, donde diariamente esperan a las autoridades para conocer su condición y que sean trasladados hacia la capital chiapaneca.
«El INM no brinda atención ni información oportuna a las familias del campamento. En Tapachula llevan meses de espera sin respuestas claras por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ni del INM sobre sus procedimientos migratorios y de refugio. Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo- Frontera Sur denunciamos nuevamente la violencia institucional ejercida por el INM con la desinformación, falta de claridad y prácticas discrecionales y arbitrarias», afirmaron.
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