Derrumban edificio del Club Tiradores de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- El edificio que albergó al Club Tiradores de Saltillo, A.C., ubicado en el bulevar Miguel Ramos Arizpe, fue demolido sin autorización de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

Además, el inmueble, que comprende 41 hectáreas, fue asegurado por la Fiscalía General del Estado el pasado 20 de julio.

De acuerdo con la carpeta de investigación número 00347 Sal/ATDUI/2024, el Ministerio Público gestionó el resguardo de esta propiedad, que fue escriturada en dos ocasiones y vendida ilegalmente.

Este caso lleva en litigio 10 años. Desde el 21 de julio, una patrulla de la Policía Municipal de Ramos Arizpe vigilaba el inmueble, pero ahora la seguridad interna está a cargo de 15 perros.

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El diario Zócalo Saltillo reportó que el edificio comenzó a ser demolido con maquinaria pesada hace 10 días. Vecinos de la zona informaron que la demolición se realizó para desalojar a varias familias que vivían en el edificio.

Exmiembros del club de tiro confirmaron que, hace más de ocho años, el expresidente del club, Armando Boone Gómez, devolvió 20 de los 35 millones de pesos que el Grupo Inmobiliario Real había pagado por la compra de las 41 hectáreas, acordando entregar el resto en partidas de 4 millones de pesos.

Fernando Garza Benavides, copropietario de los terrenos, promovió un juicio civil alegando que la venta fue ilegal.

En 1949, 31 familias copropietarias adquirieron el predio por 300 pesos y la escritura quedó registrada a su nombre en el Registro Público de la Propiedad el 26 de julio del mismo año.

Sin embargo, en 2006, la directiva del Club Tiradores de Saltillo, encabezada por Armando Boone, Humberto Boone, Benito Flores y Sergio Vargas, entre otros, tramitó una nueva escritura ante el notario público José Antonio Flores Garza, declarándose propietarios del predio, lo que fue disputado por las familias copropietarias.

En 2016, el predio, valorado en 120 millones de pesos, fue vendido ilegalmente por la directiva del club en 35 millones de pesos al Grupo Inmobiliario Real, mediante el uso de una doble escritura.

Esta situación ha generado una serie de disputas legales y administrativas que aún están en proceso de resolución.

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