Redacción El Coahuilense
San Luis Potosí.- El Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2021) únicamente ha brindado protección a una persona, identificada como mujer periodista lo que implica que, aún con la existencia de leyes e instituciones locales, no existe una política integral de protección, aseguraron mujeres defensoras como Olga Lucio Huerta, Esperanza Lucciotto López y Cirenia Celestino Ortega, entre otras.
Entre las fallas en su funcionamiento señaladas por mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí, destacan que no prestan ayuda o asistencia inmediata, no realizan análisis de contexto adecuados, ni son consultadas para comprender y atender sus necesidades, por tanto, se dictaminan medidas que podrían colocarlas en mayor riesgo.
En algunos casos las medidas otorgadas les han implicado gastos adicionales, lo que ha contribuido a que se consideren poco útiles, a pesar de ser necesarias.
Para las periodistas y defensoras que se encuentran en desplazamiento forzado se evidenció la ausencia y falta de planes que garanticen, por un lado, la seguridad y por otro, que se lleven a cabo con perspectiva de género. Las periodistas desplazadas tienen que implementar sus propias medidas de seguridad.
Presentaron el diagnóstico participativo Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas en el estado de San Luis Potosí, para ofrecer una serie de recomendaciones y lograr una política de protección integral en el estado.
Recordaron que en 2020, según documentos filtrados por Guacamaya Leaks, la Sedena equiparó, en cuanto al nivel de amenaza que representaban para la seguridad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a las colectivas feministas y las defensoras de derechos humanos, entre ellas un grupo de San Luis Potosí, con una célula criminal, lo que evidenció el espionaje al que somete el Estado a las mujeres, equivalente al del crimen organizado.
El contexto electoral agudizó los enfrentamientos y conflictos, lo que aumentó las agresiones y la inseguridad. En las elecciones para gobernador de 2021, las periodistas y defensoras sufrieron múltiples ataques y la deslegitimación de su trabajo, prácticas avaladas y toleradas por el discurso de criminalización y estigmatización del Ejecutivo federal, principalmente y estatal también, que les generaron una mayor desprotección y vulnerabilidad.
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En 2022, San Luis Potosí registró el mayor número de casos de desaparición, con 171 personas que no fueron localizadas. Los diversos colectivos de búsqueda y las periodistas, informaron del incremento y hubo una falta de infraestructura y de capacidad para atender el problema.
La estigmatización y violencia institucional hacia las víctimas, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, así como hacia las defensoras y las periodistas, fomentan las agresiones en su contra.
Contrario a ello, se deben emprender campañas de reconocimiento de las mujeres, su labor y las violencias que enfrentan. Las campañas deben ser accesibles, creadas en distintos formatos, transmitidas por diversas vías, traducidas a todas las lenguas indígenas presentes en el estado y difundidas también en los municipios y regiones del interior.
Afirmaron que la defensa o acompañamiento de la exigencia de derechos humanos significa un doble riesgo para las mujeres: por ser mujeres y por ser defensoras y, en otros casos se suma ser periodista o buscadora, para ellas, la violencia tiende a ser más extrema cuando las mujeres se organizan.
De acuerdo con la organización no gubernamental, Artículo 19, San Luis Potosí se encuentra en el onceavo lugar de entidades con más agresiones en contra de mujeres periodistas durante los tres primeros años de la actual gestión. El registro de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) revela que 197 mujeres periodistas fueron agredidas durante 2023, siete de ellas en San Luis Potosí.
Entre los factores que colocan en riesgo a las defensoras y periodistas, destaca la presencia clara de grupos delictivos y del crimen organizado, la represión y agresiones que han sufrido por parte de diversas autoridades estatales, materializándose en detenciones arbitrarias, así como en múltiples actos de intimidación, criminalización, y violencia, tales como censura a los medios de comunicación para los que laboran, agresiones físicas, ataques digitales y el permanente discurso oficial donde se les estigmatiza y señala como adversarias, hechos que las coloca en una permanente situación de vulnerabilidad que se traduce en permisibilidad para ser agredidas y atacadas.
La cobertura de marchas, en especial las feministas, son eventos de gran riesgo. Durante éstas, se han enfrentado con actos de represión que se han caracterizado, principalmente, por el uso de gas lacrimógeno y por la presencia de cuerpos policiales.
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Frente a los actos de represión, se requiere actualizar y fortalecer los protocolos para que la policía asuma un trato sensible ante el contexto actual. Deben darse a conocer los protocolos de actuación de la policía y evaluar su implementación, así como establecer sanciones ejemplares para las y los funcionarios que violen derechos humanos y las agredan en el ejercicio de sus tareas de seguridad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) debe atender con la debida diligencia y con perspectiva de género los casos de agresiones, ataques y violaciones a los derechos humanos denunciados por periodistas y defensoras. La oportunidad y exhaustividad tienen que ser los ejes rectores de las investigaciones para garantizar una adecuada protección.
Además, de existir una coordinación real y eficaz entre las policías estatal y municipal, y otras autoridades e instituciones, cuando se dicten y otorguen medidas de protección para de este modo asegurar su adecuada implementación.
También consideran necesario llevar a cabo diligencias efectivas para establecer las líneas de investigación y, con ello, lograr que los hechos no se repitan. Asimismo, la garantía de no repetición debe estar relacionada con actos de disculpa pública y otras acciones que tomen en cuenta las necesidades de reparación integral, por lo que es fundamental consultar a la sociedad civil y la academia, para que conjuntamente se lleven a cabo actos de verdad, dignidad, memoria y reparación.
Se debe garantizar la autonomía del mecanismo de protección estatal para asegurar su imparcialidad e independencia, lo que a su vez lo dotaría de una mayor legitimidad y confianza. Mientras esto sucede, se requiere institucionalizar la figura de un consejo consultivo diverso, con autonomía, con facultades amplias para asumir resoluciones, así como con procesos de selección e integración transparentes.
El Diagnóstico también evidencia los impactos de la violencia y el riesgo permanente para defensoras y periodistas expresada en daños en su salud, en su entorno familiar y social, resultado no solo del contexto general de peligro en la entidad, sino de las propias vivencias de hostigamiento y amenazas por la labor que realizan, así como por las respuestas institucionales insuficientes.
Dichos impactos van desde el estrés y el cansancio crónico, miedo, la angustia o el enojo, tristeza, un dolor emocional constante, deterioro constante y paulatino de la salud integral; hasta el miedo permanente de ser víctimas de más o mayores violencias y una sensación generalizada de decepción frente a las instituciones.
Entre las recomendaciones que lanzaron destacan en materia de prevención: Sensibilizar y capacitar a las y los funcionarios públicos en derechos humanos y violencia contra las mujeres, de modo que asuman sus obligaciones en materia de protección de forma adecuada, responsable, empática y digna.
Abrir espacios de formación para defensoras de derechos humanos y periodistas sin centralizarse en la capital (procesos formativos regionales o municipales en zonas como la Huasteca y el Altiplano, y en las distintas comunidades indígenas de San Luis Potosí).
En materia de investigación: Garantizar la participación, en condiciones seguras y dignas, de las periodistas y defensoras para que, a partir de la definición de sus propias prioridades y necesidades de protección, sean acompañadas. Incluir efectiva y oportunamente la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo, para conocer los tipos de riesgo a los que se enfrentan considerando el contexto en donde llevan a cabo su labor de defensa y de trabajo periodístico, reconociendo y asumiendo que la violencia a la que están expuestas, es violencia feminicida.
Además de: realizar análisis de contexto en los que, además de reconocer la condición y la labor de las defensoras y periodistas, se analicen y consideren los escenarios sociopolíticos de la región, se identifiquen las violencias existentes basadas en el género que afectan de forma desproporcionada a las defensoras y periodistas, no solo por su condición de defensoras sino por ser mujeres.
Crear las articulaciones y acciones necesarias para garantizar un retorno seguro en casos de desplazamiento forzado. Contar con mecanismos de sanción y remoción de servidores públicos cuando incurran en faltas o conflictos de intereses, incluido el Mecanismo de Protección Federal, para poder evaluar y monitorear si incorpora oportuna y adecuadamente en los planes de protección la perspectiva de género y los enfoques interseccional y multicultural y Garantizar un presupuesto adecuado para la protección de personas defensoras y periodistas.
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En materia de atención y protección: Los espacios de denuncia ante el mecanismo –tanto federal como estatal– deben ser diferenciales, es decir, que puedan contar con espacios seguros sin la presencia de funcionarios hombres y contar con información oportuna y precisa sobre los procesos y medidas a los que pueden acceder las denunciantes, así como protocolos de atención más accesibles y rápidos, y un acompañamiento efectivo a lo largo de todos los procedimientos.
Adecuado cumplimiento de las medidas de protección por parte de las instituciones, lo que implica, que haya personal capacitado y con enfoque diferencial. Las acciones de protección deben trascender las medidas existentes que se limitan a instrumentos aislados como un botón de pánico, instalación de cámaras, enrejados y escoltas.
Al igual que: garantizar e incluir una valoración y atención en salud integral permanente (física y psicológica), y espacios de contención accesibles y oportunos. Asegurar apoyos específicos para sus hijas e hijos y a su círculo familiar cercano e incluso, animales de compañía.
Asegurar las necesidades básicas de las defensoras y periodistas que se encuentran en refugios y/o en situación de desplazamiento desde un enfoque integral, y establecer una articulación con distintos actores –tanto públicos como privados– para garantizar el empleo y/o la seguridad social cuando hayan perdido su fuente de ingresos a causa de las amenazas o agresiones vividas.
La Construcción de un protocolo de evaluación de las medidas de protección y su implementación, así como un observatorio de atenciones brindadas por el mecanismo –tanto estatal como federal–, enfocados no solo a la adecuación de las acciones dirigidas a las defensoras y periodistas, sino a la transparencia y el uso apropiado de los recursos.
Contar con un fondo de emergencia para elaborar estrategias de prevención, protección, reconocimiento y promoción de la labor de defensa de derechos humanos y el trabajo periodístico y Dotar de una estructura administrativa al mecanismo estatal, por lo que se debe impulsar a través de la legislación el fortalecimiento del organismo.
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