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Alétheia
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
A escasos dos meses de iniciar el proceso electoral 2023 se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que existe en los partidos políticos claridad de quiénes serán sus candidatos. Al menos, en los tres principales protagonistas: PAN, PRI y Morena.
Por el PAN será Guillermo Anaya Llamas; por el PRI, Manolo Jiménez Salinas; y por Morena, Ricardo Mejía Berdeja.
La única manera de descarrilarlos es por la vía legal: comprobarles la comisión de alguno de los delitos o faltas electorales tipificados o previstos en las leyes de la materia, ya sea por incumplimiento de la equidad de género, actos anticipados de campaña, gastos excesivos de publicidad o alguna de las recién aprobadas causales relacionadas con la violencia de género.
El PRI ya definió candidato hace más de un año. En este sentido, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se ha mantenido firme en su designación, a pesar de los reclamos de Jericó Abramo Masso o los del alcalde de Torreón, Alberto Román Cepeda, quienes exigen elecciones democráticas y piso parejo.
Por otro lado, están los tránsfugas: aquellos que acusan a las dirigencias de haber abandonado los principios doctrinarios de su partido, lo que los reviste, a sus propios ojos, de razones suficientes para cambiar de ideología. Me refiero a Shamir Fernández Hernández y a Jorge Luis Morán, entre otros.
Pero el cambio de casaca no es exclusivo de algún partido en específico. Todos lo están padeciendo. Rodolfo Walss es un ejemplo del PAN.
Tampoco es novedad la ausencia de democracia en la elección de candidatos. El dedazo se resiste a desaparecer. El mandato legal de tener mecanismos democráticos para la elección interna de candidatos casi siempre acaba en una pantomima.
La elección de candidatos en Morena es un testimonio irrefutable de la simulación. Su método democrático favorito son las improbables encuestas. Claro está, planeadas y realizadas por la propia directiva y con nula transparencia. Hasta el día de hoy, el senador Ricardo Monreal continúa descalificándolas.
Ricardo Mejía es el elegido para Coahuila por el señor López. Ni Armando Guadiana, con su primer lugar en preferencia de los morenistas –según encuestas públicas más verosímiles– ni Luis Fernando Salazar, con sus campañas millonarias, harán cambiar de parecer a López.
El agudo lector se preguntará: si ya está claro quiénes serán los contendientes, bajo dicho escenario: ¿Quién tiene mayores probabilidades de ganar la gubernatura del estado?
La respuesta no es sencilla y nadie tiene una bola mágica para predecirlo; a final de cuentas, el día de la jornada comicial el auténtico soberano tendrá en su mano la definición de quién y qué fuerza política nos gobernará (o algo parecido) durante los siguientes seis años.
Por su parte, los partidos políticos desplegarán todos sus recursos para sumar simpatizantes a su proyecto. Sin lugar a dudas, la estructura jugará un papel preponderante para poder alcanzar el triunfo.
Sin embargo, para las predicciones siempre es deseable y válido hacer análisis cuantitativos y cualitativos bajo métodos con rigor científico (ajeno a los “otros datos”), tanto desde el punto de vista social como estadístico.
Un primer análisis consiste en revisar los resultados históricos de las últimas elecciones para tratar de inferir o deducir, bajo ciertas hipótesis y parámetros, quién estadísticamente tiene mayores posibilidades de ganar.
Lo anterior se puede complementar con las tan famosas y denostadas encuestas de preferencias y aprobación. Dichos análisis deben contemplar escenarios con alianzas políticas de dos o más partidos.
Actualmente en Coahuila se han mencionado dos sin que se hayan concretado: la del PAN-PRI-PRD y la conformada por PT-PVEM-UDC-Morena. Ambas con simpatizantes y detractores; con pros y contras, con filias y fobias.
Finalmente, apreciado lector, sería todo un acto de civilidad reflexionar nuestro voto basados en el conocimiento de la trayectoria del candidato, así como de los logros y resultados comprobables (y esperables) de la institución política que lo respalda.
Como sea, es indispensable conjurar el peligro de la intervención del crimen organizado para distorsionar el ejercicio electoral en favor de sus aliados.
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Conforme se acerca la fecha de inicio del proceso electoral 2023 en Coahuila, se intensifican las apuestas respecto a quién ganará la gubernatura: si el PRI logrará conservarla o Morena se la arrebatará.
De igual manera, al interior de los partidos políticos el entusiasmo se desborda por apoyar a los candidatos ungidos desde las cúpulas del poder; ello sin mencionar las múltiples manifestaciones de inconformidad de aquellos que se sienten menospreciados o agraviados.
La popularidad del presidente López, sumada a la impopularidad de los partidos políticos, en donde sobresale el rechazo hacia el PRI de la mayoría de los ciudadanos, ha contribuido en hacer de Morena un movimiento competitivo, tanto a nivel local como nacional.
En los distintos puntos de reunión y convivencia social se debate entre la continuidad o la inminente alternancia del poder.
Las argumentaciones van desde reacciones febriles (la mayoría) hasta aquellas basadas tanto en resultados electorales históricos como en estudios de opinión.
Soy un convencido de la utilidad del método científico, así como del uso de las herramientas cuantitativas y cualitativas existentes para la comprobación de las hipótesis que nos pudiéramos plantear en aras de inferir los posibles escenarios a vivir en el proceso electoral de 2023.
Con base en lo anterior, me permito compartir con mis amables lectores este breve análisis de los resultados de los comicios electorales celebrados en los años 2015, 2017, 2018, 2020 y 2021 en Coahuila.
¿Por qué nada más de esos años? La respuesta es sencilla: fue en 2015 cuando Morena compitió por primera vez en nuestra entidad federativa (en las elecciones para elegir diputados federales).
Durante el periodo mencionado, el PAN obtuvo un promedio de 262 mil votos. La votación más baja la obtuvo en el proceso electoral local de 2020 –cuando obtuvo un poco más de 86 mil sufragios– y la más alta la alcanzó en 2017 –en la elección a gobernador, con 386 mil votos–.
A su vez, el PRI ha mantenido un promedio de votación de 442 mil votos. Su número máximo lo logró en 2021 –con más de 530 mil sufragios– y el mínimo en la elección federal de 2018 –en la que superó con poco los 400 mil votos–.
Por su parte, el promedio del PRD es de 21 mil votos. En su mejor elección juntó 34 mil votos (2018) y en la peor obtuvo 11 mil sufragios (2021). Es importante mencionar que dicho instituto político no tiene registro oficial en Coahuila desde hace más de tres lustros; sin embargo, participa en elecciones locales gracias a su registro nacional.
Otro partido nacional sin registro en Coahuila es el PT, cuyo promedio de votación es de 22 mil votos, con un máximo de sufragios de poco más de 32 mil (en 2018) y un mínimo de 11 mil (en 2015).
Uno más de los protagonistas en la elección de 2023 será el Partido Verde, cuyo promedio de votación es de 27 mil y que encontró su máximo de 45 mil en la elección federal de 2021, mientras que su monto mínimo fue de 14 mil en los comicios locales de 2017.
Morena ha experimentado en Coahuila un crecimiento exponencial en la preferencia del electorado desde 2015 a la fecha: pasó de 45 mil a 430 mil votos, con un promedio de 244 mil.
Finalmente, el partido local de mayor permanencia en el ámbito nacional, Unidad Democrática de Coahuila, ha mantenido un promedio cercano a los 40 mil votos desde 2015 a la fecha.
Ante estas cifras, está claro que la disputa entre PRI y Morena ofrece amplias probabilidades para uno o para otro de obtener el triunfo (con una condicionante: que la alianza PT-UDC-PVEM-Morena se concrete. En caso de escindirse uno o más partidos, las posibilidades de triunfo para la coalición oficialista se complican).
Ante el escenario anterior, es imprescindible para el PRI concretar la alianza con el PAN y el PRD; si así fuera, incluso obteniendo cada partido de esta alianza su mínimo histórico, se superaría la suma de los máximos obtenidos por los partidos de la alianza afín al presidente López.
Este análisis de cifras históricas de las últimas cinco elecciones no pretende ser adivinatoria ni suficiente para aseverar que la alianza PAN-PRI-PRD tiene el triunfo seguro.
Si bien lo hasta aquí planteado es perfectible, tiene el mérito de existir y siempre será mejor que los otros datos, más cercanos a la experiencia transpersonal de la fe y el fanatismo que al mínimo rigor técnico que el análisis político y la honestidad intelectual exigen.
Lo aquí reseñado se debe optimizar con estudios de opinión más cercanos al día de la jornada electoral, lo que abonará a conocer mejor las tendencias y sus condicionantes.
Ahora, falta observar los resultados de los ejercicios demoscópicos publicados al momento, así como un análisis cualitativo del contexto de los probables designados desde las altas esferas de sus partidos.
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Cuando un partido se vuelve una opción triunfadora o competitiva, la ambición por el poder eclosiona: todos los miembros, simpatizantes e incluso los tránsfugas aspiran a ser candidatos a un puesto de elección popular por el partido de moda.
Lo anterior es totalmente válido. En una democracia –como la nuestra– todos tenemos derecho a ser votados.
Sin embargo, la ausencia de democracia interna agudiza los conflictos en los institutos políticos y, ante la gran probabilidad de ganar, todos sus miembros se sienten con mejor derecho que cualquiera a ser candidatos.
En esta situación, los ideales y principios doctrinarios pasan a segundo término y toda la energía y atención se centran en cómo ganar la candidatura a toda costa, como sucede actualmente en Morena.
Así, después de cuatro años de ser gobierno (por así llamarle) federal, tiempo en el que ganó 22 gubernaturas y 16 congresos locales, el desgaste en el poder le cobra factura a la Cuarta Transformación. No es lo mismo ser oposición que gobierno.
Perdieron ocho alcaldías en la Ciudad de México; en Coahuila perdieron tres distritos federales de cinco que habían logrado en 2018 y en 2021 tuvieron descalabros en dos municipios de los ocho más importantes de la entidad: Matamoros y Piedras Negras.
Actualmente, la ambición por el poder ha confrontado a dos de los tres precandidatos con posibilidades reales de obtener la candidatura a gobernador en Coahuila, a saber: Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal y Armando Guadiana Tijerina, senador de la República.
Al primero, su rival lo acusa de violentar el marco legal sin el menor pudor y recato, así como de actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para el financiamiento de publicidad, estructura y giras.
A su vez, al empresario con escaño –en represalia por su osadía de acusar la simulación de un proceso democrático en su partido, así como por denunciar los excesos y violaciones cometidas por Mejía Berdeja– se le acusa, desde el pináculo del poder, de ser miembro de una red de lavado de dinero.
En paralelo, llama la atención la inusitada y reciente capacidad de autocrítica hacia el partido en que milita por parte del politólogo, Dr. Gibrán Ramírez Reyes, exhibida en diversas ocasiones en diferentes foros y programas de radio y televisión, en donde expone sus puntos de vista sobre las elecciones a gobernadores en Coahuila y Estado de México.
Destaca su opinión sobre los procesos internos. Los tacha de actos de simulación. Asimismo, subraya la débil competitividad real de Morena en Coahuila debida, básicamente, a tres factores: la falta de unidad, la carencia de estructura electoral y la ausencia de un candidato atractivo para el electorado.
Si Morena no concilia sus conflictos internos, la posibilidad de la alternancia en Coahuila se le escapa de sus manos, merced a sus propios errores. La posibilidad de quitarle el poder al PRI en Coahuila se diluye, aún más, si no se logra concretar la alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Verde Ecologista.
Los resultados obtenidos en las cinco elecciones en las que ha participado Morena en Coahuila no le vaticinan un triunfo. Si bien es cierto, pasó de un 6% de la votación en 2015 a un 35% en 2021 (ambos comicios federales), también lo es que, su principal rival –el PRI– ha mantenido un porcentaje de votación superior a 40 puntos porcentuales en las elecciones locales, como sigue:
Si consideramos las alianzas PAN-PRI-PVEM-PRD y la conformada por PT-PVEM-UDC-Morena, el comportamiento de la votación de ambas alianzas es un juego proporcional: si una de las planillas disminuye su votación, la otra la disminuye también; si una aumenta, la otra también.
Se puede aventurar que la alianza Va por México tiene amplias posibilidades de triunfo en 2023 con un margen superior a los 10 puntos porcentuales; la tendencia matemática no se rompe fácilmente.
Suponiendo sin conceder que las encuestas tuvieran razón en pronosticar un empate técnico, si el PRI quiere garantizar un triunfo contundente, la alianza con el PAN es necesaria.
La otra alternativa es correr el riesgo con el PRD como único aliado o abrigar la expectativa (viable y racional, sin duda) que se destrocen cada día más en Morena, así como que alguna de las múltiples impugnaciones a presentarse descarrile a más de uno de sus contendientes.
En todo caso, el PRI local necesita decidirse a asegurar una coalición eficiente o esperar que su buena suerte, inversamente proporcional a la de sus contrincantes, le sea favorable. Muy probablemente el origen de la respuesta esté en San Lázaro. PRI noventero contra PRI setentero es un choque de pronóstico reservado.
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