Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Al primer minuto de este miércoles 21 de agosto, se ha decretado la suspensión de actividades del Poder Judicial de manera oficial; el rechazo a la reforma que impulsa López Obrador y la subsecuente mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, ha originado el debate y el movimiento judicial como una ofensiva para frenar la reforma y las implicaciones que, presumen, serán irrevocables en materia de acceso a la justicia. Una cuenta pendiente, especialmente, para las mujeres.
Los órganos jurisdiccionales que, oficialmente, ya han detenido sus funciones son los plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de circuito auxiliares, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales laborales federales, centros de justicia penal federal y el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
Esto último, cobra especial relevancia, pues ya no sólo implica una suspensión de juezas y jueces, sino que se han unido magistradas y magistrados, que exponen que este paro de actividades sólo será levantado cuando se cumplan sus demandas.
Aunque la contra cara con el poder ejecutivo y su representante, López Obrador, no parece apuntar a una tregua de diálogo luego de dar a conocer los últimos días declaraciones sobre el asunto, señalando a las y los implicados de paleros para, finalmente, zanjar el asunto enviando un mensaje en su mañanero: No va a pasar nada, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar.
¿Qué exigen las personas juzgadoras y magistradas?
Durante la discusión de la JUFED, se llegó a dos planteamientos medulares que condensan sus peticiones:
La primera, exige al Congreso de la Unión detener el proceso actual de la reforma, pues según plantean, cuenta con serias imperfecciones que deben ser corregidas. Por ello, se exige someterla a una discusión pública y meditada para construir una reforma integral que ataque las deficiencias estructurales del Poder Judicial.
En segunda instancia, exigen la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión con el objetivo de celebrar acuerdos lícitos que se consideran prioritarios.
¿Qué casos seguirá atendiendo el Poder Judicial?
Si bien todos estos órganos que conforman el Poder Judicial han frenado sus funciones, refiriendo que las únicas personas que permanecerán en los espacios es el personal de seguridad, de manera oficial se ha dado a conocer que existirán casos excepcionales donde los tribunales, centros de justicia y juzgados de distrito reanudarán sus actividades cuando las circunstancias lo demanden.
Centros de Justicia Penal Federal: Son urgentes las determinaciones referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición.
Centros de justicia y Juzgados de Distrito Especializados en materia de Ejecución: Decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, beneficios preliberacionales ya determinados pendientes de ejecución (libertad preparatoria, anticipada y condicionada) y acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica por parte del tercer escalón sanitario (hospitalización), segregación y tortura.
Juzgados de Distrito: Decisiones en materia de ejecución de sanciones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, que versen en la compurgación de penas privativas de la libertad o beneficios preliberacionales. Asimismo, se atenderán órdenes de arresto, todo lo relacionado a afectaciones a la salud, personas migrantes y servicios básicos como el agua o la electricidad.
Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones: Atenderá medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que demanden atención inmediata.
Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos CDMX: Atenderá asuntos urgentes relacionados a procedimientos de huelga.
Tribunales Laborales Federal de Asuntos Individuales: Dará seguimiento a esta misma materia de huelgas.
Tribunales Colegiados de Circuito: Atenderá recursos de queja derivados de juicios de amparo que sean considerados urgentes.
Tribunales Colegiados de Apelación: se considerarán urgentes los recursos de queja a que se refiere el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siempre que derive de omisiones vinculadas con los asuntos que se consideran urgentes.
En Materia Civil: Este asunto es de extrema importancia, pues atraviesa a la ciudadanía y una suspensión de actividades podría resultar en una violatoria al acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes. Según refiere la JUFED, se ha determinado que se continuarán atendiendo las medidas cautelares en caso de violencia intrafamiliar y de género, asuntos relacionados a pensiones alimenticias o cualquier amparo que esté relacionado con personas menores de edad.
Según refiere la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en un panorama general, el paro de funciones será levantado siempre y cuando, existan asuntos relacionados a los derechos humanos considerando siempre los derechos económicos, la interseccionalidad, la vulnerabilidad y todo derecho relacionado a la salud.
Este posicionamiento ya ha sido comunicado a las autoridades correspondientes, como el Consejo de la Judicatura Federal, el Congreso de la Unión y por supuesto, la Suprema Corte de Justicia, donde la Presidenta Ministra Norma Piña ya ha lanzado un reacio posicionamiento para frenar el avance de la Reforma.
Norma Piña: «Defendamos la independencia judicial»
El paro indefinido ha iniciado oficialmente y aunque las respuestas han sido contrariadas entre diversos personajes de la política, la Presidenta Ministra Norma Piña ya ha tomado partido en la discusión pública bajo el lema de defender, a toda costa, la independencia judicial.
Durante una discusión con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se ha llegado a la conclusión de que perder la independencia judicial tendrá serias implicaciones en el acceso a la justicia, especialmente, cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente, mujeres e infancias.
A manera de robustecer el diálogo en el asunto, Norma Piña refirió que en los próximos días se abrirá la puerta de nuestro país para que diversos órganos internacionales y especialistas extranjeros puedan compartir sus experiencias sobre los aciertos y desaciertos que posee la reforma al poder judicial.
«Nadie tiene la bola de cristal de lo que vendrá en el porvenir y menos aún, si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre la enorme trascendencia de la independencia judicial, que, insisto no es un privilegio de quienes impartimos o lleguen a impartir justicia, es un derecho humano de todas las personas y con mayor relevancia de las personas y grupos más vulnerables. Señoras y señores, todas las autoridades tenemos la responsabilidad compartida de salvaguardar este valor de nuestro estado constitucional y democrático de derecho. Expreso mi mayor reconocimiento a las personas legisladoras de todos los partidos políticos»
Un último apunte: La reforma judicial y su deuda con las mujeres
Una de las posturas primordiales donde las mujeres debemos poner el ojo, es que, según se proyecta, para 2025 las personas podrán participar en una votación democrática para elegir a las personas juzgadoras de nuestro país. Es decir, se habla de un probable sesgo político en uno de los Poderes de la Unión.
Cimacnoticias conversó con Fátima Gamboa, abogada y fundadora de EQUIS JUSTICIA, quien compartió que esta votación va más allá de la participación, ¿qué quiere decir esto?
Por un lado, la ciudadanía se involucraría en un proceso democrático sobre la conformación del Poder Judicial, sin embargo, aunque se considera importante la participación ciudadana, hay una deuda histórica que el Estado debe pagar: El acceso a la justicia.
En resumidas cuentas, ninguna reconfiguración interna del sistema judicial será lo suficientemente poderosa, si en el actuar, se continúa perpetuando la impunidad, el clasismo, el nepotismo, el sexismo, la revictimización y otros sistemas de opresión que perjudican a la ciudadanía general, y que se recrudece aún más, si de mujeres se trata; el sistema judicial, encarna en sí mismo, valores patriarcales excluyentes.
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