Ciudad de México.- La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para la eliminación de siete organismos autónomos entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dependencias relevantes para el acceso a la información pública sobre los derechos de las mujeres en México y ante este panorama, surgen dudas, ¿ahora a quién le pertenecerá la información de las mujeres?
Como se vaticinó, la Cámara de diputados arrojó un resultado favorable para la desaparición de órganos autónomos, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales en lo general y en lo particular la reforma en materia de simplificación orgánica de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política que busca incorporar las funciones de estos organismos autónomos a distintas dependencias de gobierno.
Con esta votación, también estarían dejando esta legislatura la posibilidad de una aprobación ante el pleno para el mes de septiembre.
Hay que recordar que esta modificación a la constitución y eliminación de órganos autónomos forma parte del paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de este año, las cuales incluyen:
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- Instituto Nacional de Transparencia (INAI)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
Se debe recordar que hace 22 años el INAI abrió sus puertas en México, como resultado del trabajo colectivo de periodistas, personas de la academia, organizaciones y sociedad civil que demandó al Estado la construcción de un órgano autónomo que pudiera ser contrapeso y vigilar la función del gobierno de manera apartidista y objetiva.
Isabel Erreguerena Citeri, excoeditora de Equis Justicia, menciona su importancia, pues la transparencia y acceso a la información resulta una herramienta fundamenta para la investigación, diagnóstico, monitoreo y evaluación que permite realizar incidencia en leyes y políticas públicas relacionadas con las diferentes agendas feministas.
“Utilizar la transparencia como herramienta de investigación e incidencia aún presenta obstáculos e incluso tiene costos en cuanto al uso de recursos. (…) El uso de ésta representa un área de oportunidad no sólo para nuestras agendas, sino para las organizaciones que buscan incidir en los derechos de diferentes personas discriminadas”.
Desaparición de INAI y CONEVAL en detrimento del derechos de las mujeres
La desaparición del INAI, organismo encargado del acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el CONEVAL, organismo descentralizado con autonomía para generar información sobre la situación política social y la medición de la pobreza en México, son de los más preocupantes para la agenda feminista.
Ambos organismos juegan un papel relevante para el acceso a la información, la protección de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia.
“Utilizar la transparencia como herramienta de investigación e incidencia aún presenta obstáculos e incluso tiene costos en cuanto al uso de recursos. (…) El uso de ésta representa un área de oportunidad no sólo para nuestras agendas, sino para las organizaciones que buscan incidir en los derechos de diferentes personas discriminadas”.
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Isabel Erreguerena Citeri en «La transparencia como herramienta para la incidencia en la agenda feminista: una mirada desde la práctica de ocho organizaciones de América Latina INAI».
Por su parte, el CONEVAL nace en 2004 -en el sexenio de Vicente Fox- como una iniciativa de la oposición (PRI y PRD) para vigilar el gasto público en los programas sociales llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como crear, promover y regular políticas públicas del gobierno en materia de desarrollo social en beneficio de las mujeres y hombres.
No obstante, con la desaparición de estos siete organismos, asociaciones civiles, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos temen que la transparencia de la información presente un retroceso significativo, pues estos organismos cobran especial relevancia ante las prácticas del Estado de no entregar información pública, declarar sus datos como «reservados» o dar datos contrarios.
Un contrapeso al poder que desaparece
Durante la sesión para discutir la iniciativa sobre la extinción a los órganos autónomos, las diputadas y los diputados de Morena, PVEM y PT, así como del PAN, PRI y MC discutieron la iniciativa desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde con argumentos acalorados a favor y en contra de esta iniciativa.
La diputada Lidia García de Morena abrió la ronda de seis y seis para dar a conocer sus argumentos a favor del dictamen. En tribuna argumentó que esta es una oportunidad para reducir el gasto público y evitar “el despilfarro de recursos de la nación”:
“¿Cuál es el objetivo? Transferir las facultades y las obligaciones de diversos organismos constitucionales a dependencias del gobierno federal con el principal objetivo de eliminar gastos innecesarios, lujos, pero sobre todo, duplicidad de funciones para redirigirlos al combate contra la desigualmente social”, detalló.
No obstante, las y los diputados de la oposición, entre los que destaca Braulio Ochoa, señalaron que la desaparición de estos organismos no son para ahorrar presupuesto, sino para mantener el control y la opacidad la información pública que ahora provendrá de las dependencias de gobierno:
“No es un tema de ahorro, es un tema de control político, en contra de las luchas democráticas de este país”, cuestionó Braulio López Ochoa, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC).
Los legisladores de la oposición también señalaron los beneficios de algunas de estas dependencias entre las que destacaron el CONEVAL, el cual sirve para medir la pobreza de las mujeres mexicanas en el país y el INAI, organismo de transparencia de la información contra casos de corrupción en diversos gobiernos.
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Además, compartieron contrastes presupuestales para señalar que el tema no es el «ahorro» de presupuesto, sino eliminar los contrapesos «del poder para el poder», tal como lo señaló la diputada del PRI Laura Haro Ramírez.
“Se habla de una supuesta intención de austeridad, pero tenemos un claro ejemplo, el INAI, el instituto responsable de que las personas se nos garantice un derecho constitucional, que es el de la información, cuesta a las y los mexicanos mil millones de pesos, mientras que PEMEX ha reportado perdidas de 251 mil millones de pesos. Si vamos a hablar de ahorrar, solamente cada dos horas de lo que pierde PEMEX es el costo del INAI”.
El diputado Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también aseguró que la desaparición de los órganos autónomos “dejaría sin herramientas a los ciudadanos para exigir cuentas y transparencia a sus gobiernos”.
Incluso, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que gracias al INAI se conocieron los excesos de las toallas de Vicente Fox y la Casa Blanca de EPN; y para este sexenio los desfalcos de Segalmex.
No obstante, integrantes de Morena defendieron la reforma y señalado que estos órganos autónomos recibieron 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos desde su creación con incrementos anuales en su presupuesto, “favoreciendo empresas privadas” y no a las y los mexicanos.
“No se quebrantan instituciones, se fortalecen, no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades las van a hacer instituciones del gobierno”, defendió la reforma el diputado Óscar Cantón Zetina.
Con esto, fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, aunque aún debe ser discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre.
Periodistas y organizaciones se posicionan contra la reforma
Previo a la aprobación de esta reforma, un total de 170 organizaciones y 362 periodistas lanzaron un férreo posicionamiento en el que pedían meter freno a la discusión y abrir el diálogo bajo la demanda de defender la autonomía institucional.
Asimismo, tras el dictamen, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se posicionaron en contra de esta reforma y calificaron la iniciativa como un “retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país”.
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