Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
El anuncio de construcción de una planta de Tesla en Nuevo León se ha convertido en una herramienta política para Samuel García, gobernador del estado. Aunque la planta aún no se construye ya ha generado beneficios, sobre todo para el mandatario, quien ha aprovechado el proyecto como un símbolo de su «nueva política» y para fortalecer su imagen pública.
Aún peor. Investigaciones recientes revelan un entramado financiero detrás de la compra del terreno donde supuestamente se instalará la planta, como se publicó en la revista Proceso el pasado 18 de septiembre.
Las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, basadas en informes del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, apuntan a triangulaciones de fondos que involucran empresas creadas en paraísos fiscales y contratistas gubernamentales, algunas de las cuales pueden ser factureras, empleadas para la ordeña de recursos públicos.
De hecho, como se expuso en el reportaje de mi autoría en Proceso, uno de los principales beneficiarios ha sido Firma Jurídica y Fiscal Abogados, un despacho en el que Samuel García es socio junto con su padre Samuel García Mascorro.
Se estima que ese despacho ha recibido al menos 128 millones de pesos provenientes de estas operaciones.
A pesar de la expectativa generada en torno al proyecto, hasta el momento no se ha iniciado la construcción de la planta, y los informes financieros de Tesla no incluyen ningún anuncio de inversión.
Esto ha generado especulaciones sobre los motivos reales detrás del anuncio y ha sido mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado que el freno al proyecto tiene un carácter electoral, debido a que Donald Trump se opone a la producción de automóviles en México y amaga con prohibir la comercialización de vehículo en Estados Unidos si no son producidos en las plantas de su país.
El escenario se agravó toda vez que el CEO de Tesla, Elon Musk, se ha revelado como simpatizante, financiero y eventual consultor de política pública en el caso de que Trump gane la Presidencia estadounidense.
Mientras tanto, la compra-venta del terreno en Santa Catarina Nuevo León y las empresas involucradas en presuntas triangulaciones indebidas, ha generado ganancias para algunos actores clave en el ámbito empresarial y político, sin que la prometida «Gigafactory» avance más allá del discurso de Samuel García.
El asunto llegó al congreso local, donde la fracción del PAN ha exhortado a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación exhaustiva que, sin embargo, parece imposible toda vez que la llamada 4T ha construido una alianza con el mandatario estatal anticipando no sólo la impunidad sino un auténtico cherrywashing implementado desde las últimas mañaneras del presidente López Obrador.
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