Redacción El Coahuilense
CDMX.- Se cumplen 10 años del ataque armado de fuerzas del Estado, desde locales hasta federales, en colusión con el crimen organizado, contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Ese viernes 26 de septiembre de 2014, en dos camiones, los normalistas salieron de su escuela rumbo a Iguala para tomar más camiones de pasajeros –una práctica común–, y utilizarlos para trasladarse, en días siguientes, a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre de ese año.
Esa noche, tres estudiantes murieron a balazos durante el ataque, igual que otras tres personas: un chofer de autobús, un jugador de fútbol y la pasajera de un taxi. 43 estudiantes fueron desaparecidos, todos alrededor de los veinte años, y en esta década lo único que se han hallado son pequeñas fracciones de huesos de tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero. Pero sin rastro de su paradero, sin saber la verdad de lo ocurrido y sin justicia.
Los primeros días, la investigación sobre lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, pero al estar involucrado el crimen organizado, el caso fue tomado por la entonces Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, hoy detenido en prisión domiciliaria, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.
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Murillo Karam es el único funcionario público de alto nivel de ese tiempo que está detenido pues el otro orquestador de la llamada “verdad histórica”, –construida en el gobierno de Enrique Peña Nieto que sostenía que los 43 normalistas habían sido privados de su libertad por policías locales, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos que los había asesinado, quemado sus cuerpos en un basurero en Cocula, y luego arrojado sus restos al Río San Juan–, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, permanece libre en Israel.
Por lo demás, actualmente hay decenas de servidores públicos que están en la cárcel. De los más de 142 procesados, hay alrededor de 60 policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, incluido el antiguo jefe de la policía de Guerrero; y también 17 militares. Algunos detenidos por su participación activa en la desaparición, y otros por su presunta colaboración con Guerreros Unidos.
El castigo a los responsables es una de las principales demandas de las madres y los padres de los 43 y lo anterior es lo que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, les ha entregado: Casi ninguna sentencia condenatoria, menos para los artífices del montaje con el que, a finales de 2014 e inicios de 2015, quisieron cerrar el caso.
LA FGR EN EL CASO AYOTZINAPA
Apenas ayer, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió en una breve comparecencia ante la prensa que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, permanecerá en su puesto: “se queda, se queda. Por lo pronto, se queda”, dijo dejando de lado los rumores sobre la posible renuncia del fiscal y pese a que una de las demandas de las familias de los 43 normalistas desaparecidos es el avance de la investigación, lo que no ha ocurrido con él a cargo.
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Gertz Manero asumió la dirección de la Fiscalía General en enero de 2019, al mismo tiempo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaba el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, dirigida por Alejandro Encinas, hasta mediados de 2023. Para acompañar los esfuerzos del poder ejecutivo, en junio de 2019, el mandatario federal publicó un acuerdo en el DOF para crear la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) en la FGR como el área responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos”.
Omar Gómez Trejo, quien ya había trabajado como secretario del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante su primera estadía en el país para investigar el caso Ayotzinapa a finales de 2014 y mediados de 2015, fue elegido como el encargado de la Unidad. De las primeras cosas que hizo al llegar a dicho cargo fue reclasificar los delitos, de secuestro u homicidio, a desaparición forzada.
Y, aunque lentos, los avances de la Unidad habían sido constantes esos años, de 2019 a 2022. Por ejemplo, en junio de 2020, los fiscales anunciaron la identificación de restos de uno de los 43 normalistas, Christian Rodríguez, luego de que los investigadores encontraron un trocito de uno de sus huesos en la barranca de la Carnicería, un paraje a las afueras de Cocula, cerca de Iguala.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció a su cargo por desacuerdos en el procedimiento para aprobar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.
Al año siguiente, la UEILCA anunció la identificación de un hueso de otro de los estudiantes, Jhosivani Guerrero, en el mismo sitio. Ambos hallazgos abrieron nuevas interrogantes sobre “la verdad histórica”, criticado desde su presentación por parte de Murillo Karam por las familias de los 43, sus abogados, los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y el GIEI.
Entonces, si los estudiantes no fueron quemados allí, ¿qué pasó? Aunque aún hay dudas, la Unidad de Gómez Trejo llevó la investigación a señalar toda una operación del Gobierno anterior, no solo para cerrar el caso, sino para dificultar cualquier acercamiento a la verdad.
A la par de estos avances, la Comisión de la Verdad encabezada por Encinas, en agosto de 2022, señaló que Guerreros Unidos había orquestado la desaparición de los 43, en connivencia con autoridades de todos los niveles del Estado.
Según esta versión, los criminales asesinaron a los muchachos en diferentes lugares y repartieron sus restos en diferentes puntos de la región: minas, pozos, ríos. Y apuntaron al Ejército al explicar que uno de los autores intelectuales del asesinato de seis de los 43 era presuntamente el general retirado José Rodríguez, comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
Días antes de la revelación de Encinas, a través de la UEILCA, la FGR informó la obtención de 83 órdenes de detención, de las cuales dos decenas eran contra militares, una precisamente contra el general Rodríguez por delincuencia organizada y desaparición forzada. El 15 de septiembre siguiente, el general se entregó y otros dos militares fueron detenidos por los mismos delitos; pero quedó pendiente el estado de 79 órdenes de aprehensión.
Después la FGR, en contra del criterio de la Unidad y su titular, canceló 21 de las 79 órdenes, entre esas 16 contra militares, algunos de alto grado, como la del comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto. Esto fue lo que ocasionó la salida de Omar Gómez Trejo.
Según el mismo ex fiscal especial, la cancelación de las 16 órdenes de aprehensión contra militares y la exigencia de Gertz Manero de armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, con el riesgo de fallar en el proceso, así como la desarticulación de su Unidad, fueron los motivos de su salida.
Tras esto llegó Rosendo Gómez Piedra, quien terminó de desechar a los integrantes del equipo de Trejo: Gonzalo Carta, quien estaba a cargo de los procesos contra Tomás Zerón, Jesús Murillo o Gualberto Ramírez; y Elena Jaloma, encargada del área de análisis de contexto.
Lo más reciente desde la FGR es la reaprehensión de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien se había convertido en testigo protegido en 2019, y que bajo el seudónimo de Juan declaró que policías de Iguala y otros municipios cercanos, agentes estatales y militares, repartieron a los 43 en diferentes grupos para entregarlos a Guerreros Unidos.
Otro “avance” es la detención, a finales de agosto pasado, de tres personas presuntamente implicadas en el ataque y relacionadas con Erick Román Fernández, un cacique del área de Apetlanca, en Guerrero, punto recurrente en las búsquedas de los investigadores sobre el terreno estos años. Conocido como “El Ranchero”, sería integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, y su nombre aparece en el tercer informe del GIEI, pues justamente “El Gil” lo señala como miembro del segundo escalafón de mando de la organización.
LO QUÉ PASÓ AL INICIO
Lo cierto es que la negligencia de la Fiscalía en el caso Ayotzinapa no comenzó con Gertz Manero. Fue desde que Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón tomaron la investigación en octubre de 2014 que este caso comenzó con el fracaso.
La cadena de negligencias y omisiones de la FGR, entonces PGR, comenzó con el hallazgo del hueso de Alexander Mora, en octubre de 2014, en el Río San Juan, porque con esto comenzaron las diferencias con los grupos de expertos y fue la base de lo que construyeron, la “verdad histórica” que, pese a los 10 años que ya pasaron, sigue su sombra sobre la investigación.
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