Redacción El Coahuilense
Por Gonzalo Villanueva / CEDIL
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora cada 30 de agosto para destacar la gravedad de un fenómeno complejo que desgarra la cohesión social de las comunidades afectadas.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, este acto se define como “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra manera de privación de libertad, perpetrada por agentes del Estado o grupos que actúan con su autorización o apoyo, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento del paradero de la persona, sustraída así de la protección legal”.
No sólo las víctimas directas y sus familias sufren, sino que las desapariciones forzadas erosionan la confianza social y fomentan la desestabilización de la comunidad, ya que son utilizadas como herramientas de terror.
La desaparición en México
Desde el 1 de enero hasta el 26 de agosto de 2024 se han reportado en México 18 mil 448 desaparecidos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
De esta cifra, ocho mil 273 aún no han sido localizados.
Los estados más afectados incluyen el Estado de México, con tres mil 858 casos; Nuevo León, con mil 838; la Ciudad de México, con mil 668; Puebla, con mil 448, y Michoacán, con 882 desaparecidos. En Coahuila se han registrado 80 desapariciones, de las cuales 68.75% siguen sin resolverse.
Impactos de primera mano
Las consecuencias para las familias de las víctimas son devastadoras, experimentan una ruptura de su vida cotidiana enfrentando un estado de angustia y desesperación constante.
Algunas investigaciones muestran que estas consecuencias psicológicas se originan ante la incertidumbre de no saber si su ser querido vive, donde está o qué tratos ha recibido.
Además, en muchos casos la familia pasa por una reconfiguración de los roles en su estructura. Ante la ausencia, algunos hijos asumen el papel de padre o madres que se convierten en el sostén económico.
Al mismo tiempo, y de manera inevitable, muchas familias ven minados sus proyectos de vida. Sus planes y expectativas se ven profundamente afectados volcando la vida familiar en la búsqueda del desaparecido.
Esto lleva a la degradación de su calidad de vida, sobre todo porque no se puede negar el impacto económico, y la marginación social de la familia serán constantes en su cotidianeidad.
Impactos sociales
Es innegable que estas dinámicas de violencia social generan desconfianza y aislamiento, rompiendo vínculos comunitarios. Esta situación puede llevar a la movilización social. Pese al miedo y la represión, las desapariciones forzadas a menudo provocan una respuesta de resistencia.
Los familiares, en particular las mujeres, suelen liderar movimientos para exigir respuestas y justicia, convirtiéndose en defensores de derechos humanos que desafían el silencio y la impunidad.
Las movilizaciones no sólo buscan la verdad sobre el paradero de los desaparecidos, sino que también trastoca las narrativas oficiales al mismo tiempo que señala las estructuras de poder que permiten estas violaciones a los derechos humanos.
Las desapariciones forzadas también tienen implicaciones políticas significativas. Históricamente han sido utilizadas como una estrategia de represión política para silenciar a opositores y controlar a la población.
En contextos de conflicto interno o bajo regímenes autoritarios estas prácticas se intensifican, reflejando un uso sistemático del poder estatal para mantener el control social.
Perspectiva de Derechos humanos y desafíos metodológicos
El esclarecimiento de casos relacionados con la desaparición forzada se ve obstaculizado con diversos factores, algunos de tipo ideológico y otros que se desbordan en el medio empírico.
En primera instancia, el derecho a la verdad es esencial para esclarecer las circunstancias de las desapariciones y conocer el paradero de las víctimas, lo que demanda una reparación integral tanto para ellas como para sus familias, abordada desde una visión social.
Sin embargo, muchos casos quedan sin denunciar, alimentando el subregistro y dificultando un panorama claro del problema.
Además, el acceso a información oficial se encuentra cada vez con más obstáculos, especialmente en zonas de conflicto, lo que agrava la situación. A todo esto, se suma el riesgo inherente que enfrentan los investigadores y las fuentes al intentar desenterrar la verdad.
Las desapariciones forzadas no son sólo cifras frías en un reporte; son una herida abierta en el tejido de la sociedad.
Cada persona desaparecida representa una historia truncada, una familia rota, una comunidad marcada por el miedo y la desconfianza. En México el fenómeno ha alcanzado niveles alarmantes, desafiando la capacidad del Estado para ofrecer respuestas, justicia y reparación.
Pero más allá de la tragedia, las familias de las víctimas han demostrado una fuerza incesante partiendo del dolor para llevarlo a la lucha y resistencia. El pasado 30 de agosto no sólo se conmemoró el dolor de quienes no están, sino también la determinación de quienes, pese los riesgos y obstáculos, insisten en exigir verdad y justicia.
En última instancia el país no podrá caminar hacia el desarrollo socioeconómico mientras la verdad permanezca oculta y la impunidad prevalezca; sólo la transparencia, el compromiso y la responsabilidad estatal pueden devolver la dignidad perdida a las víctimas y restaurar la confianza en nuestras instituciones.
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