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Ciudad de México.- Este 16 de noviembre José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se disculparía con las familias de cuatro mujeres víctimas de feminicidio y desaparición en la entidad. Sin embargo, el evento fue cancelado horas antes sin razón alguna, dándose a conocer la noticia por medio del personal de transporte que llevaría a las madres hasta la sede de la dependencia en Toluca y no por las autoridades responsables de dicho acto de reconocimiento a las distintas negligencias y omisiones que han sufrido las familias en su búsqueda de justicia.
El acto de reconocimiento y disculpa pública forma parte de la reparación al daño hacia las víctimas y fue impulsado por la organización Amnistía Internacional a raíz del informe Juicio a la Justicia, en el que se documentaron las deficiencias en las investigaciones penales y la revictimización que ha obstaculizado el acceso a la justicia para las mujeres en el Edomex.
En esta ocasión el fiscal José Luis Cervantes Martínez se disculparía con María Antonia Márquez, mamá de Nadia Muciño Márquez (asesinada en 2004); Laura Curiel, mamá de Daniela Sánchez Curiel (desaparecida en 2015); Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio (asesinada en 2017) y Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde (víctima de feminicidio en 2018).
“Burla y simulación hemos recibido por parte de las autoridades”, acusó Lidia Florencio, madre de Diana Velazquez Florencio, víctima de feminicidio en el Estado de México, tras enterarse de la cancelación de la disculpa pública por tercera ocasión, pues el acto ya ha sido reprogramado en diversas ocasiones.
“Hoy estoy aquí indignada y pidiéndole al fiscal que dé la cara y nos diga por qué no nos da esa disculpa que se merecen nuestras hijas por las violaciones que ha cometido el Estado y sus instituciones. Hoy estoy aquí exigiendo justicia y reparación integral del daño, no me voy a cansar pese a todo lo que hagan con mi persona, aunque me intimiden, voy a exigir justicia”, afirmó Lidia Florencio frente a las instalaciones de la FGJEM, donde se llevaría a cabo el acto de reconocimiento.
Diana Velázquez fue asesinada en 2017. La joven fue privada de su libertad, agredida sexualmente, asesinada y abandonada en un terreno baldío en el municipio de Chimalhuacán.
Las autoridades localizaron el cuerpo de Diana con signos de violencia el mismo día que desapareció; sin embargo, como primer registro de su incapacidad, ingresaron el cadáver como si fuera el de un hombre, lo que provocó que por varios días su familia se mantuviera en la incertidumbre.
Una vez identificado el cuerpo de Diana, las autoridades impusieron obstáculos por trámites burocráticos para hacer una exhumación del cuerpo, además se «perdió» la ropa que la joven llevaba el día de su feminicidio. Por estas omisiones, Lidia Florencio caminó y exigió por años para conseguir que el caso de su hija fuera investigado como feminicidio.
Entre retrasos, información incorrecta, omisiones y revictimización, el pasado mes de enero fue sentenciado uno de los feminicidas de Diana. Sin embargo, otro agresor continúa prófugo.
“La dignidad de mi hija, de mi familia y de todas las familias me ha traído hasta aquí. Es demasiado indignante todas las violaciones a nuestros derechos, a los derechos de nuestras hijas para acceder a esa verdad y justicia. Es preocupante cómo nos siguen tratando las autoridades encargadas de procurar justicia. Nosotras tenemos más de cinco años caminando porque el estado le falló a Diana, las instituciones le fallaron a Diana, los fiscales, los Ministerios Públicos, todos los policías le fallaron a Diana cuando la encontraron tirada como si fuera una basura en esa calle que los asesinos decidieron dejarla”, sentenció la madre.
FGJEM no explica por qué canceló el acto de reconocimiento
A través de un escueto comunicado dado a conocer a las 11:09 del 16 de noviembre -una hora después de la que se tenía agendada la disculpa pública- la Fiscalía del Estado de México anunció la cancelación del acto de reconocimiento sin dar mayores detalles de los motivos.
Para Norma Bautista, asesora jurídica del caso Julia Sosa Conde, “la Fiscalía volvió a cerrar las puertas de la justicia a las familias”:
“Hoy la familia no está aquí precisamente porque se siente agraviada por la cancelación a pocas horas de llevarse a cabo. Hoy esperaban tener un poco de paz para escuchar que las autoridades reconozcan los atropellos que tienen en los casos. Es una falta de respeto y falta de atender los compromisos internacionales que tienen en la materia y es una nueva vulneración hacia estas familias que hoy han tenido que pasar por lo inimaginable para que las autoridades dieran respuestas y lo único que tenemos son cerrazones y más deficiencias, se vuelve a poner en tela de juicio si de verdad se investiga con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos. Creo que hoy que estamos aquí es el más claro ejemplo de que no se hacen las cosas como deberían”, afirmó.
El 16 de octubre de 2018 Julia Sosa salió de su casa en el municipio de Ozumba, Edomex, y no volvió. Sus hijas intentaron denunciar su desaparición, pero las autoridades les dijeron que no podían interponer una denuncia debido a que aún no habían pasado 72 horas. Cuatro días después se presentó la denuncia formal; sin embargo, no se llevaron a cabo las acciones de búsqueda adecuadas.
Las hijas de Julia tomaron en sus manos la búsqueda y el 23 de octubre llegaron hasta la pareja de su madre, quien les entregó las llaves del rancho donde ella trabajaba.
Empezaron a excavar hasta que encontraron una sábana, que identificaron como de su madre, y vieron una parte de un cuerpo humano, por lo que decidieron llamar a las autoridades. Sin embargo, les dijeron que no podían acudir porque «no tenían personal suficiente», así que las hijas de Julia se quedaron toda la noche resguardando el lugar.
Hasta el día siguiente, a las dos de la tarde, llegó al rancho un agente de la policía municipal para resguardar el lugar hasta la llegada del personal del Ministerio Público, quienes acudieron a las 17:30, casi 21 horas después del aviso. Las autoridades siguieron la excavación y confirmaron el hallazgo de una persona sin vida, las hijas de Julia confirmaron que se trataba de su madre.
Ese día también fueron informadas de que la pareja de su madre se había quitado la vida. Pero las hijas de Julia tienen indicios de que en el feminicidio de su madre participó una segunda persona. Para la Fiscalía el caso se cerró y no hubo nada más qué investigar. “Ya se murió, ya se murieron los dos, así que se quede”, expresaron las autoridades mexiquenses.
Disculpas públicas, obligación del Estado
Las disculpas públicas además de estar incluidas en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), explica Amnistía Internacional, “también están incorporadas en diversas leyes mexicanas: Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución Mexicana”.
Por ello, el hecho de que actos de reconocimiento como este sean cancelados, representa una grave violación a los derechos de las mujeres desaparecidas y asesinadas y hacia sus familias.
“Hoy debería ser un acto de memoria y justicia, mi hija es una mujer, no una cifra, hoy no está. Corroboro que al Estado no le interesa ella ni ninguna otra mujer desaparecida y asesinada. Estoy aquí para exigir justicia, hemos sufrido la omisión del Estado, hoy esperábamos este reconocimiento, pero no hay una respuesta certera, concreta de humanidad”, afirmó Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, víctima de desaparición y de un posible feminicidio en 2015.
Daniela Sánchez Curiel tenía 20 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla, Estado de México. Hasta el día de hoy, Daniela sigue desaparecida. Su familia está convencida de que fue víctima de feminicidio a manos de una anterior pareja suya, quien la agredía físicamente.
Cuando la madre de Daniela intentó dar seguimiento a la búsqueda de su hija tras interponer la denuncia, se encontró con autoridades descoordinadas, al grado de que tardó una semana en localizar al servidor público a cargo de la investigación.
A pesar de que Daniela desapareció en marzo, en la carpeta de investigación no constan diligencias hasta el mes de julio. Asimismo, no fue hasta seis meses más tarde que las autoridades empezaron a recabar entrevistas a personas cercanas a Daniela. Tampoco se trató de geolocalizar su teléfono, ni el de su expareja. Por otra parte, debido a un mal resguardo de los indicios por parte de las autoridades, se perdieron evidencias.
La familia de Daniela ha recibido amenazas por parte de la familia del hombre de quien sospechan, por lo que se vieron en la obligación de reubicarse en diversas ocasiones. Sin embargo, la protección que la familia ha recibido por parte de las autoridades es insuficiente. En medio de este panorama, continúan sin saber dónde está Daniela.
Estado de México: foco rojo de violencia feminicida
El Edomex, entidad que cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ha registrado en este año un total de 298 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 101 se investigan como feminicidio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Lo anterior revela que las autoridades de la entidad mexiquense no hacen lo propio para catalogar de manera adecuada un feminicidio y describir que una mujer fue asesinada, tal como ocurrió en el caso de Nadia Muciño Márquez, víctima de feminicidio en 2004.
En la primera fase de la investigación la Fiscalía sostuvo que Nadia se había suicidado, sin considerar la posibilidad de un asesinato y la violencia pre-existente contra ella por parte de su entonces esposo.
A pesar de ello, la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación solicitó que se girara una orden de aprehensión en contra de la pareja de Nadia y su hermano, la cual se emitió el 30 de marzo de 2005. Sin embargo, en 2009 se condenó al cuñado de Nadia y fue absuelto un año después debido a que los magistrados consideraron que los testimonios de los niños -hijos de Nadia- eran “fantasiosos” y no tenían valor.
En el año 2012, ocho años después del asesinato, el esposo de Nadia fue detenido y condenado en 2017 por el delito de homicidio, debido a que en 2004 -año en que se perpetró el asesinato- todavía no existía el tipo penal del feminicidio.
“La familia de Nadia manifiesta que fue amenazada en numerosas ocasiones por parte de la familia del esposo de Nadia a lo largo de todos estos años. La protección que recibieron por parte de las autoridades mexiquenses fue insuficiente, hasta tal punto que la familia tuvo que ser desplazada de su hogar y actualmente viven en otra casa por temor a las represalias. Debido a las deficiencias cometidas en la investigación del feminicidio de Nadia, el caso sigue parcialmente impune y la familia no ha recibido una reparación suficiente”, sentencia Amnistía Internacional.
Con la cancelación de la disculpa pública por estos casos, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, destaca que nuevamente se muestra la indolencia hacia las familias que han luchado por años invirtiendo recursos y tiempo, arriesgando su seguridad e incluso su vida, en la búsqueda de justicia.
“La autoridad justamente se disculparía por las deficiencias registradas en las investigaciones de cada uno de los casos y por los maltratos a que han sometido a las familias. La cancelación de la disculpa pública se suma a estos actos de violencia institucional que la institución de procuración de justicia ha cometido hacia las familias de las víctimas de feminicidio”, sentenció Olivares Ferreto.
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