Caso Topo: Violencia y acoso sexual al amparo de las redes del poder

octubre 16, 2024
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Por Kristel Reyes 

A eso de las 8:20 de la noche del viernes 4, Aldo “N”, ex diputado federal por el PRI y director de Asuntos Municipales del gobierno de Coahuila, marcó por teléfono a su esposa. En la llamada ella le preguntó si estaba tomado y eso lo hizo enojar: le gritó e insultó. Ella decidió colgar.

El teléfono sonó repetidas veces, pero la mujer optó por no responder. Aldo “N”, conocido por su sobrenombre de El Topo, llegó a su casa unas horas después. Iba enfurecido. Encaró a su esposa: le dijo que se tomó siete tequilas, que andaba con sus jefes y que ella no tenía derecho a controlarlo. 

Los gritos derivaron en insultos. Ella intentó alejarse, él no la dejó levantarse del sillón donde se encontraba. La intimidaba, le gritaba en la cara y ella le respondía que se quitara, que la dejara. En eso, él la sujetó de los brazos, la tiró al piso y la inmovilizó… Entonces comenzaron los golpes. 

Quedó herida en el suelo del cuarto de las niñas. Lloraba. Aldo entró de nuevo al cuarto. Le gritaba: “¿Si me entiendes?”. Como ella no respondía, le arrebató el celular. Ella se defendió fugazmente para luego ser víctima de un ataque aún más violento.

Cuando Aldo “N” cesó de propinarle golpes, ella buscó la forma de salir de la casa, ubicada en el fraccionamiento Real de Peña, en el norte de Saltillo. 

Alcanzó a tomar las llaves de su camioneta. Se subió en ella y avanzó por la calle. Unos metros más adelante encontró a un grupo de personas. Como ella no llevaba su celular, les pidió que marcaran a la policía, según contó la víctima en su testimonio judicial al que tuvo acceso El Coahuilense Noticias y cuya descripción puntual de lesiones se omite para evitar la revictimización de la mujer agredida. 

Al llegar los policías municipales la encontraron muy golpeada; todavía sangraba. Eran como las 11:30 de la noche. Los agentes ingresaron al domicilio. Encontraron a Aldo “N” sentado en una silla. 

Estaba “ebrio completo”, según certificó posteriormente el forense. Se resistió al arresto. Agredió verbalmente a los policías, les exigió una orden judicial y, en una ostentación de poder, los amenazó con que serían despedidos. Los agentes le colocaron las esposas a la fuerza y se lo llevaron en una patrulla.

El lunes 7 la edición vespertina de la columna Palacio Rosa del periódico Zócalo de Saltillo dio a conocer el caso.  Ese mismo día el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que Aldo “N” había sido dado de baja como director de Asuntos Municipales del gobierno de la entidad.

Juicio universitario

El miércoles 9 –cinco días después de la detención de Aldo “N”– El Coahuilense Noticias dio a conocer en su columna Círculo Rojo que este ex diputado federal priista también es investigado por el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) por una denuncia de acoso sexual a una estudiante de primer año de la Facultad de Jurisprudencia, donde era profesor. 

El proceso en la UAdeC comenzó con la presentación de pruebas, las cuales incluyen mensajes de WhatsApp en los que El Topo solicita fotografías íntimas a la alumna menor de edad a cambio de una buena calificación. 

Por la noche del miércoles 9 de octubre, la Facultad de Jurisprudencia emitió un breve comunicado en donde informó la baja “temporal” de un maestro por acoso; sin embargo, dicho comunicado no especificó el nombre del docente.

El jueves 10, en conferencia de prensa, el secretario general de la universidad, Víctor Manuel Sánchez Valdés, y la titular del Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, Nadia Libertad Salas Carillo, confirmaron que, efectivamente, el profesor que fue dado de baja era Aldo “N”. 

También informaron que el caso está bajo investigación, como lo establece el protocolo de la universidad, el cual dispone medidas como la amonestación, una disculpa pública o privada, la suspensión temporal o definitiva del docente y la prohibición de ocupar cargos de elección dentro de la institución.

El proceso de investigación dura de 17 a 32 días hábiles, en los cuales el docente señalado de acoso sexual no podrá acceder a las instalaciones de la facultad a dar clase con el fin de que los derechos de la o las víctimas no sean vulnerados. 

La titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas, mencionó que en la UAdeC hay 42 casos de acoso, abuso o agresión sexual que siguen bajo investigación, de los cuales 30 tienen como víctimas a alumnas. Del total de casos, la Facultad de Jurisprudencia concentra el 10% de las denuncias existentes en la universidad.

Vinculación a proceso 

El equipo legal que defiende a Aldo “N” está integrado por su hermana, Alegría Martínez; el penalista Adolfo Ramos Vázquez; y Anel de la Rosa Padilla, ex empleada del Centro de Empoderamiento para las Mujeres. 

Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo el 7 de octubre, la defensa intentó evitar que El Topo ingresara al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo. Sin embargo, la juez especialista en casos de violencia familiar, Elisa Anaid Salinas López, le impuso prisión preventiva como medida cautelar, pues dictaminó que la víctima corría riesgo ya que el agresor conoce el domicilio de familiares o amigos en donde ella pudiera refugiarse. Esa misma tarde el ex funcionario ingresó al Cereso Varonil de Saltillo. 

El viernes 11 se realizó la audiencia de vinculación a proceso contra Aldo “N”. Su abogada y hermana, Alegría Martínez, trató de demeritar a la abogada defensora de la víctima. 

Argumentó que “ella no contaba con las credenciales suficientes para tratar el caso, pues no cuenta con una cédula profesional y carece de conocimiento sobre asuntos de violencia familiar”. 

Después de una breve discusión, la asesora jurídica pública, Alejandra Dimas, recalcó que eso no era razón suficiente para que ella abandonara el caso y desmintió la acusación de no tener una cédula profesional.

Después de esto Alegría Martínez le pidió a la juez que el ahora imputado no fuera vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar o psicológica, ya que la defensa “no contaba con pruebas contundentes” que demostraran la culpabilidad de Martínez. 

En lugar de ser acusado por estos delitos, Alegría pidió que sólo fuera acusado por violencia patrimonial y arguyó que como la defensa de la víctima no podría comprobar este último, solicitaba que lo dejaran en libertad.

Sin embargo, la defensa de la víctima ofreció un dictamen médico físico y psicológico, así como testimonios sobre el actuar violento de El Topo, entre ellos, había entrevistas con sus hijas. 

La juez mantuvo la medida de prisión preventiva, vinculó a proceso a Aldo “N” por los presuntos delitos de violencia familiar, violencia patrimonial y violencia psicológica, y otorgó un plazo de investigación de tres meses que se cumplen el 11 de enero del 2025. 

Mientras tanto El Topo deberá permanecer en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, lo que fue ratificado este martes 15 de octubre, en la audiencia para revisar la medida cautelar. 

Palancas y antecedentes 

Aldo “N” es ampliamente conocido en el ámbito político y jurídico de Coahuila debido a su trayectoria ligada al PRI. Es justo por ello que su caso se convirtió en un escándalo.

A principios de siglo, Aldo “N” asumió la dirigencia estatal juvenil priista. Como diputado federal suplente tuvo la suerte de asumir una curul por un año, de 2005 a 2006. 

Desde entonces, ocupó diversos cargos de mediana relevancia en el gobierno estatal, siempre ligado al hoy exsecretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández.

Durante la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís, De las Fuentes Hernández promovió al Topo como director de Asuntos Municipales en la Secretaría de Gobierno. 

Con el cambio de sexenio, permaneció en el cargo en paralelo a su involucramiento directo en la política de la UAdeC, donde se desempeñaba como catedrático desde hace tres años.

Entre las tareas partidistas y universitarias, el grupo político encabezado por Alfonso Yáñez Arreola y el propio Aldo “N”, ha logrado un posicionamiento importante a lo largo de 25 años. 

Por ejemplo, en el Poder Judicial del Estado, Juan José, hermano de Alfonso, es magistrado; otro integrante del mismo grupo, Iván Garza, es magistrado de la Sala Penal.

Durante el gobierno de Rubén Moreira, Alfonso Yáñez e Iván Garza fueron parte del staff del hoy diputado, al desempeñarse sucesivamente en la secretaría particular; en tanto, Juan José Yáñez fue uno de los principales funcionarios en la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Al finalizar el gobierno, ambos fueron beneficiados: Juan José e Iván fueron convertidos en magistrados, y este último, como Alfonso, favorecidos con un fiat notarial.

Ya fuera del gobierno, hace cinco años, Alfonso Yáñez consiguió ganar las elecciones a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia y, desde entonces, fue sumando abogados de su grupo político a la planta docente, entre éstos a Aldo “N”, El Topo.

En el contexto de la renovación de la rectoría que en la UAdeC es por elección de la comunidad universitaria -aunque suele presentarse un candidato único-, Octavio Pimentel Martínez, hoy rector de la casa de estudios, enfrentó una denuncia por violencia de género en contra de una expareja quien a la postre se desistió y reveló que había formado parte de una intriga política para descarrilar la postulación de Pimentel. El abogado de la persona era precisamente Aldo “N”.

Ya para entonces, se desempeñaba como director de Asuntos Municipales en la Secretaría de Gobierno, cuyo titular es Óscar Pimentel González, tío del rector. 

Pese a la maniobra contra el sobrino, se le mantuvo en el cargo hasta el pasado lunes, cuando se dio a conocer el llamado “Caso Topo”. Cuestionado sobre la situación laboral de Aldo “N”, el secretario de Gobierno informó que por los hechos del 4 de octubre fue dado de baja el lunes 7. Ese mismo día fue suspendido en la UAdeC por el caso de acoso contra la estudiante menor de edad.

Sobre ese último caso, el Tribunal Universitario anunció que asiste a la joven y sus tutores tanto en la atención psicológica como en la parte jurídica que, al margen de las actuaciones del dicho tribunal, implicaría un segundo caso penal que el exdiputado priista debe enfrentar en los próximos días.

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