Redacción El Coahuilense
Por Gonzalo Villanueva Ibarra / CEDIL
Con apenas unos días desde el cambio de gobierno en México, las opiniones son diversas: por un lado, se celebra la llegada de la primera mujer al cargo político más importante del país; por otro, persisten dudas sobre las reformas estructurales y las políticas de seguridad implementadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Analizar la incidencia delictiva en este contexto permite evaluar el legado del sexenio y sus impactos en la calidad de vida de la ciudadanía.
La incidencia delictiva en números
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de AMLO, a septiembre de 2024 (este último mes con cifras preliminares), se han contabilizado 11 millones 848 mil 56 víctimas de algún delito del fuero común.
Los años 2022 y 2023 registraron las cifras más altas, superando los dos millones de víctimas anuales cada año, y para 2024 la tendencia parece mantenerse en niveles similares.
Violencia familiar: un aumento preocupante
La violencia familiar fue uno de los delitos con mayor número de carpetas de investigación en el sexenio de AMLO. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2024 se abrieron un millón 441 mil 838 carpetas por este delito.
El incremento mensual es significativo: en 2018 se reportaron en promedio 15 mil 15 denuncias por mes, mientras que para 2024 esta cifra aumentó a 23 mil 870 denuncias mensuales. Este aumento sostenido subraya la urgencia de políticas públicas efectivas en este ámbito.
Feminicidio: reducción bajo sospecha
En contraste con la violencia familiar, los feminicidios muestran una ligera reducción, pasando de 74.9 carpetas de investigación mensuales en 2018 a un promedio de 65.4 en 2024. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil cuestionan estas cifras, sugiriendo que muchas fiscalías podrían estar subregistrando casos.
La falta de confianza en los datos oficiales refleja un desafío persistente en la transparencia y precisión de las estadísticas de violencia de género.
Delitos patrimoniales y homicidios dolosos
En cuanto a los delitos contra el patrimonio, se observó una reducción en el sexenio saliente: de un promedio de 89 mil 752 denuncias mensuales en 2018, las cifras preliminares de 2024 muestran un descenso a 74 mil 522 por mes.
Por otro lado, la variación en los homicidios dolosos fue mínima, con una tasa que pasó de 13.17 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2018 a 12.94 en 2024, lo que sugiere que, pese a los esfuerzos, los avances en la reducción de este delito han sido limitados.
Coahuila, un caso de excepción
En el caso de Coahuila los datos del SESNSP indican reducciones significativas en las carpetas de investigación por homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, extorsiones, robos a casa habitación, robos de vehículo y robos a transeúnte, en comparación con 2018.
Sin embargo, es importante destacar que este estado sigue liderando en tasas de violencia familiar, narcomenudeo y amenazas a nivel nacional.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), es común que los habitantes de Coahuila reporten conductas delictivas o antisociales como consumo de alcohol y drogas en la calle, robos, pandillerismo y venta de drogas en las inmediaciones de sus hogares.
Hacia dónde mirar con el gobierno federal entrante
El desafío para el nuevo gobierno federal será revertir la percepción de inseguridad y desconfianza en las instituciones.
En 2023 la ENVIPE registró que se destinaron 91.7 mil millones de pesos en medidas preventivas contra los delitos en todo el país, abarcando desde la instalación de cercas y circuitos cerrados de vigilancia hasta acciones conjuntas con vecinos.
Sin embargo, la cifra negra se mantiene alta: en 2023 sólo 7.1% de los delitos fueron denunciados y se iniciaron carpetas de investigación, lo que implica que en 92.9% de los casos las víctimas no denunciaron.
Entre las principales razones se encuentran la sensación de pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades.
En este contexto, las preocupaciones principales de la población giran en torno a la inseguridad, la escasez de agua, el aumento de precios, la salud y el desempleo.
El nuevo gobierno deberá priorizar políticas públicas que refuercen la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia, para así lograr un avance real en la percepción y en la realidad de la seguridad pública en México.
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