El Coahuilense Noticias
Ciudad de México.- “De todos los crematorios que hemos encontrado en el país, este es uno de los que más duelen”, dice Ceci Flores, madre buscadora en un tuit tras el hallazgo del que está ubicado en La Comaya, Nogales, Sonora.
Aunque las madres buscadoras reportaron el hallazgo de esta fosa desde hace un año —la cual ha sido encontrada activa al menos seis veces en el transcurso de los últimos meses—, las autoridades la atendieron apenas el pasado domingo 22 de septiembre.
Actualmente, las autoridades mexicanas encargadas de localizar a las 115 mil 435 personas desaparecidas y no localizadas en el país —de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)— no saben cuántas fosas clandestinas hay en el territorio mexicano, así lo revela la Plataforma Ciudadana de Fosas, la cual señala inconsistencias entre los registros oficiales de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).
Mientras la FGR reconoce la existencia de 587 fosas clandestinas en México, registradas de 2006 a junio de 2023, las fiscalías locales contabilizan un total de 4 mil 565.
En promedio, se calcula que 18 mujeres desaparecen diariamente en México entre 2008 y 2023. De estas, el 21 por ciento aún no se conoce su paradero, resaltó la ex comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en 2023.
“No son cifras: son vidas suspendidas mientras sus familiares, mayormente mujeres, las buscan sin cesar”.
Cuidar la vida de quienes buscan
En medio de esta crisis humanitaria las mujeres han tenido un papel protagonista en la búsqueda de sus familiares, enfatizan Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, organizaciones detrás de la Plataforma Ciudadana de Fosas.
“Las familias, mayoritariamente mujeres, madres, hermanas e hijas, son quienes indagan sobre el paradero de sus seres queridos y siguen el rastro de sus huellas, poniendo en riesgo su integridad física y psicoemocional”.
Muestra de ello es el video que Ceci Flores —madre buscadora que junto a otras mujeres y familias han localizado alrededor de 3 mil mujeres y hombres desaparecidos en fosas clandestinas—, compartió el día de ayer en redes sociales denunciando que en los últimos días ha sido víctima de amenazas, mismas que reportó a las autoridades sin recibir respuesta.
“Yo le digo a las personas que me amenazan continuamente que no me desaparezcan, porque yo no quiero que en mi familia haya una dinastía de madres buscadoras; yo no quiero que mis hijas se conviertan en madres buscadoras […] por lo cual les pido y les suplico a las personas que me amenazan constantemente que me van a matar, que si me van a matar me dejen en un lugar donde mi familia me localice, que no me desaparezcan”, señaló Ceci Flores.
De acuerdo con información de InSight Crime, al menos 15 Madres Buscadoras han sido víctimas de homicidio de 2010 a 2022, mujeres quienes además de enfrentar la pérdida de sus seres queridos, sortean la violencia del crimen organizado.
Ellas dedican horas de trabajo a su búsqueda y suplen la labor que el Estado mexicano no realiza. Las madres buscadoras no reciben más que información inconsistente de las instituciones federales que buscan a toda costa y estructuralmente, como expuso Artículo 19, blanquear sus cifras.
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Entre las desapariciones de madres y mujeres buscadoras que cimbraron al país se encuentra el caso de Lorenza Cano Flores, oriunda de Guanajuato, quien en la búsqueda de su hermano desaparecido fue secuestrada por hombres armados que ingresaron a su casa en la colonia Ampliación El Cerrito, en el municipio de Salamanca, el lunes 15 de enero alrededor de las 10 de la noche.
Al momento de que Lorenza fuera privada de la libertad, Miguel y Miguel Ángel, su esposo e hijo y quienes estaban de visita en Salamanca, fueron asesinados. Dos meses después, el yerno de Lorenza también fue asesinado.
Frente a esta ola de violencia que desaparece y secuestra sin piedad a mujeres, hombres e infancias, las mujeres, madres y familias buscadoras son quienes cargan el peso de su desaparición; la angustia de no encontrar a sus “tesoros” como ellas les llaman, es parte del calvario que tienen que soportar en un país en el que, en promedio, desaparecen 14 personas al día.
“El miedo más grande de una madre con hijos desaparecidos es partir de este mundo con los brazos vacíos y mi miedo más grande es partir de este mundo sin volver a ver a mis hijos sin cumplir esa promesa que he hecho de buscarlos hasta encontrarlos”, dijo Ceci Flores en un post de X (antes Twitter) frente a las amenazas que actualmente vive por buscar a sus seres queridos y denunciar el crematorio clandestino que por meses intenta desaparecer el la vida.
La fosa de Sonora
Medios locales de Sonora reportaron el martes 11 de junio que el grupo de Buscadoras de la Frontera de Nogales AC, así como el grupo Jóvenes Buscadores de Sonora denunciaron a las autoridades esta fosa clandestina en meses pasados. Gracias a esto, fue posible rescatar los restos de al menos cuatro personas, detalló Ceci Flores en entrevista con Cimacnoticias.
Desde entonces, varias personas con familiares desaparecidos se han acercado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora para iniciar identificación de los cuerpos que permanecían desconocidos hasta ese momento.
Con respecto de este hallazgo, madres buscadoras denuncian que este es un ejemplo más de que existen fosas y crematorios clandestinos donde desaparecen personas en distintas partes del país y no son atendidos por las autoridades correspondientes de raíz, pues se debe excavar el pozo, sacar los cuerpos arrojados en el lugar y taparse definitivamente para que no sean usados de nuevo.
“En un año ese crematorio se descubrió al menos seis veces. Las autoridades iban, enfriaban el pozo, exhumaban algunos restos que quedaban ahí y ya, lo seguían dejando así. Constantemente íbamos a ese lugar y se encontraba nuevamente el pozo ardiendo y con restos adentro. Ante tal situación y la magnitud del problema que miramos que había porque ni las autoridades no podían sostener esa situación, hice la petición al presidente para que nos ayudara con la maquinaria y la herramienta necesaria para que no hubiera repetición en ese pozo y no se calcinara a ninguna persona más. Lo bueno que nos la dieron [la herramienta] rápidamente y ahora ya quedó tapado ese pozo”, mencionó Ceci Flores.
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Esto lo comentó Ceci Flores en entrevista, pero no fue hasta que ella solicitó la petición de cerrar el pozo a presidencia que las autoridades hicieron algo al respecto, pues aunque ella y otras madres denunciaran su existencia no podían hacer nada más que observar la escena por falta de equipo para excavar.
“¿Qué podemos hacer ante esta situación? No podemos hacer más que oler a nuestros seres queridos quemándose”, dijo en su momento.
“La Fiscalía General de la República sigue en incumplimiento de crear un registro oficial de fosas clandestinas y comunes” afirma Fernanda Lobo, asociada de investigación de la Ibero, en la conferencia del 14 de agosto de 2024 “Actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala que la FGR debe crear esa base de datos, pero ésta no ha sido realizada. Por su parte la Comisión Nacional de Búsqueda tiene su propio registro de fosas clandestinas, pero éste se encuentra incompleto y desactualizado, señala Lobo.
Ante esta opacidad por parte del gobierno mexicano, la sociedad civil decidió recabar información oficial de fosas clandestinas vía transparencia. Los tres estados con más fosas halladas de 2006 a junio de 2023, según fiscalías locales, son Sonora (750), Veracruz (548) y Tamaulipas (475). Mientras que el estado con más registros por parte de la FGR es Guerrero (229).
Lo anterior ha contribuido a recrudecer la crisis forense en México, reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunció la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atender lo que llamaron la “crisis forense”.
Ejemplo de esta crisis que afecta a las víctimas en este país es el caso de Virginia de la Cruz en Zacatecas, cuando el pasado 17 de julio, expuso las graves fallas del sistema forense mexicano.
Desde hacía 8 meses que buscaba a José, su hijo, las autoridades no avanzaban en la investigación y para ella, se convirtió en una rutina asistir y llamar al servicio médico forense (Semefo). La respuesta durante esos meses fue negativa.
José desapareció un 23 de noviembre, por lo que Virginia, quien se desempeñó como policía al servicio del estado zacatecano durante toda su vida, sabía bien el protocolo e interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero nadie le avisó que su hijo había llegado a ese sitio a los pocos días de desaparecer.
Nadie se comunicó con Virginia durante los ocho meses que permaneció su hijo en el Semefo.
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