Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Saltillo, Coahuila.- Relacionados con las élites políticas, favorecidos por gobernadores que al final de cada sexenio suelen emitir fiats notariales, un grupo de notarios enfrenta procesos judiciales que ponen en la mira de la opinión pública sus relaciones con autoridades estatales y grupos inmobiliarios.
Por denuncias del Infonavit, así como de particulares que han sido víctimas de algún abuso o por prácticas ilegales, cinco notarios públicos de Coahuila enfrentan procesos administrativos, civiles y, en al menos un caso, penales.
Fue a partir de la suspensión por cuatro meses al notario público No. 47, del Distrito Notarial Saltillo, Sergio Alberto Mier Elías, que se desató el escándalo en el sector, luego de que el 18 de octubre se publicara la sanción en el Periódico Oficial del Estado.
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El asunto se mantuvo ajeno a la opinión pública hasta que el pasado 25 de octubre la columna Círculo Rojo, de El Coahuilense Noticias, dio a conocer los pormenores del caso y la sanción, cuya relevancia radica en los nexos del fedatario con una poderosa red relacionada con la política, lo registral, la fe pública y el sector inmobiliario.
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Mier Elías es hijo de Sergio Mier Campos, director general del Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial.
Conocido como el Quecho, el funcionario ha hecho huesos viejos en ese cargo que es clave para el sector inmobiliario y los intereses ligados a la tenencia de la tierra, pues fue nombrado en 2012 y se ha mantenido hasta ahora al amparo de tres gobernadores.
Para reemplazar a Mier Elías fue designado el notario número 11, Armando Javier Prado Delgado, quien hasta hace poco presidió el Colegio de Notarios y es ampliamente conocido por el liderazgo que ejerce sobre un conjunto de poderosos fedatarios públicos que llevan los asuntos de los más influyentes grupos vivienderos.
El caso de Mier Elías, sin embargo, no fue producto de la vigilancia que debe mantener la Dirección de Notarías, si bien el expediente que dio pie a la suspensión fue producto de una visita de inspección que tuvo por antecedente una decisión judicial.
Se trata de la culminación de un litigio iniciado en 2017, cuando Mier Elías emitió una escritura apócrifa para apoderarse de un predio localizado en la localidad de Bella Unión, en Arteaga.
El predio pertenecía a José de los Santos, un conocido vecino de la comunidad, quien lo heredó de su familia, la cual fue dueña de dicho predio por varias generaciones.
La decisión judicial fue la restitución de la propiedad a su dueño, dejando en evidencia la maniobra ilegal del mencionado notario público número 47, lo que obligó a la Dirección de Notarías a iniciar el procedimiento sancionador.
El caso penal
El 15 de octubre, tres días antes de que el Periódico Oficial del Estado publicara la sanción contra Mier Elías, la notaria número 16 del Distrito Notarial Monclova, Ana Laura Márquez Cervantes, fue vinculada a proceso por un presunto desfalco al Infonavit de más de siete millones de pesos.
En 2007 la notaria firmó un contrato con el Infonavit por servicios de anotación de escrituras ante el Registro Público de la Propiedad. Entre 2018 y 2019 el Instituto hizo una revisión y detectó la inscripción de 348 escrituras pendientes de pago.
La dependencia le hizo dos transferencias a Márquez Cervantes por concepto de pago catastral: una en 2016 por de cuatro millones 928 mil 858 pesos y otra en 2019 por dos millones 735 mil 275 pesos, lo que suma siete millones 664 mil 133 pesos. Sin embargo, la fedataria pública no hizo la inscripción correspondiente.
Mediante los sistemas de la Asociación Mexicana de Experiencia del Cliente (AMEC) y el de Titulación Notarial, se constató que las más de 300 escrituras no fueron pagadas o deliberadas. El Infonavit la denunció.
El juez Óscar Cadena vinculó a proceso a Ana Laura Márquez Cervantes por el presunto delito de abuso de confianza al no comprobar las escrituraciones y se otorgó un plazo de investigación de tres meses. Mientras tanto ordenó el retiro de pasaporte y visa para evitar que la notaria salga del país.
Pese a las diversas denuncias y de la medida cautelar, Márquez Cervantes continúa sus actividades como notaria, pues su proceso es penal y no administrativo, ya que para la Dirección de Notarías del Estado de Coahuila no hay elementos de prueba suficientes para suspender su función notarial.
El episodio puso de manifiesto la situación de los notarios coahuilenses en su relación con el Infonavit, pues para 2022 las quejas contra 45 fedatarios implicaban tres mil 640 escrituras no registradas bajo las mismas condiciones de su compañera monclovense.
De acuerdo a la Dirección de Notarías, consultada por El Coahuilense Noticias, un convenio de los notarios con el Infonavit ha permitido regularizar más de la mitad del saldo, de manera que a dos años de distancia quedan unas mil 500 escrituras por resolver.
De las mencionadas mil 500 escrituras, tres notarios del Distrito Notarial de Monclova concentran la mayor cantidad. Se trata de la propia Ana Laura Márquez, notaria 16, con 309 escrituras pendientes de registro; del notario 9, Gilberto Antonio Muela González, con 303 escrituras sin registrar, y del notario 33, Daniel Alton Garza, con 247 escrituras pendientes.
Justicia lenta, impunidad certificada
Hasta ahora el caso más conocido de sanción a un notario data de 2015. Fue la destitución de Jesús Mario Flores Farías, notario 10 de Piedras Negras, Distrito Notarial del Río Grande, por irregularidades en escrituración.
El otrora notario es hijo de Jesús Mario Flores Garza, abogado y político priista que fue alcalde de Piedras Negras, diputado y funcionario estatal, quien se había retirado de la fe pública heredando el fiat a su hijo homónimo.
La sanción no pudo revertirse por más que se intentó darle una salida política para el destituido que finalmente se alcanzó, pero restituyendo el fiat a su padre, quien retomó las funciones en un inusual caso de regreso al notariado gracias a la decisión del entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en 2022.
Los fedatarios públicos pueden ser sancionados por incumplimiento de obligaciones en las siguientes materias: administrativa, impuesta por la Dirección de Notaría en el que las sanciones pueden ser amonestaciones, multas, suspensión o destitución; la penal, en el que los casos de actos u omisiones delictivas quedan sometidas a la jurisdicción de la autoridad penal; y la civil, que por lo general implica restituciones económicas y multas.
Hasta ahora, por los casos de Infonavit, la Dirección de Notarías a cargo de Enrique Flores Ruiz no han derivado en proceso penal, excepto por Ana Laura Márquez. En tanto, hay decenas de quejas que, más allá del Infonavit, fueron iniciadas por particulares.
El notario público 92 de Arteaga, Hugo Aguilar Fernández, no sólo tiene pendiente registrar diez de las 56 escrituras que le reclamó el Infonavit, sino que existen 27 quejas presentadas en su contra por particulares, según datos de la Secretaría de Gobierno.
Es el fedatario que concentra la mayor cantidad de quejas ciudadanas. Ha ido solventando los trámites sobre la mayoría de éstas. Le quedan cuatro expedientes sin resolver.
Pese a su récord, no ha sido sancionado por ninguna vía.
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