Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Aunque México se rige por la distribución entre los tres Poderes de la Unión, actualmente dos de ellos se encuentran en disputa, ambos están liderados por mujeres y están en representación de la transformación política que le espera a México con los cambios que están sucediendo, ellas son: Claudia Sheinbaum Pardo en el Poder Ejecutivo y Norma Lucía Piña Hernandez en el Poder Judicial.
Este conflicto data del sexenio pasado y fue una herencia para Shenbaum Pardo, específicamente desde el nacimiento de la propuesta de Reforma Judicial impulsada por el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde entonces una de las personas que se posicionó como opositora con gran poder fue la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña quien se ha sumado en apoyo al paro indefinido de labores de trabajadoras y trabajadores judiciales.
Sin embargo, ese no ha sido su único esfuerzo de anteponerse a los deseos del Poder Ejecutivo. En febrero de este año, expuso su preocupación a la reforma en medio del Congreso Nacional de la Barra de Abogados, destacando la autonomía que debe tener el Poder Judicial y desafiando públicamente la postura de Andrés Manuel y ahora la de Claudia Sheinbaum Pardo, quien le está dado continuidad al segundo piso de la cuarta transformación.
Norma Piña hace frente al Ejecutivo
La ruptura entre estos dos poderes no comenzó con la Reforma Judicial, sino desde que la SCJN impidió que la Guardia Nacional quedara en manos de la Secretaría de la Defensa (Sedena).
A partir de ese momento, surgieron conflictos con el Ejecutivo que se profundizaron cuando, durante su primer encuentro con Andrés Manuel, durante la Conmemoración de la Constitución de 1917, Norma Piña decidió no ponerse de pie. Este acto provocó el descontento de varios morenistas y más tarde dio paso a una serie de cuestionamientos hacia su capacidad para ejercer el cargo con descalificaciones y acusaciones infundadas que provenían desde el frente Ejecutivo.
Los esfuerzos por desacreditar a Norma Piña en sus funciones como presidenta de la SCJN, han sido varios, ha vivido violencia política en razón de género por parte del ex ministro también de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar quien aseguró que ella había adquirido el cargo gracias a él.
A tan solo dos meses en el poder, 75 mujeres tuvieron que exigir a Andrés Manuel el cese de violencia política que estaba ejerciendo contra la ministra y que estaban fundadas en su género, ya que en ese lapso de tiempo era prematuro evaluar su desempeño.
Más allá de la pelea por la reforma que busca cambiar las reglas del juego en el Poder Judicial, el significado de los ataques se insertan en el siguiente panorama: solo 14 ministras han pasado por la Corte en 200 años y por primera vez hay una mujer que alcanzó el cargo más alto que puede alcanzar una jurista al encabezar uno de los tres poderes que sustentan nuestra democracia.
Sin embargo, lejos de celebrar la ruptura del techo de cristal, desde su toma de posesión hasta el presente, Norma Piña ha recibido ataques del entonces presidente Andrés Manuel y aliados de la 4T que desencadenaron una serie de violencia política en razones de género por no consentir los deseos del Ejecutivo.
La renuncia histórica de ministras y ministros de la Corte
El pasado 15 de septiembre se publicó el Decreto de la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en una norma oficial del país. Ahora gracias a la elección popular se espera elegir juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros; sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración; la modificación en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y nuevas reglas procesales.
El pasado martes 29 de octubre, se anunció que ocho ministras y ministros de la SCJN estarían presentando su renuncia como símbolo de protesta ante los preparativos para poner en marcha la Reforma Judicial. Con esto, dimitieron de participar en el proceso extraordinario 2024-2025.
Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, fue el primero en presentar su renuncia mediante una carta dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores de la República; en ella explicó que debido al Decreto de la Reforma Judicial que acortó su mandato decidió no someterse al proceso de elecciones.
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En el documento resaltó que, aunque está calificado para la judicatura, no se siente preparado para obedecer lo dictaminado por las mayorías, pero que continuará con sus labores hasta la separación de su cargo en agosto de 2025. También aclaró que su renuncia no representa la aceptación de la constitucionalidad de la Reforma Judicial.
El segundo ministro en renunciar fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien remarcó la importancia de una Carrera Judicial para la impartición de justicia. Asimismo, el Senado de la República anunció que 157 jueces y 255 magistrados también declinaron, ya que estarían participando por otros cargos judiciales.
El miércoles, Norma Piña se bajó de la contienda y manifestó su renuncia anticipada e inconformidad por la pronta separación de su cargo. Junto a los tres ministros se fueron Ana Margarita Ríos Fagart, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara, según lo confirmó Gerardo Fernandez Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, cuando le llegaron las ocho renuncias a las 11:05 de la mañana del 30 de octubre de 2024.
La decisión por marcharse ocurre en medio de un paro de labores de funcionarios judiciales que por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debieron regresar a sus actividades el pasado 24 de octubre; el avance prioritario de la nueva reforma de supremacía constitucional, propuesta por MORENA que fue aprobada por la Cámara de Diputados con 340 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención y que busca eliminar los recursos interpuestos para frenar la reforma al Poder Judicial; y las recientes represiones hacia trabajadores que se manifiestan.
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Durante el sexto Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades de la Facultad de Derecho de la UNAM, Norma Piña expresó solidaridad y rechazo el uso de fuerza estatal que se empleó contra 32 juezas y jueces y que terminó con su encapsulamiento en el evento de la Fórmula 1, este fin de semana.
No obstante, también abordó el tema de la permeabilidad y mutación constitucional como parte de la charla. En ella destacó el papel de la Constitución como un “manto de protector de certeza, confianza de seguridad y sobre todo de unión entre las y los mexicanos“ que obliga a las autoridades a respetar y garantizar los seres humanos.
Además, habló de las más de 800 modificaciones que se le han hecho desde su promulgación en 1917 y que han suscitado preocupación sobre su estabilidad y legitimidad, pues una gran cantidad de reformas, que ocurren varias veces al año, es señal de alta flexibilidad. Es decir, que convierte a la Constitución en un documento fácilmente modificable que parece tener el mismo peso que leyes menores.
La propuesta de Juan Luis González Alcántara Carranca
En 1994, la Corte cambió los procesos de evaluación para elegir personas juzgadoras y magistraturas que antes eran seleccionadas por los ministros. Con este cambio se priorizó la capacitación y preparación de cada funcionario, según narró Juan Luis González Alcántara. En cambio, apuntó que con la propuesta de Andrés Manuel se pierde de vista la impartición de justicia y que ahora dependen de tómbolas y elección popular, el cual dijo no ser el mejor procedimiento.
De acuerdo con la constitución, los partidos políticos nacionales pueden impugnar normas generales en materia electoral. Ante la demanda de inconstitucionalidad provenientes de las fracciones del PAN, PRI, MC, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas y la Unidad Democrática de Coahuila; Norma Piña ordenó turnar al ministro Juan Luis Gonzales para que analice la acciones de la reforma que van en contra de la Constitución.
Sin embargo, dentro de la sentencia emitida el día de ayer, Juan Luis González Alcántara planteó invalidar parcialmente la Reforma Judicial y propuso:
- Continuar con la elecciones de ministras y ministros por voto popular, pero eliminar la elección de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.
- Invalidar la remoción de Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito y Magistrados Regionales del Tribunal Electoral.
- Quitar la reducción de remuneraciones de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que continúan en su cargo, y aplicarla para quienes ingresen después.
- Mantener la reducción del tope máximo a remuneraciones y la extinción de fondos y fideicomisos.
- Aunque avala la creación del Tribunal de Disciplina y de un Órgano de Administración, establece que sus funciones no deben ser ambiguas para evitar el sometimiento de las personas juzgadoras. También señala quitar la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina.
- Apoya establecer plazos para resolver sentencias para la obligación de administrar la justicia en un plazo razonable.
- Prohibir las limitaciones a las suspensión de normas generales en juicios de amparo y reconocer la suspensión de dichas normas que está siendo impugnada por inconstitucionalidad.
- Eliminar la ocultación de la identidad de personas juzgadoras ya que viola las garantías al debido proceso al no saber su competencia e idoneidad.
Para Juan Luis González Alcántara, la resolución tiene como objetivo “reflexionar sobre la trascendencia de “dejar sin Poder Judicial al país y transformarlo con una capacitación totalmente distinta”. Ahora, se espera que la propuesta sea analizada hasta el próximo 5 de noviembre por los 11 miembros de la SCJN.
Haberes del retiro: otro ángulo de la renuncia
En respuesta de la propuesta presentada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el martes en la mañanera que estas acciones son inconstitucionales, ya que “no tienen las atribuciones para legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos, tal cual establece la Constitución”.
En cuanto a la renuncia de ministras y ministros, declaró que el motivo está ligado a los haberes del retiro, el cual les da prestaciones económicas que se dan a los funcionarios públicos al finalizar su servicio para asegurar que tengan un ingreso estable al dejar su cargo.
Asimismo, Juan Luis González Alcántara, contestó que el exministro Arturo Zaldívar, quien ahora es Coordinador de Política y Gobierno para el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo, se marchó un año antes del término de sus funciones con la pensión más elevada en los últimos años. Aún así, dijo que las cantidades que por ley les corresponde, no es lo que están defendiendo.
En cambio, la ministra Margarita Ríos Fagart optó por no aceptar la cantidad mensual de su haber del retiro para «conservar su dignidad y libertad personal». Enunció que, si no logra donarlo a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, será entregado a la Tesorería de la Federación.
Aunque la Constitución Mexicana establece que la renuncia de una ministra o ministro será aceptable sólo en casos de “causas graves” y que serán sometidos al Poder Ejecutivo para su aprobación en el Senado; la Reforma Judicial propuesta por MORENA dispuso la opción de concluir su cargo en caso de no seguir el proceso de elección extraordinaria de 2025. No obstante, Gerardo Noroña declaró que «pueden no aceptar sus renuncias».
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