Redacción El Coahuilense
Por Arturo Rodríguez García
La designación de Citlalli Hernández como primera secretaria de las Mujeres, creada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue vista inicialmente con reservas. Su experiencia en el activismo ha sido político y su desempeño como legisladora no generó especial entusiasmo en las colectivas ni en sectores feministas de larga trayectoria.
Evaluar su desempeño en lo que sea que resulte el llamado “segundo piso de la Cuarta Transformación” es esfuerzo fútil pues no lleva ni dos meses en el cargo. Aunque precisamente por eso, es llamativo que su llegada a la dicha secretaría implique la intervención directa en casos de violencia contra mujeres de muy alto perfil.
Hace unas semanas, el país se topó con una situación abominable pero emblemática de revictimización: el caso de una menor que, siendo víctima de violación que resultó embarazo, tuvo un aborto espontáneo. Por si todo eso no fuera ya bastante sufrimiento para una niña, la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, cuyo titular es Víctor Antonio de Jesús Hernández, decidió acusarla de homicidio.
Citla, como le llaman desde su infancia, tomó cartas en el asunto y consiguió el desisitimiento de la acción penal. La presión sobre las autoridades implicadas en esa barbarie obligó a los gobiernos federal y de Querétaro a brindar un acompañamiento integral a la menor para garantizar la reparación del daño y establecer garantías de no repetición. Por si algo faltaba, el personal ministerial y judicial que articularon la causa contra la jovencita, se encuentran en capacitación en perspectiva de género.
Es cierto que las acciones de Citlalli Hernández son muy concretas, algo que sólo en situaciones extremas llega a ser una Secretaria de Estado. Pero quizás la lección de estos años que el feminismo ha dejado es que las violencias con implicaciones de género son precisamente una situación extrema.
Así, casos como el de Querétaro se nos presentan con cierta frecuencia por ser una situación continua y generalizada en numerosas entidades del país, especialmente, en aquellas que tienen una idiosincracia conservadora que, por lo demás, es rasgo distintivo del aparato de justicia. Y por supuesto, no es la única.
Una denuncia por presunto acoso sexual que interpuso la abogada Paloma Corte contra el esposo de una jueza en Puebla, se tornó también emblemática por la influencia que garantiza impunidad y pone la víctima frente al poder. El asunto llegó a la “mañanera” y la Presidenta instruyó darle seguimiento. El agresor ya fue vinculado a proceso.
En estos días hay un caso de alto perfil que el despacho de Citlalli tiene en la mira: un ejecutivo de la cupula bancaria enfrenta cargos por agredir sexualmente a una de sus colaboradoras.
Se trata de Óscar Herrejón Caballero, empresario que durante años se desempeñó como alto ejecutivo bancario, quien por cierto, es muy cercano al dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas.
El pasado 13 de junio, Herrejón Caballero fue detenido por la Interpol en Italia, cuando asistía a la boda de su hijo Manuel Herrejón, quien también tiene un papel destacado en el sector bancario, en tanto es director ejecutivo de Masari Casa de Bolsa, entidad que se encontraba tramitando
autorización para convertirse en banco y que en días pasados se desistió.
La Fiscalía del Estado de México, cuyo titular es José Luis Cervantes, informó que Herrejón será trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde se determinará su situación legal.
Citlalli Hernández y el equipo de la Secretaría de las Mujeres seguirán atentos a este caso, para vigilar el desempeño de las autoridades para garantizar justicia y proteger los derechos de las víctimas, frente al poder político y económico del agresor.
Así que, en efecto, es muy temprano para evaluar el trabajo de Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres, pero también es cierto que en muy poco tiempo ha dado un mensaje contundente y trazado la ruta que podría seguir mientras ocupe el cargo.
Hacia una renovación indispensable
México enfrenta una creciente amenaza con la importación masiva de vehículos pesados en condiciones obsoletas. Mientras que en años anteriores el promedio de unidades de este tipo que ingresaban al país rondaba las 9 mil anuales, este año podría cerrarse con más de 31 mil.
Este cambio no solo impacta la economía al reducir la demanda de unidades fabricadas en territorio nacional, sino que también genera graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.
Las unidades nacionales contribuyen al fisco, generan empleos y fortalecen la economía; en contraste, los vehículos usados importados, con tecnologías obsoletas, no solo desincentivan la producción local, sino que también aumentan las emisiones contaminantes y los riesgos viales.
El actual marco regulatorio, vigente desde 2004, permite la entrada de vehículos con hasta 20 años de antigüedad, una política que ya no responde a las necesidades ni a los compromisos del país en términos ambientales y económicos.
Por ello, resulta indispensable que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo la dirección de Alicia Bárcena, y la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard, trabajen en la actualización del Acuerdo Ambiental que regula estas importaciones.
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