Redacción El Coahuilense
Torreón, Coahuila.- Con la desaparición del Fondo Minero en 2020, municipios como San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz, Nueva Rosita y Sierra Mojada dejaron de percibir entre 150 hasta 240 millones de pesos, señaló la diputada federal Verónica Martínez García.
La legisladora observó que estos recursos eran utilizados para la mejora de infraestructura carretera, educativa, de salud y resarcir las afectaciones ocasionadas en el entorno social por la actividad minera.
Es por ello su impulso a que el gobierno federal les reintegre cuando menos un 15 por ciento del total de los impuestos y derechos recaudados, que se estima superarán los 50 mil millones de pesos en 2025.
El estado de Coahuila destaca por su infraestructura minero-metalúrgica, principalmente por su capacidad de extracción de carbón, plata, coque, pellets, barita, dolomita, fluorita, arena sílica, yeso, celestita y sulfato de sodio.
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Durante la discusión del Paquete Fiscal para 2025, la diputada Verónica Martínez solicitó, mediante una reserva, que se destine un porcentaje del ingreso por derecho minero que pagan los particulares a las comunidades donde se realiza esta actividad.
“Desde el 2020, cuando el gobierno federal decidió desaparecer el Fondo Minero, año con año hemos venido solicitando que se etiqueten recursos para las más de 650 comunidades donde se realiza esta actividad, con el objetivo de resarcir las afectaciones ocasionadas al entorno social”, argumentó Martínez García.
Según el informe anual 2024 de la Cámara Minera de México, durante el 2023 el sector minero aportó el 2.75% del PIB nacional. Además, tuvo una inversión total de 4,960 millones de dólares, generó 416,875 empleos directos y realizó una aportación fiscal, entre impuestos y derechos, del orden de 49,495 millones de pesos.
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La desaparición del Fondo Minero se dio bajo el argumento de acciones de opacidad y corrupción; además, se planteó redirigir esos recursos hacia programas prioritarios del gobierno federal, como la construcción de infraestructura, educación, salud y bienestar.
Esto generó una serie de críticas y protestas por parte de los gobiernos locales y la sociedad civil, especialmente en los estados mineros como Coahuila, Zacatecas, Durango y Sonora, donde los recursos poco se han visto reflejados.
“Hoy, en la Ley Federal de Derechos, nos proponen un incremento a estos derechos, pasando del 7.5% al 8.5% en el derecho especial y del 0.5% al 1% en el derecho extraordinario. Por lo tanto, estoy solicitando un reacomodo de los porcentajes para que se etiquete un 15% de los derechos recaudados a los municipios mineros, sin afectar los porcentajes ya asignados”, argumentó Martínez.
Estos recursos que otorgaba el Fondo a las comunidades mineras, en muchos casos, eran extras a su presupuesto y representaban la única posibilidad que tenían para realizar obras de infraestructura de gran impacto.
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