Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Jéssica Martínez es una mujer saltillense que fue demandada por su exesposo por ser una bruja, una “wicca”.
En su acción judicial, el hombre políticamente influyente expuso ante un juzgado que ella es incapaz de cuidar a sus hijos, pues practicar yoga, meditación y holística la hace mentalmente inestable.
Y el juzgado admitió la demanda.
Hace un año, en noviembre de 2021, Jéssica decidió divorciarse de Carlos Alberto de la Peña, funcionario de la Dirección de Pensiones del Estado, por sufrir en su matrimonio violencia, abuso sexual y amenazas contra ella y su familia.
Carlos Alberto ha sido identificado como operador electoral del PRI e inclusive fue señalado durante las elecciones de Zacatecas en 2010 de ser especialista en intervenciones telefónicas y espionaje. Desde hace dos décadas se le ha identificado como parte del grupo político de Juan José Yáñez Arreola, actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su influencia se amplía de la clase política a los medios de comunicación, pues es sobrino del “cronista de Saltillo” y columnista del Grupo Reforma, Armando Fuentes Aguirre, “Catón”.
De acuerdo con el testimonio de Jéssica y las testimoniales que obran en autos, en 2017 ella sufrió la primera agresión sexual por parte de Carlos. Aseguró que cuando lo enfrentó, él la amenazó: le advirtió que si exponía la situación públicamente, él tenía los medios para meter a su padre o a sus hermanos a la cárcel.
“Aunque sea dentro del matrimonio, me dicen: ¿por qué no dijiste?, pues es que es muy difícil este proceso, primero de aceptación, y después de cómo le digo a los demás que él me hizo esto. Es muy fácil hablar, pero no es tan fácil hacerlo y actuar”, explica.
Después de la separación, Jéssica comenzó a practicar yoga, meditación y holística, razón por la que Carlos Alberto comenzó a acusarla de bruja.
Yo empecé a hacer lo que me gustaba: el yoga, la meditación y mis prácticas holísticas, pero él siempre me decía que era una bruja y que estaba en contra de las cosas de Dios”.
El 30 de abril del 2021 Carlos se fue de la casa después de agredirla. Jéssica, en entrevista con El Coahuilense, asegura que él intentó aventarla de una escalera con un objetivo: que dejase de practicar yoga.
“Me dijo que la única forma de detenerme era quebrarme una pierna o un brazo para que dejara de practicar yoga… Si mis hijos no intervienen, me tira de las escaleras”, dice.
Jéssica continúa:
Cuando se fue de la casa me dijo que me iba a arrepentir y que me iba a cobrar todo lo que he hecho, y más porque no tuvimos intimidad durante mucho tiempo debido a que sufrí una agresión sexual por parte de él”.
En febrero, Jéssica recibió la notificación de la demanda de Carlos Alberto. De acuerdo con el escrito presentado ante un juez de lo familiar, la queja consiste en que, “previo a la solicitud de divorcio, su ahora exesposa practicaba el esoterismo, así como la angeloterapia, yoga, meditación, lectura de runas, tarot, fumaba mariguana, entre otras actividades, realizando una creencia de mezclas religiosas y filosóficas”.
Y agrega que es una persona “mentalmente inestable” debido a sus creencias y por eso exige la guarda y custodia de sus hijos al no tener ella “la capacidad” de cuidarlos.
Durante el juicio oral del divorcio se determinó que Jéssica se quedara con la custodia de sus dos hijos menores de edad y se llegó a un acuerdo para que el padre conviviera un día por semana con ellos, aunque –comenta ella—hasta ahora él no lo ha hecho.
Carlos justificó en su demanda que él es quien “puede proporcionar mayor estabilidad emocional, porque garantiza en mayor medida el respeto a los derechos humanos de sus hijos, no ejercerá actos de manipulación y además fomentará en ellos el amor hacia su familia”.
COMO EN LOS TIEMPOS DE SALEM
De acuerdo con la abogada Fabiola Ramírez Martínez, el caso plantea varias dimensiones: primero, en el orden constitucional, el respeto a diferentes libertades, entre éstas, la libertad de culto; y segundo, la práctica del yoga puede ser vista como un deporte, un derecho que además se relaciona con la salud y el autocuidado.
Derechohumanista y dedicada a la defensoría de mujeres, Ramírez Martínez asegura que en cualquier caso se trata de una criminalización y llama la atención sobre el hecho de que el Poder Judicial haya aceptado esa demanda.
“Parece que volvemos a la época de Salem, en donde únicamente bastaba un señalamiento de este tipo para perder la vida”, agrega.
Advierte que si las autoridades dan pie a que se investigue la brujería están cometiendo también un delito y violencia de género.
“Existe un plan nacional para erradicar la violencia de género en la que hay varios puntos como la no revictimización, la debida diligencia, entre otros, y que ellos tomen siquiera como un punto verídico esta situación, estarían cometiendo irregularidades”, añade la abogada.
ABUSO DE PODER
Actualmente Carlos Alberto de la Peña es coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto de Pensiones para los Trabajadores de Coahuila; además, es tutor especializado en Adopción de Menores del Estado y es asesor jurídico del Ayuntamiento de Saltillo.
Para Jéssica, sus cargos e influencia le han permitido agilizar el proceso en contra de ella, pues en los juzgados suelen tardar de tres a cuatro meses para emitir un citatorio, mientras que en su caso las actuaciones del exmarido fluyen en un lapso de cinco a diez días.
Además de la guarda y custodia de los menores, a Jéssica se le pidió entregar la casa en la que vive con sus hijos y se le exige pagar 180 mil pesos por el uso que le ha dado al inmueble.
Ahora nos quiere sacar de la casa. Él es dueño, yo no digo que no, pero se supone que la ley protege a los niños para que tengan una vivienda. Mis hijos siguen estudiando y son menores de edad y quiere sacarlos”.
La abogada Fabiola Ramírez asegura que se trata de un caso de violencia vicaria, en la que un hombre, generalmente con cierto poder, utiliza a sus hijos para, con artimañas, dañar a la esposa o exesposa.
La violencia vicaria busca generar mala reputación de la madre con diferentes situaciones en las que la hace parecer loca o desequilibrada o que se encuentra en malos pasos; este es un caso modelo de violencia vicaria”.
“Me parece un caso bastante complicado por la falta de legislación en el estado, pero me parece un buen caso, paradigmático, para retomar la iniciativa que se presentó en mayo con el objetivo de que en el estado sea delito cometer este tipo de violencia contra mujeres y contra las infancias”.
Jéssica expresa que tiene miedo. Sostiene que él es una persona muy vengativa. Por esta razón decidió acudir a los medios de comunicación; una forma de lanzar un grito de auxilio.
“Soy una mujer soltera, divorciada, con dos hijos, en contra del sistema”, dice.
Jéssica no tiene ninguna influencia en la que pueda apoyarse, e inclusive, sostiene que ya hasta intentaron acercarse a su abogado para persuadirlo de dejar el caso.
“Yo sé cómo trabaja y tengo miedo de que me haga daño a mí y a mi familia, por eso lo hago público, que cualquier cosa que me pase a mí pues (se sepa que) fue él”, advierte.
Qué tipo de servidores públicos tienen en el gobierno, si se dice que Coahuila es un estado libre y soberano, y con cero violencias a la mujer, él me está violentando a mí en todos los aspectos. ¿Qué necesitan? ¿Que me mate para que observen lo que está haciendo?”.
La reportera intentó hacer contacto con la fiscalía especializada que tuvo vista del caso, así como con el Instituto para el Empoderamiento de las Mujeres del Estado y con el juzgado familiar. En todas las dependencias involucradas, la respuesta a la solicitud de entrevista sobre el caso fue negativa.
La denuncia pública de Jéssica tiene también otro propósito: espera que, al contar su historia, motive a otras mujeres a expresarse.
“Ésta es mi historia. Espero motivar sobre todo a las mujeres a que se expresen, y que, a pesar del miedo, den su sentir, porque nos debemos proteger las mujeres, porque nos sentimos solas en ese sentido”, concluye.
