Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Irregularidades en los procedimientos y falta de comprobación de gastos por más de 17 millones de pesos son las observaciones que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) detectó durante una auditoría a la Facultad de Jurisprudencia que dirige Alfonso Yáñez.
Pese a negar en diversas ocasiones la auditoría, Yáñez utilizó el proceso de investigación para reservar información solicitada por El Coahuilense Noticias relativa a los estados financieros de esa institución educativa.
El 22 de noviembre de 2023 la Contraloría General de la UAdeC, entonces bajo la gestión de Luis Farías Valdés, inició el proceso de auditoría No. CG/0714/2023 en la Facultad de Jurisprudencia dirigida por Yáñez.
El acta de auditoría fue signada y recibida el 6 de agosto de 2024 por el secretario administrativo de la Facultad, Héctor Iván Moreno Padilla, a quien se le pidió comprobar diversos hallazgos y observaciones en un periodo no mayor a diez días. Sin embargo, no se solventaron las observaciones.
Por ello el 22 de agosto de 2024 la Contraloría General de la UAdeC señaló en el Oficio No. CG/SAI/0069/2024 –al que El Coahuilense Noticias tuvo acceso– que se emitieron 27 observaciones por gastos no comprobados que suman 17 millones 42 mil 194 pesos.
Del total de observaciones 14 son en el rubro de egresos por 15 millones 318 mil 204 pesos no solventados; nueve por ingresos equivalentes a un millón 565 mil 394 pesos; una de activo fijo por 158 mil 596 pesos y tres observaciones más por aspectos de control interno.
Control interno
Entre las faltas administrativas la auditoría constata que la Facultad no se ha apegado a lo establecido en los Manuales de Procedimientos, pues no se realizó un proceso de liberación de pólizas registradas en el Módulo de Ingresos del Sistema Integral de Administración de Escuelas (SIAE), lo que hizo imposible el reconocimiento de los ingresos y reflejó registros incongruentes.
Además, el registro de las pólizas de egresos no se contabilizó en el Módulo de Egresos del sistema SIAE, y se llevó su registro en una hoja de cálculo Excel, lo que según la Contraloría General pone en riesgo la información, pues puede alterarse o perderse, e imposibilita el reconocimiento de los egresos.
Respecto de los egresos la auditoría determinó que las cuentas de licenciatura y posgrado carecen de comprobantes fiscales (CFDI y .XML) y no poseen evidencia que justifique un gasto equivalente a seis millones 365 mil 164 pesos.
La auditoría localizó también cinco millones 247 mil 382 pesos sin evidencia, comprobación o justificación del gasto, además de un millón 351 mil 884 pesos por pagos bajo el concepto de “honorarios”, considerado un gasto improcedente, según la circular 001/2017 emitida por la Contraloría General en 2017.
La Contraloría también detectó diversas irregularidades en pagos efectuados a proveedores equivalente a 850 mil 465 pesos. La Facultad no cuenta con evidencia física de cotizaciones, y no elaboró ningún contrato o convenio con el proveedor/prestador de servicios, quien además no se encuentra registrado dentro del padrón de proveedores de la universidad.
Las diez observaciones restantes, equivalentes a un millón 503 mil 307 pesos, son por gastos no autorizados, falta complemento de pago, control ineficiente del uso de material de oficina, falta de validación del SAT, gastos no comprobados mediante recibo oficial de la universidad y exceso en los parámetros autorizados de alimentos.
En cuanto a los ingresos, se identificaron 47 recibos oficiales de los cuales se localizó un depósito en mes anterior a su emisión, 50 recibos sin ficha de depósito, 22 recibos de los que se localizó el depósito en mes posterior, diez recibos cancelados en físico que aparecen en reporte de ingresos, tres recibos de los que el monto y concepto no coinciden con la información en el reporte de ingresos, un recibo únicamente en copia, un recibo cancelado del cual no se identificaron sus cuatro juegos que exige el procedimiento y 65 partidas que no se localizaron en el estado de cuenta, todo ello equivalente a un millón 74 mil 761 pesos sin solventar.
De la revisión se detectó también que la Facultad debe 490 mil 633 pesos a la Tesorería General por el pago de nómina con recursos propios en el ejercicio 2024.
Auditoría a modo
En un intento por ocultar que la Facultad de Jurisprudencia de la Autónoma de Coahuila enfrenta una auditoría, en meses pasados el director de la Facultad, Alfonso Yáñez, negó al alumnado y a medios de comunicación que la escuela estuviera bajo un proceso de revisión.
El 5 de agosto último, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, El Coahuilense Noticias solicitó a la UAdeC expedientes relativos a presupuesto, ingresos, egresos y comprobaciones de la Facultad de Jurisprudencia durante el periodo 2020-2023.
Contrario a sus declaraciones, en agosto Yáñez reservó la información solicitada, pues aseguró que la Contraloría de la Autónoma de Coahuila inició un proceso de auditoría a la escuela que hasta ahora no ha concluido.
Este medio interpuso una queja por incumplimiento ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), pues el sujeto no emitió la respuesta en el tiempo que marca la ley, por lo que se admitió el recurso de revisión 498.
El resolutivo emitido el 30 de octubre por el ICAI revocó la falta de respuesta e instruyó al sujeto obligado a responder a la solicitud de información. Sin embargo, la Facultad le entregó información que no se relaciona con la solicitada por esta casa editorial.
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