Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- Tras los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Amnistía Internacional mostró su preocupación ante los temas como homicidios, feminicidios, desapariciones, militarización, migración, prisión preventiva oficiosa, la reforma al Poder Judicial y el acceso a la información que ponen en riesgo la garantía de derechos humanos, según declaró la organización.
Datos recabados por Amnistía Internacional muestran que desde el 1 de octubre de 2024 ya hubo 5 mil 160 personas que han sido asesinadas, entre las que se incluyen 518 mujeres y 1 periodista. Por otro lado, al menos 15 mil 512 personas han desaparecido y las cifras a nivel nacional ya alcanzaron los 121 mil 001.
De los cuales, la organización denunció que el gobierno mexicano no ha atendido a buscadoras de desaparecidos, ni a familiares de víctimas de feminicidio. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron 127 feminicidios entre octubre y noviembre del 2024.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente, en México hay 112 mil 197 personas desaparecidas, cuyas familias no saben nada de ellas desde hace semanas, meses, años y han sido las madres y familiares de las víctimas quienes han emprendido colectivas de búsqueda para realizar actividades que el Estado mexicano no ejerce: encontrar a las y los desaparecidos.
Hay que recordar que en marzo del 2024, colectivas de personas buscadoras acudieron en compañía de defensores de derechos humanos a la audiencia pública 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la problemática de las desapariciones y la respuesta del Estado mexicano ante los hechos.
Ante la incapacidad del Estado mexicano para solucionar la violencia ejercida en contra de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos realizaron una petición de audiencia ante la CIDH, para dar a conocer la situación de violencia extrema a la que se enfrentan, entre los hechos denunciados están los 16 asesinatos cometidos contra familiares de personas desaparecidas, dos de ellos ocurridos en lo que va del año, así como una persona buscadora que se encuentra desaparecida.
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Por otro lado, denunciaron que la estrategia militarizada de seguridad pública pone en riesgo las libertades y derechos fundamentales de la población. Recordemos que se trata de una táctica del gobierno que comenzó a implementarse en 2006, durante la administración de Felipe Calderón, en donde las Fuerzas Armadas participan en tareas como la seguridad pública que no tienen relación con la seguridad nacional.
Sin embargo, este método ha propiciado delitos cometidos por organizaciones militares. De acuerdo con el Infoem ‘México habla sobre Derechos Humanos’ del Colectivo EPUmx en 2024, la militarización se consolidó en 2022. El Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la GN, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea.
Asimismo, el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión2019-2024’ reportó que la Guardia Nacional y la Defensa fueron de las autoridades con mayores denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2020 a 2023 con mil 816 y mil 664 quejas presentadas por violación a derechos humanos.
En adherencia, Amnistía Internacional expresó que se priorizaron políticas migratorias centradas en la seguridad y militarización, en lugar de adoptar un enfoque en seguridad humana. Un ejemplo es la masacre perpetrada, a inicios de octubre, por el ejército contra 33 migrantes que dejó 6 muertos y 12 heridos.
Actualmente, miles de migrantes arriban a México para intentar atravesar la frontera hacia los Estados Unidos antes de que comiencen las deportaciones masivas con la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Para ello, deben atravesar entidades como Tapachula, Chiapas, zona con mayor crimen organizado y en donde hay una disputa por el control territorial. Algunas otras zonas de esta entidad federativa se han convertido en espacios inhabitables.
El mismo caso se aplica en cuanto a niñas y mujeres indígenas que deben migrar a otras zonas del país como resultado de diferentes episodios de violencia en Chiapas. Esta movilización genera impactos, necesidades y vulnerabilidades específicas, según el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
Entre ellas se encuentran la restricción a servicios de salud, entre las que está la sexual y reproductiva; obstaculización de la educación; discriminación; y marginación. Sin embargo, la principal consecuencia es la violencia sexual que pueden sufrir en campamentos, albergues o casa por parte de grupos militares u otros. Esta realidad ha sido facilitada por la inacción y omisión del gobierno estatal y federal.
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Otro de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa (PPO). El año arrancó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de esta reforma que incluye la violencia sexual contra menores, el feminicidio, la violación y el homicidio doloso; fenómenos con una alta incidencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.
Lo preocupante es que, aunque hay menos mujeres dentro del grupo poblacional en las cárceles, son ellas quienes reciben mayores penas por los delitos realizados. Un ejemplo de ello es el caso de Keren Ordoñez, sentenciada a 50 años de prisión por un delito que no cometió. Asimismo, el 22% de las mujeres privadas de su libertad esperan más de dos años para recibir una sentencia y sólo el 19% espera menos de 3 años para terminar oficialmente la prisión preventiva.
En cuanto a la implementación de la reforma al poder judicial, en el que se realizará una elección popular para escoger jueces, magistrados y ministros, Amnistía Internacional expuso que la figura de los “jueces sin rostro” limitará la transparencia en los juicios de delincuencia organizada y otros delitos como los feminicidios.
Hace unos meses, el caso de Melani -víctima de violencia feminicida en Acapulco a manos de su esposo, integrante de las Fuerzas Aéreas- evidenció la necesidad de hacer presión hacia estas figuras para obtener justicia. Antes de conocer el fallo, los padres de Melani denunciaron que la jueza Evelina Ramírez Venegas omitió una serie de pruebas gracias a su presunta relación con el abogado de la defensa.
Aunque el escenario parecía que el fallo iba a ser a favor del feminicida, ante la exposición en medios de comunicación y de la sociedad civil, se consiguió que la jueza Evelina Ramírez Venegas sentenció a 36 años de cárcel en el que se envió un mensaje sobre los estereotipos y esquemas machistas que las autoridades siguen reproduciendo contra las mujeres.
Finalmente, la organización abordó la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) lo que marcaría un retroceso en la Transparencia y la Rendición de Cuentas. Gracias a este organismo autónomo, resultado del trabajo de colectivos de periodistas, personas de la academia, organizaciones y sociedad civil, se habían podido investigar, diagnosticar, monitorear y evaluar las leyes y políticas públicas relacionadas con las agendas feministas, según expresó Isabel Erreguerena Citeri, ex coeditora de Equis Justicia.
Ante la exposición de estas problemáticas, Amnistía Internacional hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a escuchar a la organización para participar en espacios de interlocución y contribuir a la garantía de derechos humanos en el país.
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