Redacción El Coahuilense
“Te imaginas el duelo de la gente, es decir, perder un hijo o un papá, que la gran mayoría de los casos fueron eso, papás y mamás. Imprudentes, sí… pero tenían derecho al seguro” de Pemex, afirma Jesús Alberto Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) y quien lleva la defensa de las familias de los fallecidos y lesionados por la explosión de un ducto de la petrolera en Tlahuelilpan, Hidalgo.
La explosión ocurrida hace seis años, el 18 de enero de 2019, en el kilómetro 226 +000 del poliducto Tuxpan-Tula de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un saldo de 137 personas fallecidas: 69 en el lugar del siniestro y 68 en el hospital, por las quemaduras que sufrieron.
Guerrero Rojas asegura que los fallecidos, catalogados como víctimas directas, y sus familiares, como víctimas indirectas, tenían derecho a ser atendidos por la póliza 3921700003733 con la aseguradora española Mapfre, la cual estuvo vigente del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2019, por lo que era válida al momento de la explosión.
La póliza, con un monto asegurado por 500 millones de dólares por responsabilidad civil “por actividades en tierra” no se activó con la explosión.
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En entrevista con El Sol de México, Jesús Alberto Guerrero expone que ONRE inició la acción colectiva 250/2019 el 26 de junio de 2019, luego de que en la semana previa el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar en tres ocasiones, en sus conferencias matutinas, sobre el cobro del seguro que Pemex tenía vigente al momento de la explosión de Tlahuelilpan.
“Yo en realidad estaba esperando que el Presidente de la República hiciera efectivo el seguro, porque era lo más sencillo; tengo una suma asegurada de 500 millones de dólares y que ya está pagada”.
“No sé si hubiera alcanzado el dinero o no, pero sí hubiera alcanzado para muchísimo, para salvar más de una vida (…) hubiesen cambiado a la gente que resultó quemada a hospitales especiales”, indicó el abogado Guerrero Rojas.
Agrega que el contrato de seguro implica que un tercero se va a hacer cargo de los daños si sucede el evento contenido en el contrato, “son imprevistos, evidentemente que no han ocurrido, por si ocurren”. En el caso de los seguros de Responsabilidad Civil, el abogado señala que “el artículo 147 de la Ley sobre el Contrato Seguro dice que el tercero dañado tiene derecho a conocer todos los beneficios del seguro (…) las condiciones, las sumas aseguradas, las coberturas”.
“Pemex jamás, jamás hace del conocimiento de ninguna de las víctimas (…) lo que pasó igualmente con el edificio de Pemex, lo que pasó con la línea 12 del Metro”, explica este litigante que en 2021 promovió una demanda colectiva contra el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México y la aseguradora GMX por el daño moral a las víctimas del derrumbe de ese año.
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En el caso de la explosión de Tlahuelilpan, la carpeta con la demanda de acción colectiva incluye correos electrónicos que dan cuenta del inicio de comunicaciones entre Pemex y Mapfre a las 21:53 de la noche del 18 de enero de 2019, el día de la explosión.
“Con relación a los eventos ocurridos el día de hoy en el Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, por este medio me permito presentar nuestra formal reclamación del siniestro ocurrido el día de hoy 18 de enero de 2019, en el poliducto de 16”-14” Tuxpan-Tula, propiedad de Pemex Logística, lo anterior al amparo de la Póliza No. 3921700003733, con vigencia del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2019. Por lo antes expuesto agradeceré que a la brevedad posible nos sea asignado ajustador para la atención de este evento. Una vez que contemos con mayor información lo haremos de su conocimiento. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración posterior”, se lee en un correo electrónico enviado por una funcionaria de Pemex a Mapfre, e integrado en la carpeta de la demanda.
“A partir de ese momento la aseguradora, como un auxiliar, porque los seguros se vuelven auxiliares en el trato de derechos humanos, es a partir de las 9:57 pm del 18 de enero cuando Mapfre debió empezar a detonar todas las necesidades, me refiero a ambulancias, hospitales, médicos, tratamientos, ambulancias aéreas, todo absolutamente. No se gastaron un peso”, reprocha el abogado.
Las víctimas colaterales
De haberse activado la póliza habría beneficiado a Agustina Ramírez, quien quedó viuda por la muerte de Pablo César, un hojalatero que, “por metiche”, dice ella, resultó con quemaduras en la explosión. La atención médica que recibió en los primeros días en el Hospital General de Pachuca, denuncia, fue pésima y crucial para su muerte.
“Era un hombre de trabajo dedicado a la pintura de carros. Él acude aquí por mirón, por metiche, vaya, porque se dio la información por medio de Facebook que estaban supuestamente regalando gasolina. En ese tiempo, el pueblo, pues, carecía de ese combustible, no había mucho combustible (…) él tenía sólo una moto, pero aun así para trasladar, pues decía ‘yo quiero gasolina’. Él viene, se desespera y viene”, cuenta Agustina desde la zona cero donde ocurrió la explosión.
“Sucede la explosión y es cuando lo envuelve lo que es la lumbre. Entonces él me llega por sus propios medios en la casa. Me llega todo quemado. Él mismo le dice a mi suegro y me dice a mí: ‘sabes qué, vamos a movernos, me llevan para Pachuca, me llevan para tal parte, quiero que me hospitalicen’”, narra la viuda.
“Era un hombre de trabajo dedicado a la pintura de carros. Él acude aquí por mirón, por metiche, vaya, porque se dio la información por medio de Facebook que estaban supuestamente regalando gasolina. En ese tiempo, el pueblo, pues, carecía de ese combustible, no había…”, declaró Agustina Ramírez, viuda de Pablo César
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“Rápido nos movimos (…) llega al hospital de Pachuca, el General, los meten, los reciben pero pues nosotros en el caos de todo lo que se dio no nos enteramos que ahí, el hospital, pues no tiene los recursos para poder atender a quemados”, reconoce.
Después de siete días hospitalizado, recuerda Agustina, los médicos le informaron que su esposo estaba más grave que cuando llegó. Con desagrado evoca la actitud del director del Hospital General de Pachuca, quien le informó que su esposo tenía que ser trasladado a la Ciudad de México. Ahí comenzó la cuenta regresiva.
“Llego a México, al Hospital de quemados, ese hospital me recibe a mi esposo (…) me reciben 12 de la noche, llegan y luego luego lo pasan y enseguida me dicen: ‘qué cree, señora, lo vamos a bañar”.
Agustina evoca con detalle aquella conversación con un médico de ese hospital:
—‘Madre ¿dónde estaba hospitalizado?’
—En el hospital de Pachuca, el general.
—Oye, ¿qué le hicieron?
—¿Cómo que qué le hicieron?
—Es que a este señor ni siquiera lo bañaron, los señores vienen bien sucios, llenos todavía de tierra. Madre, ¿y en qué posición lo tenían cuando tú entrabas?
-Siempre boca arriba.
-Madre, nunca le hicieron nada a tu marido, ¿tenías gastos?
-Sí, bolsas tras bolsas de medicamentos.
-Yo quiero darte una noticia, discúlpame, te voy a ser franco la verdad, tú le surtiste sus pinches farmacias, porque al señor —así, al grano me dijo el médico—, no le hicieron nada. Ni a él, ni a este, ni a este, todos vienen bien mal.
Pablo César sólo tenía quemaduras en 36 por ciento de su cuerpo, pero el fuego quemó sus órganos internos y la falta de atención primaria le provocó gangrena, eso le explicaron los médicos.
Después de la muerte de su esposo, Agustina se hizo cargo sola de su hija e hijo, también del taller y de los pagos por los trabajos de pintura y hojalatería que quedaron inconclusos.
ONRE reconoce a 363 víctimas directas e indirectas a las cuales representa: 85 víctimas directas por fallecimiento, 267 víctimas indirectas (como familiares), nueve víctimas directas por lesiones, y dos víctimas indirectas de las personas lesionadas.
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El Gobierno federal solo registra 137 fallecidos y 13 personas hospitalizadas y dadas de alta con secuelas de la explosión.
Según la versión oficial, presentada en la conferencia presidencial el 24 de abril de 2019 por la entonces subsecretaria de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Mayre, el Gobierno federal censó a todos los afectadas por la explosión y otorgó apoyos inmediatos de 15 mil pesos a 157 familias, principalmente para gastos funerarios.
Además, 163 mil 526 habitantes de Tlahuelilpan y de otros 11 municipios hidalguenses con incidencia de huachicol fueron incorporados como beneficiarios de programas sociales. Becas, pensiones para adultos mayores, dinero de programas como Prospera, Producción para el Bienestar, entre otros, fueron los apoyos que, según la versión oficial, se entregaron a los afectados.
Agustina dice que sólo recibió 15 mil pesos para gastos funerarios.
Nada para nadie
Frente a la acción colectiva 250/2019, Mapfre argumentó que las personas afectadas no tuvieron la debida diligencia y calificó como actos mal intencionados el robo de combustible. Guerrero Rojos sostiene que la póliza incluye ese tipo de previsiones.
De acuerdo con la carpeta, el principal argumento de defensa de Mapfre, es que la cobertura del seguro es improcedente porque Pemex no atendió el siniestro con la debida diligencia. Sin embargo, en la póliza del seguro se establece que se excluye la debida diligencia para la cobertura de responsabilidad civil.
En palabras del abogado, la debida diligencia es «hacer las cosas bien» y exigir debida diligencia «descontextualiza y le quita el alma a la póliza de responsabilidad civil, ¿por qué? porque la póliza de responsabilidad civil tiene el objeto de cubrir esas excepciones, la falta de debida diligencia».
“Esa, la debida diligencia está excluida para responsabilidad civil en la misma póliza de Mapfre (…). Su principal argumento es ese y es inválido, porque hasta en la propia ley (de Contrato sobre Seguro) dice que en materia de responsabilidad civil no se puede exigir debida diligencia».
Agrega que la asegura menciona otra excepción: actos mal intencionados, refiriéndose a quien roban o perforan.
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“Está incluída en la póliza de responsabilidad civil, está cubierto incluso el uso de explosivos, dinamita que causa algún daño en un tercero (…) todo lo que está incluido: daño físico, responsabilidad civil pura, sabotaje, actos de terrorismo también están cubiertos, alborotos populares, conmoción civil, insurrección y rebelión, y los actos malintencionados que se refieren al robo de combustible.
“Está asegurado, no solo la acción del robo, no sólo la gasolina que se gaste, sino también si le ocurre algo al ladrón, a quien sea que esté cerca por este evento, está cubierto. Aquí lo que pasa es que la suma asegurada se reduce a 250 millones de dólares, es la única diferencia”, afirma el abogado.
Alberto Guerrero adelanta que insistirán en la demanda, con algunos ajustes porque algunos jóvenes alcanzaron la mayoría de edad y otros dos jóvenes se suicidaron después de la pérdida de sus padres. Hay niños que quedaron huérfanos y están cosechando alfalfa en los campos, sin posibilidad de estudiar. “Ese futuro debió haber sido garantizado por Mapfre”, reclama el abogado.
“Les pido que nos escuchen y que no, no lo vean por lo que hayan hecho ellos (los fallecidos), sino como nos dejó a las familias, por humanidad, que volteen a ver a la gente”, dice Agustina.
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