¡En Coahuila, no estamos listos!

Por Gabriela M. De León Farías

El 7 de junio de 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una legislación de observancia obligatoria en todo el país. Este cambio supone una revolución para los sistemas de justicia estatales. Pero, ¿cómo estamos hoy en Coahuila? La realidad pinta un panorama preocupante.

Para empezar, se dejan sin efecto todos los códigos procesales civiles y familiares locales. «Derogar», se dice entre los abogados, todo ello para dar paso a una legislación homologada en todo el país, con procedimientos orales y reglas comunes. Viviremos la transición de un sistema mayormente escrito a uno donde la oralidad será preponderante. Sin embargo, su implementación no está exenta de retos, ya que exige una inversión considerable de recursos públicos. Se deben adaptar espacios físicos e incorporar sistemas informáticos, entre otros, para el registro de imagen y voz, con el fin de desarrollar juicios orales eficientes y seguros.

Otro cambio importante es la eliminación del papel. El expediente electrónico será la única vía para tramitar y documentar los actos procesales escritos. Aunque algunos optimistas aseguran que el Poder Judicial de Coahuila está preparado, dado que ya existe un sistema de expedientes electrónicos, la realidad es otra. El sistema local está lejos de cumplir con los estándares necesarios para operar un expediente electrónico ágil y transparente.

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Actualmente, el «expediente electrónico» del Poder Judicial del Estado de Coahuila en las materias civil, familiar y mercantil es meramente informativo. Carece de elementos esenciales, como los videos y audios de las audiencias, comparecencias, constancias de notificaciones y otras actuaciones relevantes. Tampoco cuenta con un algoritmo de autentificación que reúna parámetros de seguridad, pues carece de firma electrónica. Además, la ineficiencia y las fallas técnicas son recurrentes. Es común encontrar acuerdos en el expediente físico que no están ligados al electrónico. También es habitual la falta de publicación en las listas de acuerdos de los juzgados debido a «fallas técnicas». Estas listas son una comunicación formal de ciertos actos procesales, y su ausencia genera incertidumbre entre los justiciables, debilitando la confianza en el sistema de impartición de justicia.

Por si fuera poco, la presentación de escritos a través de la plataforma «Poder Coahuila» es ineficiente y lenta. Contrario a lo que se esperaría de un sistema digital, los documentos presentados por esta plataforma no se envían directamente al juzgado o tribunal correspondiente. En su lugar, pasan primero por la oficialía de partes, donde son “procesados» —vaya usted a saber con qué fines— antes de ser remitidos a su destino. Este trámite, que debería ser casi instantáneo, puede llegar a tardar ¡hasta quince días! Paradójicamente, un documento entregado en mano de un mensajero podría llegar más rápido, incluso si este se traslada a pie al juzgado de destino.

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A lo anterior súmese la escasa capacitación de los operadores del sistema de justicia y la ausencia de capacitación disponible para los abogados y la comunidad jurídica. Esto, sin contar con la poca difusión del cambio y otro elemento crucial: los jueces que deberán implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son, en algunos casos, resultado de elecciones populares, por lo que podrían desconocer los detalles del manejo de los sistemas existentes. El panorama es complejo. Este es un problema que trasciende a los abogados y los usuarios; debe ser de interés para toda la sociedad. Nuestros jueces definirán temas esenciales como relaciones familiares, patrimoniales y mercantiles bajo un nuevo sistema procesal.

Implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no es solo una oportunidad de modernización, sino también un enorme reto que demanda compromiso, planeación y recursos. ¡En Coahuila, no estamos listos! Y estamos lejos de estarlo. La falta de infraestructura adecuada y la ineficiencia de los sistemas existentes deben ser atendidas con urgencia. De lo contrario, la promesa de un sistema de justicia más ágil y transparente quedará como un ideal inalcanzable para quienes buscan justicia en nuestro estado.

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