¿Juegas o Arbitras?

Por Gabriela M. De León Farías

El próximo 1 de junio, los mexicanos estaremos llamados a las urnas para elegir a ministros, magistrados y jueces que integrarán los poderes judiciales federales y locales. En el caso específico de Coahuila, los votantes recibirán seis boletas electorales para seleccionar a ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los Tribunales Colegiados del Octavo Circuito, magistrados de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral y jueces de Distrito. Además, al ser una elección concurrente, también se votará por magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es crucial destacar que esta elección concurrente implica que, en el mismo día, lugar y mesa directiva de casilla, se elegirán cargos tanto federales como locales. El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de arbitrar la elección federal, mientras que el Instituto Electoral de Coahuila se encargará de la elección local.

En este contexto, recientemente se ha mencionado en los medios que entre las candidatas a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral se encuentra Madelyne Ivett Figueroa Gámez. ¿Le suena su nombre? Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Esto significa que la consejera electoral está compitiendo como candidata para formar parte de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su nombre aparecerá en las boletas electorales, al mismo tiempo que sigue siendo parte del organismo encargado de arbitrar la elección local en Coahuila.

🗞 | Suscríbete aquí al newsletter de El Coahuilense Noticias y recibe las claves informativas del estado. 

¿Conflicto de intereses? ¡Por supuesto! Lo éticamente correcto habría sido que la consejera solicitara una licencia en su cargo, al menos durante el tiempo que dure el proceso electoral, o incluso renunciara. Como candidata, debe garantizar que no se utilicen recursos públicos para promover su candidatura o imagen personal. Esto incluye evitar el uso de redes sociales institucionales o la difusión de su participación en foros, entrevistas o eventos públicos que puedan favorecer su promoción. Además, las actividades de la difusión de su candidatura deben realizarse fuera del horario laboral. Sin embargo, esto resulta complicado en el contexto del proceso electoral donde todos los días y horas son considerados hábiles para las instituciones electorales.

La situación de la consejera-candidata no es el único problema. El proceso electoral en Coahuila enfrenta serios contratiempos. Faltan apenas 117 días para la elección judicial y, mientras otros organismos electorales ya han avanzado en la compra de boletas e insumos, el Instituto Electoral de Coahuila no cuenta con los recursos financieros necesarios para organizar la elección. 

Este descuido no es culpa del Congreso del Estado, sino del propio instituto, que “olvidó” incluir esta solicitud en su presupuesto para 2025. Este error recae directamente, entre otros, en la responsabilidad de la consejera-candidata.

💬 | Únete a nuestro canal de WhatsApp para que recibas las noticias y trabajos destacados de El Coahuilense Noticias.

Otro punto que genera preocupación es la cuestionada cercanía de la consejera con ciertos actores políticos del Estado y su falta de diálogo con otros miembros del Consejo Electoral. Los conflictos internos han llegado a tal grado que una denuncia interpuesta por ella contra su compañero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes fue rechazada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente el órgano al que aspira ingresar. Ello sin obviar lo señalado puntualmente por este medio, en relación a gastos excesivos de recursos públicos por concepto de viáticos y la contratación de una podóloga como su auxiliar. 

La falta de ética, prudencia y congruencia por parte de la consejera-candidata no solo afecta su credibilidad, sino también la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. Si el árbitro no respeta las reglas, ¿cómo podemos esperar que lo hagan los jugadores? En este escenario crítico donde se cruzan intereses personales y responsabilidades públicas, es imperativo que los ciudadanos mantengamos un ojo vigilante sobre quienes buscan arbitrar nuestras elecciones. La integridad del proceso democrático depende no solo de las reglas establecidas, sino también del comportamiento ético y responsable de aquellos que tienen el deber de garantizar su cumplimiento. La pregunta persiste: ¿juegas o arbitrás? La respuesta debe ser clara: solo un árbitro imparcial puede asegurar un juego justo.

Gabriela M. De León Farías.

Maestra en Derechos Humanos.

Especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.

Ex. Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.

MÁS DEL AUTOR: