Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Hace cuatro meses, Manuel Bartlett Díaz dejó la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad con 88 años a cuestas, pero no ha pasado a retiro. Y como ha hecho durante los últimos tres lustros, sigue comprometido en la defensa de la soberanía energética prometida por Andrés Manuel López Obrador.
Si la “tercera transformación” cumplió con la tarea histórica de rescatar al petróleo, la 4T tuvo la misión de recuperar la industria eléctrica y Bartlett Díaz detalló sus principales capítulos —a finales de la semana pasada—en el salón barroco del edificio Carolino de la BUAP, en la Angelópolis.
La eliminación de los contratos de autoabasto, frenó el hurto al patrimonio nacional, que perdió más de 250,000 millones de pesos en una década. La desgracia habría sido catastrófica —advirtió— si el gobierno morenista hubiera cumplido con los contratos para trasportación de gas concesionados por las administraciones neoliberales.
La cancelación del NAIM era mínima exigua, en comparación con el incumplimiento de esos contratos —sumaban más de 86,000 millones de dólares— y Bartlett Díaz tuvo que renegociarlos. En el primer tramo, logró ahorros por casi 4,500 millones de dólares y para el 2024 cerró otros acuerdos, por otros 1,800 millones.
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Paradojas de la seguridad energética: actualmente las reservas de gas de las que dispone el país están en los mínimos históricos. Y los grandes proyectos de gasoductos cumplen una década en ciernes. En la administración peñista: Guaymas-El Oro; Tuxpan–Tula y Tula-Villa de Reyes, ambos desarrollados por TC Energía y el ramal Tula de la canadiense ATCO. El proyecto denominado Puerta al Sureste, que fue asignado de manera directa a TC Energía durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Su falta de entrada en servicio no es producto de la nueva política energética, sino de la inadecuada gestión de los procesos de obtención del derecho de vía; problemática que aún ahora mantiene estas inversiones inconclusas, inoperantes e inviables en el corto plazo. Hubo casos excepcionales, como Fermaca, que pudieron superar retos similares en la construcción de sus ductos mismos que están en servicio desde hace varios años.
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Los proyectos de Sempra, Transcanada y Atco han sido objeto de múltiples esfuerzos de solución desde trincheras tanto públicas como privadas y que han resultado infructuosos, ubicándolos en una espiral negativa y que hace difícil alcanzar una solución en el corto plazo. En vilo están nuevos proyectos de ductos, como la ampliación del ducto Mayakan, a cargo de Engie y Macquire, cuya construcción está programada para iniciar este año.
Paradojas de la austeridad republicana: el presupuesto de la Federación está volcado a cubrir los programas sociales y financiar las megaobras de infraestructura de la anterior administración, por lo que la iniciativa privada deberá entrar al quite en el financiamiento de los principales proyectos para la generación de energía eléctrica y explotación petrolera.
Efectos secundarios
INCONVENIENTES. Más allá de la atención a los derechohabientes, la adquisición del equipamiento, los consumibles y los servicios médicos integrales para los hospitales del IMSS y los centros del IMSS-Bienestar se ha vuelto un proceso cada vez más tortuoso, por la descoordinación entre los altos mandos de las instituciones que encabezan Zoé Robledo y Alejandro Svarch. La subrogación de los servicios de anestesia, hemodinamia, cirugía cardiovascular y de mínima invasión implican contratos por más de 5,000 millones para el 2025 y los promotores de sus influencias vuelven a resurgir. Ahora mismo hay señalamientos sobre las gestiones que Iván Eduardo Vega Franco entre empresarios que participan en las licitaciones de equipamiento, consumibles y de los servicios médicos integrales.
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