Redacción El Coahuilense
Saltillo, Coahuila.- Las cámaras y organismos empresariales de la Región Sureste de Coahuila, se sumaron este jueves para dar a conocer su rechazo a la reforma al Infonavit y amagaron, de aprobarse como va en el Senado sin incluir sus propuestas, con dejar de pagar sus aportaciones patronales y convocarán a los sindicatos para hacer los propio con las cuotas del sector obrero, que representan más de 850 mil trabajadores..
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, afirmó que las autoridades ignoraron la mayoría de las propuestas empresariales y excluyeron puntos esenciales en el dictamen final de la Cámara de Diputados, por lo que tampoco descartó la posibilidad de entablar acciones jurídicas y actuar por la vía legal.
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Alfredo López Villarreal, apuntó que “los equipos jurídicos ya trabajan en el análisis para revisar si procede un amparo o si existen mecanismos jurídicos para rechazar las modificaciones a esta reforma que se busca aprobar en el Congreso de la Unión”.
Destacó que la reforma pone en riesgo, tan solo en un principio, más de 350 millones de pesos, ya que asignaría recursos a una empresa constructora independiente, sin supervisión ni auditoría, como se hizo con las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
EN EL AIRE 2.4 BILLONES
Mientras que el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Saltillo, Alejandro Pepi de la Peña, expresó que los comerciantes están dispuestos a dejar de pagar sus cuotas al Infonavit de inmediato, mismo que harían los demás organismos empresariales.
Subrayó que “no solo están en riesgo 350 millones de pesos, sino 2.4 billones de pesos que están en el aire y de los que se quiere apropiar el Gobierno Federal como lo hizo en su momento con los Fideicomisos que desapareció”.
Añadió que el sector comercial está preocupado por la posibilidad de que la administración pública federal enfrente una grave insolvencia económica con la entrega de recursos que no producen nada y que ni ayudan a disminuir la pobreza en el país.
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“El presupuesto federal asciende a más de 9 billones de pesos, mientras que los recursos del Infonavit representan la cuarta parte de esa cantidad y ahora el gobierno busca apropiarse de ellos. Van por ese dinero”, leyó en su pronunciamiento.
Pepi de la Peña también señaló que el costo de las becas equivale a un billón de pesos y que esos fondos provienen del sector formal, pero terminan en la informalidad.
“La actual gestión, encabezada por Claudia Sheinbaum, sigue un camino similar al de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Ambos gobiernos, a pesar de haber prometido no endeudar más al país, han abusado del crédito al solicitar uno a nivel internacional por 10 mil millones de dólares”, criticó.
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El desmantelamiento de la seguridad financiera, que caracterizó a los gobiernos mexicanos durante décadas y permitió enfrentar crisis económicas, quedó claro en el sexenio pasado. Ahora, la reforma al Infonavit es el siguiente paso. Van por 2.4 billones de pesos”, reiteró.
Por otra parte Alfredo López Villarreal, hizo un llamado a la unidad entre el sector empresarial y los trabajadores para frenar la reforma. “Los trabajadores son la razón de ser de nuestras empresas, y siempre estaremos para defenderlos”, finalizó.
En la conferencia de prensa estuvieron el presidente de la Canacintra, Arturo Reveles Márquez; de Coparmex, Alfredo López Villarreal; de Canirac, Isidoro García Reyes; de Capi, Antonio Dorbecker Ramírez y de Canaco, Alejandro Pepi de la Peña.
PROPUESTAS EMPRESARIALES
Las propuestas que los organismos empresariales presentaron al Gobierno Federal para que se sumarán a la reforma a la ley del Infonavit y que recibieron la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, son seis puntos que ellos consideraron esenciales, como:
Que el director que la presidencia de los órganos colegiados del Infonavit sea rotativa porque el designar al director general como tal rompe el equilibrio tripartito, bien que en su defecto que el cargo lo ocupe otro representante del Gobierno para evitar conflictos de interés.
Además de que la operación del Infonavit sea supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por la Secretaría de Hacienda (SHCP), mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea un mecanismo complementario.
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Asimismo se propuso que la asamblea general que tenga poder de aprobación y deliberación para asegurar decisiones informadas y que la empresa constructora que se creará se integrará al Instituto para aplicar los mismos controles y definir su régimen fiscal y legal para mayor transparencia.
De la misma manera, en el documento apunta que el nombramiento del director general del Infonavit no sea nombrado por el Ejecutivo Federal, porque debilitaría el tripartismo, y que esto lo haga la asamblea con la participación de todos los sectores.
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