Por Gabriela María De León Farías*
En días pasados Coahuila fue testigo de eventos fastuosos, organizados por ciertos organismos estatales con motivo de los informes de actividades de sus titulares, acontecimientos que contaron con la presencia del Ejecutivo estatal.
El caso del Poder Judicial del estado de Coahuila destaca por un magno evento en la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón, transmitido en múltiples plataformas digitales.
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Ese despliegue resulta, cuando menos, sospechoso, ya que la obligación primordial del magistrado presidente es rendir cuentas al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Saltillo. Más allá del escenario y la producción, preocupa la cantidad de recursos públicos destinados al traslado de magistrados y jueces desde cada rincón de Coahuila hasta Torreón, no sólo para aplaudir el informe, sino también para asistir a la recepción posterior.
La suspensión de audiencias y trámites judiciales en todo el estado, afectando incluso casos que involucran a menores de edad, revela una priorización cuestionable. Las audiencias relacionadas con guardas y custodias, pensiones alimenticias y violencia contra la infancia fueron postergadas por más de tres meses, todo para que los jueces pudieran rendir pleitesía al magistrado presidente. Como si fuera una ironía, el sistema electrónico de los juzgados civiles, familiares y mercantiles colapsó justo a la hora del informe.
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Otro ejemplo reciente es el del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo informe en Arteaga también contó con escenografía, personal de logística y transmisión en vivo. Maestros de todo el estado fueron movilizados a Saltillo para aplaudir los logros del rector, dejando a cientos de alumnos sin clases. Aquellos que acudieron a los planteles fueron “invitados” a sintonizar la transmisión.
Es innegable que los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, ¿es indispensable montar espectáculos de esta magnitud para reportar resultados que distan de ser sobresalientes?
El Poder Judicial de Coahuila enfrenta un rezago significativo en la impartición de justicia, con un estándar de tres jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio internacional de 65 establecido por la OCDE. La garantía de los derechos humanos de la ciudadanía está en pausa por la “falta de recursos públicos”. Y los que existen, se invierten en eventos y no en juzgados. Además, la calidad en el servicio y experiencia del usuario carecen de métricas de evaluación.
Por su parte la Universidad Autónoma de Coahuila, pese a su posicionamiento a escala nacional, no escapa a las supuestas acusaciones de mal manejo de recursos públicos, de escándalos por acoso sexual de integrantes de sus escuelas y del deterioro de su infraestructura.
Ante los dilemas planteados, debemos volver a lo básico. Retomemos las lecturas de Aristóteles, en su Ética a Nicómaco nos instruye sobre la bajeza de la adulación. El filósofo clásico argumenta que buscar el aplauso a toda costa, la complacencia vacía, es un vicio que corrompe el alma y desvirtúa la virtud.
Un líder que se rodea de aduladores, que invierte recursos en montar circos para glorificar su gestión, demuestra una profunda inseguridad y una falta de compromiso con el bien común. En lugar de enfocarse en resolver los problemas reales que aquejan a Coahuila, muchos funcionarios públicos parecen más preocupado s por construir una imagen grandiosa, un espejismo que se desvanece al contacto con la dura realidad.
La búsqueda obsesiva de la adulación es, en esencia, un acto antiético que socava la confianza ciudadana y erosiona los cimientos de una sociedad justa y equitativa. En Coahuila urge un cambio de paradigma: menos espectáculos y más resultados tangibles; menos búsqueda de aplausos y más compromiso con el servicio público.
*Maestra en derechos humanos. Especialista en gobierno abierto y rendición de cuentas.
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