Redacción El Coahuilense
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
La corrupción prosperará mientras los sistemas de justicia no castiguen los actos indebidos y mantengan a raya a los gobiernos. Cuando la justicia es comprada o interferida políticamente, es el pueblo quien sufre. Los líderes deben invertir en las instituciones que hacen cumplir la ley y combaten la corrupción, y garantizar su independencia. Es hora de poner fin a la impunidad de la corrupción.
François Valérian, presidente de Transparencia Internacional
La corrupción es un cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad. Desde las altas esferas del poder hasta los rincones más remotos, la impunidad se erige como su cómplice inseparable. México, al igual que otros países, sufre las consecuencias devastadoras de esta plaga: creciente desigualdad, falta de oportunidades y pérdida de confianza en las instituciones que nos gobiernan.
Los regímenes no democráticos, ya sean dictaduras autoritarias o totalitarias, tienden a agravar estos problemas.
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El grado de corrupción varía significativamente entre países. Dinamarca y Finlandia tienen índices mucho más bajos en comparación con México, Chile o Brasil, y estos últimos tampoco se pueden comparar con los niveles de corrupción de Venezuela o Somalia.
Según Transparencia Internacional y World Justice Project, en la última década el autoritarismo ha crecido en 141 de los 180 países evaluados. Este aumento, de acuerdo con estos informes, se debe principalmente a la reducción de los controles sobre los poderes del gobierno y al debilitamiento sistemático del Poder Judicial.
¿Les resulta familiar esta situación?
A escala global, desde hace una década el índice de percepción de la corrupción se ha mantenido estancado en un promedio de 43 puntos sobre 100. De los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, sólo 69 están por encima del promedio, seis se encuentran en la media y 105 están por debajo.
Desde 2012 México ha ocupado consistentemente el deshonroso puesto 126 con 33 puntos, siendo el país más corrupto de la OCDE, al nivel de naciones como Kenia, Togo y El Salvador.
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En contraste, Dinamarca lidera como el país con menor incidencia de corrupción y un Estado de derecho eficiente, seguido de Finlandia y Nueva Zelanda. Sin embargo, el estudio de Transparencia Internacional resalta un tipo particular de corrupción que afecta a países con bajos índices de corrupción interna: la corrupción externa, que generalmente no es castigada en sus países de origen.
En el Índice de Estado de derecho, elaborado por el World Justice Project, México se encuentra en la posición 118 de 142, superado por países como Turquía, Honduras, Angola y Nigeria. Este índice evalúa ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
Esta situación nos impone un reto formidable en el que el sistema educativo debe jugar un papel preponderante en la formación cívica y ética de los estudiantes. Los medios de comunicación deben generar conciencia pública sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que la sociedad civil debe seguir luchando contra la corrupción y la impunidad, fiscalizando las acciones del gobierno; promoviendo la denuncia de irregularidades y fortaleciendo la transparencia para reforzar nuestro marco legal e institucional.
Dado el panorama de una oposición política reducida al mínimo, así como el servilismo y la sumisión de algunos representantes en el Poder Legislativo, es fundamental:
1. Promover la participación ciudadana y la conciencia sobre la importancia de involucrarse en los asuntos públicos, utilizando los mecanismos legales y formales que ofrece la ley, sin excluir el derecho a la protesta y la resistencia social masiva.
2. Hacer valer el derecho a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución vía la transparencia y la rendición de cuentas, garantizado por un marco legal e institucional sólidos.
3. Implementar medidas preventivas para evitar la repetición de actos de corrupción en las instituciones, identificar y transformar las prácticas en el servicio público, legislar sobre los vacíos legales y establecer mecanismos de control para robustecer la rendición de cuentas.
4. Fortalecer el sistema de justicia para garantizar la autonomía y capacidad de juzgar y sancionar la corrupción, eliminando la impunidad de las élites gubernamentales.
Es indispensable contar con un sistema de separación de poderes que garantice control y equilibrio efectivos.
El debilitamiento del Poder Judicial, iniciado en el sexenio pasado con ataques sistemáticos desde el Poder Ejecutivo y continuado en la administración actual, junto con la desaparición de los organismos autónomos como el INAI, tendrá graves consecuencias y representará un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país.
Queda en manos de la sociedad civil organizada, la academia y el mercado, vivir una resistencia racional y promover una cultura crítica y revisionista del poder para poder salir del horror político, fortalecido por la irrelevancia y complicidad de la lánguida oposición política.
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