Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El oficio SFP/100/1088 lleva la firma del entonces secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino y fue copiado al entonces coordinador general de Órganos de Vigilancia, Gregorio Guerrero Pozas. Sobre su contenido, no hay espacio para la interpretación: la firma auditora designada para dictaminar los estados financieros presupuestarios correspondientes al ejercicio fiscal 2022 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se abstuvo de emitir una opinión técnica.
Fechado el 26 de abril del 2023, ese curso tiene como destinatario a Roberto Moreno Herrera, quien entonces llevaba nueve meses como al titular de la SESNA. En julio del año anterior, Ricardo Salgado Perrilliat había concluido su cuatrienio en esa instancia.
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La recomendación de Salcedo Aquino fue detonada por una peculiar decisión del entonces director de administración del SESNA, Fidel Ramírez: no adquirir el paquete informático utilizado por la Secretaría de Hacienda para registrar y compilar los estados financieros de las secretarías y dependencias que integran la administración pública federal.
Cuando el oficio fue recibido por Moreno Herrera, ya no estaba el funcionario responsable de la omisión quien por otros cuestionamientos —más graves— sobre su gestión decidió renunciar a su cargo en diciembre del 2022, tras de cuatro años. Su lugar fue ocupado por Laura Elizabeth González Stanford.
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Un simple formato Excel pareció suficiente a los exfuncionarios, lo que motivó que la firma auditora designada por la Secretaría de la Función Pública se abstuviera de revisar el informe financiero correspondiente al 2022. Moreno Herrera y su directora de administración acusaron recibo de la comunicación de Salcedo Aquino —quien votó el reporte de la auditoría externa como neutral— y subsanaron la falta, como quedó asentado en la auditoría del 2023.
Ante la divulgación de estos reportes, en la cúpula del SNA consideran que son víctimas de una campaña de desestabilización auspiciada por un grupo de transparentólogos que paulatinamente han perdido ámbitos de influencia y que ahora están incrustados en el CPC. “Lo último que les importa es el combate a la corrupción. Pero aquí no somos como los del Inai”.
La evidencia disponible apunta a otras situaciones. Allí está, por ejemplo, el mensaje que hace cinco días difundió la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana, Magdalena Verónica Rodríguez, en sus redes sociales, para responder a la “información inexacta” que su sucesora, Vania Pérez Morales, difundió por faltantes en la entrega-recepción efectuada hace 10 días.
“La integridad no se basa en mentiras ni en estar de liosa permanente”, rubricó.
Efectos secundarios
¿GASTALONES? El oficio 400/SSE/2025/0109 tiene como destinatario al personal de la Subsecretaría de Egresos, que encabeza Bertha Gómez Castro, de innegable cercanía con la Presidenta de la República. Esa ordenanza, empero, alude a las acciones que se deberán implementarse en todos los inmuebles de la SHCP, con la finalidad de optimizar el consumo de energía. Y sí, la orden era inapelable: deben ser retirados todos los electrodomésticos y muebles de línea blanca —refrigeradores, frigobares, hornos de microondas, cafeteras, televisores, radios y cualquier otro tipo de equipo eléctrico— de las oficinas de esa dependencia, ya sean propiedad de sus usuarios o de la dependencia. Después de dos semanas de gracia, ayer comenzaron los operativos de verificación, para comprobar que hayas sido retirados, particularmente aquellos que usen resistencias eléctricas. También ha quedado contenido —“al mínimo indispensable”— el uso de aires acondicionados y ventiladores.
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