Redacción El Coahuilense
De cara a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la seguridad y el respeto a la libre expresión. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia del diálogo como herramienta clave para prevenir confrontaciones y proteger los derechos de las manifestantes.
Durante una videoconferencia con autoridades estatales, Rodríguez subrayó que el gobierno federal impulsó protocolos especializados para la atención de protestas. Enfatizó que estas medidas buscan garantizar que las manifestaciones transcurran de manera ordenada y sin el uso de la fuerza pública.
Uno de los mecanismos destacados es el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, desarrollado a partir de las experiencias adquiridas en la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Este documento está disponible para todas las entidades federativas, aunque su aplicación dependerá de la voluntad política de cada estado.
Entre las estrategias propuestas, la secretaria de Gobernación instó a los gobiernos locales a establecer canales de diálogo con colectivos feministas, definir rutas de evacuación en caso de incidentes y designar enlaces específicos para el seguimiento de periodistas. Se busca así evitar situaciones de riesgo y garantizar condiciones seguras para quienes participen en las protestas.
“Hoy, más que nunca, estamos viviendo en México tiempos de cambio. Tenemos la primera mujer Presidenta de la República: la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, destacó Rodríguez.
En la reunión participaron César Yáñez, subsecretario de Gobernación; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Rocío Bárcena, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Las autoridades reiteraron la postura del gobierno federal de evitar la criminalización de la protesta y garantizar el derecho a la libre expresión.
Finalmente, la Segob presentó las medidas de atención para el 8M, en las que se establece que no se utilizará la fuerza pública para dispersar manifestaciones y se priorizarán estrategias de prevención. El gobierno reafirmó su compromiso con la protección de los derechos ciudadanos y con la generación de condiciones para una jornada segura y sin incidentes.
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