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Nuevo León.- En 2022 el estado de Nuevo León protagonizó una serie de omisiones y fallas en casos de feminicidio y desaparición. Debanhi Escobar Bazaldúa, María Fernanda Contreras y Yolanda Martínez Cadena son solo algunos nombres de mujeres que fueron revictimizadas por las autoridades de la entidad, donde de enero a octubre se registraron 130 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales solo 81 se investigan como feminicidio.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Nuevo León ocupa el segundo lugar a nivel nacional en referencia al delito de feminicidio, tan solo detrás del Estado de México.
Lo anterior enmarcado en dichos violentos e investigaciones negligentes que poco procuran la seguridad y justicia de las mujeres de la entidad. Por ejemplo, recordemos el caso de María Fernanda Contreras, de 26 años, quien desapareció el pasado 3 de abril al sur de Monterrey.
Por la noche la joven envió un mensaje a su madre en que le indicaba que volvía a casa. Fue así como se identificó la señal de GPS de su teléfono celular, en un punto de la colonia ExHacienda Santa Rosa.
Debido a que no tuvieron rastro de la joven, la familia inició su búsqueda e incluso compartieron la última ubicación con las autoridades de la entidad. Sin embargo, personal de seguridad no se presentó para comenzar con las acciones de localización.
Fue así como cuatro días después de su desaparición, María Fernanda fue localizada sin vida en un predio cercano al último punto que detectó su señal de GPS, mismo lugar al que las autoridades decidieron no acudir a buscarla días antes.
La alerta nuevamente se encendió días después, cuando se dio a conocer la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el 9 de abril luego de ser abandonada por un taxi en la carretera Monterrey-Laredo. Desde el momento en que la última fotografía de la joven de 18 años se difundió en medios de comunicación y redes sociales, su caso causó gran conmoción en México.
Tras varios días de búsqueda, Debanhi fue localizada sin vida la noche del 21 de abril. En este proceso las autoridades de Nuevo León ignoraron pistas y operaron con base en un protocolo deficiente, pues Debanhi fue encontrada en el mismo punto donde presuntamente ya había sido buscada: las instalaciones del Motel Nueva Castilla.
De acuerdo con el primer informe de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León, la causa de muerte de Debanhi fue una “contusión profunda de cráneo”, lo que procuró apuntarse hacia la supuesta caída de la joven en la cisterna donde fue localizada, dentro del predio del motel Nueva Castilla en Nuevo León. Incluso el fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, llegó a declarar que Debanhi se puso de pie luego de caer. Dicha afirmación puso en evidencia el poco compromiso de las autoridades neoleonesas para esclarecer el delito y sancionar al o los responsables.
Tras exhumar el cuerpo de Debanhi, la Fiscalía tiró su primera versión “oficial” detrás del feminicidio, dejando en claro que la joven no murió por sumersión, como en un momento aseguraron. Además, de acuerdo con el dictámen forense, su muerte ocurrió de tres a cinco días antes de que fuera localizada sin vida y no el mismo día de su desaparición, como también habían dado a conocer en su momento las autoridades de Nuevo León.
La revictimización y nula atención a la búsqueda con vida de mujeres también se vio reflejada luego de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, a quien las autoridades tampoco quisieron buscar debido a que -aseguraron- “se había ido con el novio”.
Gerardo Martínez, padre de Yolanda, transitó momentos de desesperación al no saber del paradero de su hija de 26 años. Fue así como inició su búsqueda el 31 de marzo de 2022 y terminó el 9 de mayo del mismo año, cuando localizó a Yolanda sin vida en una zona de matorrales.
El camino recorrido por Gerardo lo hizo comprender que no podía contar con las autoridades, pues desde ese 31 de marzo –cuando Yolanda no regresó luego de haber salido a buscar trabajo– los servidores públicos le dieron la espalda.
“Cuando puse la denuncia no me la aceptaron porque decían que Yolanda se había ido con el novio. Me lastimaron con sus palabras en esos momentos. A mí me dejan solo en mi búsqueda durante más de dos semanas. Después de que Debanhi Escobar fue encontrada, viene el equipo conmigo, pero de alguna forma yo ya tenía mi investigación”, contó Gerardo Martínez en entrevista con Cimacnoticias.
Durante el tiempo en que buscó a Yolanda, Gerardo se reunió con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien únicamente se dedicó a revictimizar a la joven a través de distintos medios de comunicación.
“Quiero dar un mensaje a la comunidad: que muy probablemente en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. El mensaje es para pedirles… y decirle a Yolanda –si nos está viendo– que se sienta 100 por ciento protegida”, expresó García Sepúlveda, cuando las pruebas forenses indicaron que para ese momento la joven ya había sido asesinada.
Para Gerardo Martínez, el cuerpo de su hija fue sembrado. El hombre acusó que, casualmente, Yolanda fue localizada luego de que se ofreciera una recompensa de 100 mil pesos a quien brindara información sobre su paradero.
En los tres casos, Yolanda, Debanhi y María Fernanda fueron ignoradas, violentadas aún después de sus asesinatos y continúan sin obtener justicia. Lo anterior aún cuando el 18 de noviembre de 2016 se dictó la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a cinco municipios (Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey), con el objetivo de establecer medidas que busquen reducir las cifras por feminicidio en la entidad.
Y es que además de encontrarse al frente por el delito de feminicidio, el SESNSP destaca que Nuevo León ocupa el tercer lugar en delitos por violencia familiar, con. 19 mil 456 casos, tan solo por detrás de la CDMX y el Edomex.
En el delito de trata de personas NL también se encuentra entre los tres primeros lugares a nivel nacional con 69 casos. Mismo sitio ocupa por el delito de violación, con 1 mil 387 denuncias, también por detrás del Edomex y Ciudad de México.
En ese contexto, mujeres de la entidad no han dejado de exigir justicia y también garantías para ejercer una vida libre de violencia. Sin embargo, las deudas por parte del gobierno que encabeza Samuel García Sepúlveda aún son muchas.
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