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Ciudad de México.- En medio de un debate maratónico y de múltiples controversias, el Senado de la República aprobó el Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un total de 68 votos a favor, 50 en contra y en medio controversias en las que se señalaron diversos retrocesos, entre ellos afectaciones a la Ley 3 de 3.
De esta forma se aprobó reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además se expedirá la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El dictamen que se votó en el Senado que consta de más de 700 páginas proviene de la Cámara de Diputados. Este fue aprobado en primera instancia por las comisiones de Estudios Legislativos y de Gobernación del Senado, quienes realizaron casi un centenar de cambios a la minuta original.
Así, el dictamen pasó al pleno en medio de debates que acusaron lo anterior como un proceso antidemocrático y un dictamen aprobado de manera inconstitucional. Una de las senadoras que recurrió a estos argumentos fue Beatriz Paredes, quien solicitó a la mesa directiva del Senado de la República retirar el dictamen a discusión. Sin embargo, su solicitud fue rechazada.
Antes de iniciar con los votos individuales y la exposición de posturas, también se dio a conocer la presentación de tres mociones para retirar el dictamen. No obstante, tal como sucedió con la propuesta de la senadora Paredes, se votó en contra de ellas y se dio luz verde para iniciar con la discusión y la posterior votación del llamado Plan B.
El debate en el pleno
El senador del partido Morena, Ricardo Monreal en su posicionamiento ante el pleno emitió un mensaje contundente al perfilar su voto particular en contra del Plan B y señaló que fue “un asunto estrictamente personal” y con ello se desmarcó de su bancada, además aceptaría las consecuencias que esta situación le genere.
Por su parte el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria en su turno frente al pleno pidió que se revisara lo que se pretendía votar en lo que determinó “procesado en las rodillas” y advirtió de situaciones de las que “no se han dado cuenta” por no tener tiempo de leer el dictamen, como la de instalar consejos distritales pasadas ya las elecciones.
Reforma electoral y los riesgos de los avances en materia de género
Durante la discusión del dictamen, el senador Miguel Ángel Osorio Chong aseveró que esta Reforma Electoral representa un retroceso en materia de género. “Se les olvida las batallas para aprobar la paridad de género que permitió que hoy la mitad de estos escaños estén ocupados por mujeres. Compañeras, les hablo a todas: lo que van a votar es un agravio y un gran retroceso para su participación política. Hay que leer esta iniciativa.”
Tal como señaló Osorio Chong, el dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos dejaba en manos de las diligencias de los partidos la decisión de seguir los principios de paridad, borrando así su obligatoriedad.
Ante esto, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena presentó una reserva para eliminar la frase «conforme a la estrategia electoral de cada partido» y el párrafo tercero del artículo 11 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar que los partidos políticos respeten la paridad de género.
«Un tema nos llamó la atención a las mujeres del Senado, proponemos que en la propuesta se elimine la última parte, porque han habido una serie de decisiones dentro de los partidos políticos que vulneran nuestros derechos político-electorales. Han demostrado prácticas injustas y han transgredido nuestros derechos. No podemos afectar a las mujeres y restringir el derecho a acceder con plenitud a sus derechos», argumentó Mícher Camarena.
Además de esto, la propuesta emanada de las comisiones atenta contra iniciativas como la Ley 3 de 3. Entre los principales señalamientos que se han hecho a la iniciativa, se acusó que el Plan B restringía la facultad de sanción del Instituto Nacional Electoral sobre conductas cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales.
En este sentido, se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley, por ejemplo, para el registro de candidaturas.
Lo anterior quedaría asentado en el artículo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y tanto diputados como senadores coincidieron en su adhesión.
Esto atenta contra la Ley 3 de 3 y otras iniciativas similares. En Yucatán e Hidalgo se han aprobado estas reformas, las cuales impiden que deudores alimentarios y agresores por razones de género puedan acceder a cargos públicos de elección popular.
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