Redacción El Coahuilense
Con el objetivo central de garantizar el acceso equitativo al agua en territorios históricamente desatendidos, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja propuso un marco legal especializado para ocuparse de zonas áridas y semiáridas del país, que incluye la creación de una Agencia especializada.
El legislador federal Mejía Berdeja del Partido del Trabajo (PT) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para la Gestión Sustentable del Agua en regiones del país con estas características. La propuesta considera las particularidades climáticas, sociales y económicas de más de la mitad del país.
El diputado federal coahuilense reconoce que más del 52 por ciento del territorio nacional se ubica en estas zonas, donde se registra escasa precipitación, sobreexplotación de acuíferos y procesos acelerados de desertificación. El diagnóstico que acompaña la propuesta exhibe una crisis estructural que compromete la viabilidad ambiental y social de estos espacios.
Además, el parlamentario, también conocido como “El Tigre”, advierte que más del 70 por ciento de los acuíferos ubicados en dichas zonas presentan sobreexplotación. Este fenómeno se asocia a una falta de regulación adaptada y a un uso ineficiente del recurso por sectores agrícolas, industriales y urbanos.
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En la iniciativa parlamentaria, Ricardo Mejía propone crear la Agencia Nacional para la Sustentabilidad del Agua en Zonas Áridas (ANSAZA). Este organismo se encargará de aplicar una política diferenciada, descentralizada y técnicamente especializada.
Entre sus funciones, figuran el diseño de programas de recarga artificial de acuíferos, la modernización del riego agrícola y la administración de fondos financieros exclusivos para infraestructura hídrica. “Se trata de una respuesta concreta a los retos del cambio climático”, indicó.
Mejía Berdeja propone, además, el establecimiento de Bonos Verdes para Proyectos Hídricos Sustentables, con mecanismos de rendición de cuentas y auditoría pública; “la recaudación será gestionada mediante un fideicomiso especializado con supervisión anual de la Auditoría Superior de la Federación”.
Por si fuera poco, el proyecto de Ley, presentado por el político coahuilense, prevé beneficios fiscales en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para quienes implementen tecnologías de ahorro de agua y participen en esquemas de uso eficiente del recurso, “este incentivo busca fomentar la transición hacia un modelo más sustentable”.
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El legislador petista resaltó que, la propuesta se articula con el Plan Nacional Hídrico 2024–2030 y los compromisos de México ante la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “de forma clara, se sitúa el acceso al agua como un derecho humano cuya garantía no puede postergarse más”.
El articulado establece que los daños causados a cuerpos de agua deberán ser resarcidos. La remediación se convierte así en una obligación jurídica y no en una opción voluntaria, como ha ocurrido hasta ahora. “Los grandes consumidores tendrán que sujetarse a nuevas reglas. Quienes superen un umbral de 50 mil metros cúbicos anuales deberán adoptar auditorías, reportes y medidas de compensación ambiental”.
Con estas disposiciones, agregó Mejía Berdeja, se busca corregir la histórica inequidad en el reparto del agua. ”La intención es priorizar las necesidades básicas de comunidades rurales, pueblos originarios y regiones agrícolas en estrés hídrico”.
Además, el proyecto prevé que la ANSAZA emita un informe anual al Congreso. Este documento deberá contener indicadores técnicos, resultados de proyectos y propuestas de mejora en la política hídrica nacional.
Los gobiernos estatales y municipales deberán participar activamente. Se espera que aporten al Fondo Nacional para la Tecnificación del Riego y cumplan los lineamientos establecidos por la agencia federal.
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Además, se incluye un componente educativo. Se promoverán campañas de concienciación sobre el uso responsable del agua, con énfasis en escuelas rurales y comunidades vulnerables. “La nueva ley será complementaria a la Ley de Aguas Nacionales. No la sustituye, sino que operará de manera diferenciada en aquellas regiones donde la sequía ya es una condición permanente”.
Ricardo Mejía Berdeja subrayó que esta iniciativa constituye una política de Estado. Su visión trasciende sexenios y busca reconstruir la confianza pública en torno a la gestión del agua. “La propuesta parte del principio de equidad territorial. Aquellos que históricamente han padecido abandono institucional, podrían ahora beneficiarse de una ley pensada a su medida”.
El legislador federal concluyó que, “garantizar el derecho humano al agua implica asumir una corresponsabilidad entre Estado, sociedad e iniciativa privada. Sin ello, no hay desarrollo sostenible posible”.
La iniciativa ya fue turnada a comisiones en San Lázaro. Se espera que las discusiones arranquen en los próximos días con la participación de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
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