Redacción El Coahuilense
El 27 de marzo de 2021, el feminicidio de Victoria Salazar, una mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México desde 2018, conmocionó a México y a la región latinoamericana.
A cuatro años de los hechos, la impunidad y el olvido continúan siendo los principales protagonistas de esta tragedia que refleja la violencia estructural y sistemática que enfrentan las mujeres en el país.
Victoria, madre de dos adolescentes, fue víctima de uso excesivo de la fuerza pública. La tarde de su muerte fue detenida por policías municipales de Tulum, quienes la sometieron con acciones excesivamente violentas.
Los oficiales la tiraron al suelo, la inmovilizaron con tal fuerza que le causaron la muerte. El video con las imágenes de su asesinato recorrió las redes sociales. Los gobiernos de México y El Salvador se comprometieron a que la justicia llegaría para su familia. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas, llamó a que se realizara una investigación con perspectiva de género y se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres en México. Nada ha sucedido.
Hablar de Victoria Salazar es mencionar el contexto de violencia estructural que viven las mujeres en México.
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De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2021 en México se registraron 922 feminicidios; mientras que para 2024 fueron 762, lo que equivale a un promedio de 7 mujeres asesinadas al día. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha señalado que las cifras oficiales podrían estar subestimadas debido a la falta de una adecuada tipificación de los delitos y a la omisión en el registro de casos.
Esto refleja la urgente necesidad de implementar políticas públicas más efectivas y coordinadas entre los tres niveles de gobierno. La falta de formación en perspectiva de género en las fuerzas de seguridad, la cultura patriarcal incrustada en el sistema judicial y la escasa sanción a los responsables de estos crímenes perpetúan un ciclo de violencia impune.
El feminicidio de Victoria es un ejemplo de cómo la violencia contra las mujeres se convierte en un problema sistémico que no se resuelve con discursos ni promesas vacías. En este caso, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, en la que llama al entonces presidente municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, Víctor Mas Tah, a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad a que brinden a las víctimas indirectas del caso la reparación integral por los daños causados y que incluyan una compensación justa y suficiente, a la fecha se desconocen los avances y seguimiento de la Comisión al cumplimiento de la Recomendación.
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La presión, el enojo y la indignación generada a nivel nacional e internacional ante lo ocurrido no han sido suficientes para lograr que Victoria y su familia obtengan justicia y reparación del daño. Después de cuatro años, la audiencia en materia penal ha sido cancelada en múltiples ocasiones; los cuatro implicados actualmente están llevando su proceso en libertad; y el caso fue reclasificado como homicidio culposo.
Este caso, además de ser una muestra de la violencia que viven las migrantes y las refugiadas, evidencia las profundas fallas en los sistemas de justicia, donde las mujeres siguen siendo vistas como objetos de control y abuso por parte de las autoridades; y las migrantes invisibles ante los sistemas de justicia.
La respuesta de las instituciones encargadas de impartir justicia ha sido inadecuada. Aunque los policías responsables del feminicidio fueron arrestados inicialmente, el caso ha estado marcado por la lentitud del proceso judicial y la falta de avances significativos en la reparación del daño. La justicia, cuando se trata de feminicidios, se convierte a menudo en una quimera: las investigaciones se estancan, las víctimas y sus familias son revictimizadas y, en muchos casos, el sistema judicial no logra ofrecer respuestas contundentes, y si se trata de justicia transnacional el panorama es más incierto.
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Cuatro años después, la madre de Victoria y sus dos hijas siguen buscando justicia en un sistema que parece querer olvidar a su hija. Es necesario un compromiso real y efectivo, por parte de las autoridades, para implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, y un cambio profundo en las estructuras que permiten que el abuso y la impunidad persistan.
Es urgente resolver la reparación integral del daño; brindar apoyos educativos a sus hijas; proveer atención médica y psicológica para su familia; entregar documentos migratorios por razones humanitarias para su madre e hijas; dar seguimiento a la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y brindar acceso al seguimiento de su cumplimiento; condenar a los responsables, sin dejarlos llevar el proceso en libertad como ya ocurrió.
No olvidemos a Victoria Salazar, porque ella no murió, a ella la mataron, y su feminicidio no puede quedar como un ejemplo más de impunidad, de discriminación y de desigualdad. En su memoria, en la de todas las mujeres migrantes y refugiadas que han sido asesinadas, y en la de todas las que seguimos luchando por una vida libre de violencia, debemos exigir que se haga justicia y que nunca más un feminicidio sea tratado como una simple estadística más, mucho menos apostar al olvido.
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