Por Gabriela María de León Farías
En las últimas semanas Coahuila ha sido testigo de un aumento alarmante de violencia en diversos ámbitos sociales. Dos casos recientes han capturado la atención por su gravedad y porque reflejan el estado actual de nuestra sociedad.
Por un lado, la reciente riña entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Universidad Carolina ha puesto en evidencia la falta de conciencia sobre los límites del comportamiento social entre los jóvenes.
Por otro, el trágico asesinato a golpes de un árbitro de fútbol en Torreón, Coahuila, tras un partido que observaba, ha conmocionado a la comunidad deportiva y a la sociedad en general. Estos sucesos han sido ampliamente cubiertos por El Coahuilense Noticias.
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La reciente pelea entre estudiantes en las instalaciones de Camporredondo de la UAdeC genera gran preocupación. Estos comportamientos violentos son cada vez más frecuentes y agresivos. Apenas en octubre de 2024 un suceso similar ocurrió en las mismas instalaciones universitarias. En ese momento los responsables de ambas instituciones aseguraron que tomarían medidas severas para evitar que hechos de este tipo se repitieran. Sin embargo, menos de seis meses después el conflicto volvió a estallar, con la diferencia de que ahora las agresiones continuaron fuera del campus universitario.
Una vez más ambas instituciones han anunciado sanciones para los involucrados y medidas preventivas, pero este incidente revela una problemática más profunda: la falta de conciencia de los jóvenes sobre las normas sociales y los límites del comportamiento.
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Es inaceptable que jóvenes privilegiados, deportistas con acceso a educación, participen en estas riñas. En un país donde solo el 45% de los jóvenes puede ingresar a la universidad, el comportamiento de quienes acceden a la educación superior debería ser otro, máxime que uno de los grupos en conflicto representa a una institución privada, donde se supone que las normas de conducta son aún más estrictas.
Esta situación no sólo refleja la violencia en las escuelas, sino también una sociedad que cada vez más tolera y normaliza la agresión como forma de resolver conflictos. Si no se aborda este problema de raíz de forma urgente, estaremos criando generaciones que no entienden el valor del respeto mutuo y la sana convivencia social.
Por otro lado, el caso de quien se desempeñaba como árbitro de fútbol en Torreón es aún más trágico. La muerte de Emmanuel Gallegos, quien en ese momento sólo observaba el juego, ha sacudido a la comunidad deportiva y pone en evidencia la creciente intolerancia y violencia en los campos de juego. El fair play y el respeto a las reglas son ilusiones del pasado. La agresión contra una persona que estaba fuera del campo y de las decisiones del juego es un síntoma de una sociedad que ha perdido la noción de lo que es aceptable. La clausura de las instalaciones donde ocurrió el incidente y la investigación en curso son pasos necesarios, pero no suficientes. Es crucial que se tomen medidas más profundas para erradicar la violencia en el deporte y en la sociedad en general.
Al respecto surgen varias preguntas: ¿A qué están jugando las autoridades? ¿Esperan que el problema de violencia en los espacios deportivos se resuelva solo? ¿Por qué la Secretaría de Educación en el estado, la rectoría de la UAdeC, los institutos del Deporte y la Juventud han sido omisos en abordar el tema? ¿La violencia deportiva está entre las prioridades de la agenda pública?
Lo que sí vemos es una falta de políticas públicas que promuevan entre los jóvenes la convivencia respetuosa, así como la incompetencia de las autoridades para imponer sanciones efectivas, lo que da pie a la impunidad y envía el mensaje de que la violencia es la norma en espacios que deberían ser lúdicos y formativos.
La escalada de violencia en Coahuila no sólo es un problema social, sino también político. Propicia la formación de una ciudadanía sin respeto por las reglas y su comunidad. Si no se abordan estas cuestiones de manera efectiva, corremos el riesgo de perder el camino de regreso hacia el estado de derecho y la cultura de la legalidad. La violencia se convierte en un círculo vicioso cada vez más difícil de romper, lo que la normaliza. Los jóvenes que hoy no respetan las reglas en casa, en los juegos escolares y deportivos, ni las normas sociales, pueden convertirse en adultos que no respetan las leyes, lo que llevaría a una sociedad cada vez más desordenada y peligrosa.
Es imperativo que las autoridades, las instituciones educativas y la sociedad en general trabajen juntos para educar sobre el respeto a las normas y la importancia de la convivencia pacífica. Es urgente la implementación de políticas públicas claras y de programas y estrategias precisas que los jóvenes adopten como suyas, en los que todos participen y se comprometan a seguir. Se precisa que los niños y jóvenes de Coahuila y sus padres entiendan que las competencias deportivas no son campos de batalla, sino espacios de formación, donde aprenderán el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, del respeto a las normas, del reconocimiento al esfuerzo del contrario y de la resiliencia ante la derrota. Se debe volver a la esencia de la competencia civilizada que visualiza a los juegos deportivos como una forma sana de divertirse y aprender.
A la par, las consecuencias también deben ser tangibles. Las carpetas de investigación no deben dormir el sueño de los justos, como lo hacen más del 95% de los casos denunciados en el país. Si no existen sanciones ejemplares que inhiban a los jóvenes en conflicto, lo volverán a hacer. Si no se actúa hoy, el futuro del estado se verá cada vez más ensombrecido por la violencia y la inseguridad. La pregunta es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de tomar medidas efectivas para detener esta escalada? El tiempo para actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde.
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