Redacción El CoahuilensePor Kristel Reyes
En la Plaza Manuel Acuña, entre carteles, consignas y pañuelos que tiñeron las calles durante el 8M en Saltillo, manos jóvenes repartieron folletos con información sobre el acceso a un aborto seguro.
Hace poco más de cuatro años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un hecho histórico al despenalizar el aborto a través de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, derivada de un artículo del Código Penal de Coahuila.
Este fallo no sólo invalidó el castigo penal que existía en el estado, si no que convirtió el Código Penal coahuilense en el referente jurídico que terminó con la criminalización en todo México de las personas gestantes, estableciendo que ninguna entidad puede usar la cárcel para castigar el derecho a decidir.
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Sin embargo, en las calles de Saltillo, el derecho ganado en el papel choca diariamente con el estigma, la desinformación y las barreras institucionales que en la práctica es desigual para quien lo requiere.
Del papel a los hechos
Tras la despenalización, la capital coahuilense consolidó una red de atención dividida en dos: el sector público gratuito y las clínicas privadas especializadas.
En el ámbito estatal, el servicio se ofrece a través de las unidades de Servicios de Aborto Seguro (SAS), el Hospital General de Saltillo, el Centro de Salud Urbana Morelos y, para los derechohabientes, el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
A pesar de esto, el servicio gratuito es relativo. En entrevista para El Coahuilense Noticias, Metz Gómez, quien forma parte de la Red de Aborto Seguro Saltillo, comparte su experiencia como acompañanta de personas que deciden abortar. Señala que, aunque el aborto ya no es un delito, acceder a él “sigue siendo un privilegio” para unos cuantos.
“Falta mucho porque hay barreras económicas. Les exigen análisis que son innecesarios en la mayoría de los casos, como eco y análisis sanguíneos que tienen que pagar las personas. Muchas de ellas ni siquiera tienen para transportarse al lugar en donde las van a atender, menos van a poder pagar análisis que juntos cuestas hasta mil 500 pesos”, explica Gómez.
Para ella esta “medicalización” del proceso ignora los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomiendan el acompañamiento en casa como la opción más digna. Sostiene que en las instituciones persiste una “postura moral individual” del personal que se traduce en violencia institucional al ofrecer el legrado (una práctica obsoleta y catalogada como tortura) como un mecanismo de castigo.
Aunque el aborto está despenalizado, las instituciones de salud continúan reproduciendo prácticas que obstaculizan su acceso. Éstas van desde la exigencia de requisitos innecesarios hasta la desinformación sobre los protocolos. Las personas que buscan interrumpir un embarazo enfrentan un sistema que, en las palabras de Gómez, sigue “desactualizado y atravesado por posturas morales”.
“En la institución siguen medicalizándolo, siguen sin actualizarse con todos estos protocolos y lineamientos que existen y siguen metiendo sobre todo el pensamiento y la postura moral individual, lo cual deben de quitar”, subraya.
Fe y feminismo
Frente al estigma religioso que aún persiste en Coahuila, surge la voz de la activista y comunicadora coahuilense, Jackie Campbell. Para ella, la fe y el feminismo no son opuestos, si no una necesidad de justicia. Jackie relata cómo su contacto con la teología feminista en Argentina le permitió entender que el cuerpo de la mujer ha sido históricamente catalogado como “impuro” para someterlo. Frente a ello expone una interpretación que rescata un Dios amoroso que busca la abundancia y la libertad de los oprimidos.
“Dios no es el del Dios que condena, señala, mata y oprime como lo quieren ver. Es todo lo contrario. Por eso tantos acercamientos de Jesús con tantas mujeres valientes que se muestran en la Biblia. Si estamos siguiendo a Jesús, si tenemos fe, si creemos en un proyecto que nos salve a todos, pues entonces no podemos ir condenando y deseando que una mujer vaya a prisión por decidir sobre su cuerpo”, afirma.
Campbell coincide con Gómez en la brecha de clase en cuanto a la posibilidad de abortar en el estado y la persistencia de estigmas en el personal de salud, quienes a menudo actúan como “pequeños dioses” al bloquear los derechos humanos de quien requiere abortar.
“O es derecho o es privilegio. Es muy sencillito: si no alcanzamos a tomarlo todas quiere decir que es el privilegio de unas cuantas, y ahí están las blanquitudes, pero no estamos las morenas, las negras, las cuidadoras. Si tienes dinero, te vas a donde quiera a abortar; pero si yo soy pobre, entonces estoy condenada a la clandestinidad”, expone.
Esta postura es respaldada por Católicas por el Derecho a Decidir México (CDD), una organización feminista de inspiración católica con más de tres décadas de labor en México y América Latina, que reafirma su misión de reconciliar la fe religiosa con el derecho a decidir, proponiendo una “mirada amorosa” frente a las posturas conservadoras de la jerarquía eclesial.
En entrevista con El Coahuilense Noticias, una integrante de la organización destaca que el catolicismo y el feminismo coexisten a través de la libertad de conciencia. Basándose en el Derecho Canónico (Canon 13 23), explica que existen causales donde el aborto no es castigado ni conlleva excomunión, como el miedo grave o la necesidad.
“En el canon 13 23 se establece que no se castiga el aborto. Puede ser cuando se es menor de 16 años, cuando se ignora que infringe una ley, si actuó por violencia de manera accidental o presionada por miedo, si lo hizo por necesidad para evitar un grave daño, si actuó en legítima defensa o cuando la mujer carecía de uso de razón. El Derecho Canónico establece que el aborto no es castigado ni es considerado un mal en sí mismo ante estas circunstancias”, explica.
Interseccionalidad
La Red de Aborto Seguro no sólo combate el estigma religioso, también la exclusión dentro del propio movimiento. Gómez explica que la inclusión de hombres trans en su agenda es vital para no replicar las estructuras que critican.
“Existen hombres trans que abortan. Lo quieran aceptar o no nuestra atención debe ser digna y amorosa para todas las identidades”, menciona.
Afirma que como acompañantas tienen que seguir actualizándose y reconocer que las mujeres y hombres trans han sido parte importante de la lucha por los derechos. Asegura que cada persona que se acerca a la Red atraviesa una realidad distinta, en donde las vidas “son cruzadas por muchas violencias y realidades”.
“Tampoco somos quienes para señalarles sus identidades ni para invalidar las luchas en las que nos han acompañado por muchos años. Por eso es importante meter esta parte de la interseccionalidad. Nosotros cuando tratamos con personas estamos dando un servicio, buscando dignidad y amor en la toma de decisión de abortar; no podemos negar, invalidar o minimizar sus realidades”, dice.
Por otro lado, la integrante de la Red identifica un foco de violencia crítica en las menores de edad. A diferencia de lo que dicta el estigma social, las menores en Coahuila no son las que más buscan el aborto, sino las personas de entre los 18 y 32 años y son éstas las más violentadas cuando lo hacen. Las instituciones suelen exigirles acompañamiento de tutores, violando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y obligándolas, en muchos casos, a maternidades forzadas.
“La verdad es que atendemos a más personas entre los 17, 18 y los 32 años, lo cual coincide también con la edad reproductiva, los picos fértiles. Pero no lo relaciono directamente, yo lo veo más con el tema de que sigue habiendo un estigma social muy fuerte en donde sus padres, madres o tutores son los que deben de decidir por esas personas cuando pues no es verdad”, lamenta.
El acompañamiento como resistencia
Para Metz Gómez, quién paso de estar en contra del aborto a ser acompañanta tras ayudar a una amiga cercana, el activismo se resume en una frase: “El acompañamiento debe ser digno y amoroso”.
A pesar de que en las instituciones intentan “satanizar” a las acompañantas por no ser médicas, Gómez defiende la labor de las redes que han sostenido la lucha que el Estado sólo brinda a medias. El aborto, recuerda, siempre ha existido como una práctica comunitaria y hoy, mas que nunca, la información es la herramienta para derribar los muros de la moralidad.
“Abortar es algo que siempre ha existido, siempre se ha hecho (…) El derecho es máximo para quien lo necesite. Nosotres no somos quienes para andar invalidando identidades. Es un derecho avalado en términos legales, sociológicos y psicológicos”, afirma.
En un país donde el abortó dejó de ser delito, pero no un tabú dentro de las instituciones, el acompañamiento sigue siendo, para muchas, la única puerta de acceso a decidir sobre su vida.
“No tengan miedo. El aborto siempre ha existido. Simple y sencillamente han querido tapar el sol con un dedo. Yo les diría que accedan, que se informen, que no tengan miedo porque siempre habrá alguien para apoyarles a defender sus derechos”, finaliza.
