Redacción El CoahuilensePor Daniel Cortinas
Luego de cuatro semanas en prisión, el pasado viernes 8 de agosto fue liberada Juventina Sánchez González, mujer de 68 años que se ha visto envuelta en un litigio por un predio que ha estado en su familia desde hace más de cien años.
Se trata del lote denominado Alto de Noria, ubicado en el Cañón de la Noria de la Congregación de Huachichil, en el municipio de Arteaga.
Ochocientas hectáreas de predio boscoso con huerto de manzanas que colinda al norte con Cañón de los Palillos, al sur con la Hedionda Grande y al oriente con el Huachichil.
Dicho terreno fue otorgado por Antonio Sánchez Martínez a su esposa Margarita Moncada, según lo indica el Testamento Público abierto número 62 del año 1911, firmado por el notario público Eulogio de Anda.
En 1923 el terreno fue cedido al padre de Juventina, Pascual Sánchez, quien falleció en el año 2002 sin dejar disposición testamentaria alguna.
De esta manera, Juventina Sánchez inició un juicio sucesorio para determinar la distribución de bienes del fallecido. Obtuvo en su favor la sentencia de adjudicación 3/2015, por lo que en enero de 2015 el bien inmueble Alto de la Noria pasó a ser su propiedad.
Ese mismo año la señora Juventina fue demandada por el delito de despojo por un empresario de San Pedro Garza García, cuyo nombre se reserva a petición de la defensa de la afectada y quien menciona haber adquirido las tierras tiempo atrás, hecho que no pudo ser confirmado durante ese año.
En 2018 el Ministerio Público imputó a la señora Juventina por el delito de despojo de tierras y fue vinculada a proceso.
Sin embargo, tras una segunda instancia en apelación, el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso, puesto que no existían suficientes elementos para iniciar el proceso penal y la carpeta de investigación quedó suspendida.
En la Fe de Hechos 005/2018 firmada por el Notario Público Edmundo Martínez Treviño, la señora Juventina quedó absuelta de todos los cargos y le restituyeron las tierras en septiembre de ese año.
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Aun así, esto no representó una barrera para que el Ministerio Público frenara la investigación.
No fue hasta el presente año que se retomó la carpeta de investigación 3059/2024, diez años después del supuesto delito.
El Ministerio volvió a imputar el delito de despojo de tierras y se agregó el cargo por abigeo, un aparente robo de animales, hecho ambiguo ya que no se especificó la cantidad o especie de los animales robados.
Ambigüedades en el proceso
Aún con las disputas legales, los órganos jurisdiccionales siempre le dieron la razón a Juventina, pues durante el proceso se acataron las medidas cautelares y las citaciones correspondientes.
No obstante, un error por parte de la antigua defensa de la acusada al no darle seguimiento a un amparo, sirvió como motivo para que la juez local, nombre que también se reserva, impusiera de manera arbitraria la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso, así como de carácter justificada, siendo privada de su libertad el pasado 11 de julio.
A partir de ese momento, el Colegio de Consultores tomó el caso como parte de la defensa y promovieron un juicio de amparo tras ver las violaciones a los derechos fundamentales de Juventina.
Nueva defensa
Durante la primera suspensión provisional, la defensa solicitó efectos restitutorios para dar notificación a la juez de Quinto Distrito a nivel federal, María Magdalena Hipólito Moreno, de las violaciones que se habían cometido e hiciera el llamado a una nueva audiencia en la que se recomendó determinar si la medida cautelar era justificada u oficiosa.
En caso de que fuera de carácter justificada, se exigía que fueran argumentos fundados y diferentes a los que se tomaron en la primera medida: no se podían tomar en cuenta el hecho de la imputación y cuestiones alrededor de su detención.
Dicha recomendación no fue acatada por la juez local durante la primera audiencia y el Ministerio Público volvió a esgrimir los mismos argumentos e impuso la prisión de carácter justificado.
En la suspensión definitiva, la juez federal estableció un plazo de 48 horas desde la notificación para volver a citar una audiencia en la que no se podría imponer la prisión preventiva de ningún carácter.
La juez exigió la existencia de un debate entre la defensa de la señora Juventina y la representación social para determinar cuál sería la nueva medida cautelar para continuar el procedimiento.
La notificación fue dada el 5 de agosto y el jueves 7 se citó a audiencia para el viernes 8 a las 13 horas.
En esta nueva audiencia, en acatamiento a la orden de la juez federal, la señora Juventina recobró su libertad luego de cuatro semanas en prisión, por lo que podrá seguir su procedimiento en libertad, pero monitoreada por medio de un brazalete electrónico.
Con la señora en libertad, el Colegio de Consultores se dedicará a disputar el fondo del caso, aportando medios de prueba y solicitando audiencias con la finalidad de poder terminar la carpeta de investigación y evitar que Juventina pierda su terreno por la vía penal.
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