Redacción El Coahuilense
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
Los gobernantes suelen desestimar el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) cuando los resultados les son adversos, argumentando -de manera simplista- que se basa exclusivamente en la percepción de los ciudadanos encuestados.
Sin embargo, esta percepción refleja una realidad medible y ponderada, al correlacionar la corrupción con otras variables, como la democracia, el desarrollo económico, la impunidad, la libertad de prensa, la independencia judicial y el estado de derecho, entre otras.
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Los resultados del IPC 2024 revelan una correlación clara con el nivel de democracia en los países evaluados; esto es: a mayor nivel de democracia, menor corrupción. Así, en países con sistemas democráticos consolidados, el IPC promedio es de 73 puntos sobre 100; en democracias defectuosas, el disminuye a 47 puntos y, en regímenes no democráticos, apenas alcanza los 33 puntos.
No obstante, esta regla no es absoluta. Existen excepciones como China que, a pesar de no ser un país democrático, presenta un IPC de 43 puntos, similar al promedio de las democracias defectuosas.
Otro ejemplo es México, cuya democracia incipiente ha sido utilizada como un medio para que políticos corruptos accedan al poder, traicionando los principios que deberían fortalecerla. Lejos de presentar un avance, el país enfrenta un nivel de corrupción tan alarmante que supera a algunos países con regímenes autoritarios. Nuestro IPC es de apenas 26 puntos.
Sí analizamos la relación entre corrupción y desarrollo económico se observa que, un mayor nivel de desarrollo económico tiende a estar asociado con una menor corrupción. Aunque esta correlación no es definitiva, es una tendencia recurrente.
Entre las veinte economías más importantes del mundo, Estados Unidos y China ocupan la primera y segunda posición, pero son la 28 y 76 respectivamente en el IPC. En contraste, los países con los menores niveles de corrupción, Dinamarca, Finlandia y Singapur, no figuran en el G20, al ser las economías 38, 50 y 32, respectivamente.
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Sobre este tema, y sin perjuicio del desastroso desempeño en todas las áreas de la administración pública por parte de la llamada “transformación de cuarta”, México, a pesar de ser la decimocuarta economía mundial, enfrenta una situación preocupante. Según el informe del IPC 2024, es uno de los países más corruptos del mundo y el más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dos variables con una alta correlación con la corrupción son la tasa de riesgo de pobreza y el índice de desigualdad salarial. Los datos indican que los países con mayor riesgo de pobreza y/o desigualdad salarial presentan un índice de corrupción más elevado. Si bien la pobreza no necesariamente genera corrupción, la corrupción sí agrava la pobreza.
En países con baja corrupción, como Dinamarca, Noruega, Finlandia y Singapur, la tasa de riesgo de pobreza oscila entre el 11% y el 12%; en cambio, en México, un país con altos niveles de corrupción, el riesgo de caer en una situación de pobreza es tres veces mayor.
Un patrón similar se observa en el índice de Gini, en países con menor corrupción se sitúa entre 25 y 28 puntos mientras que, en naciones con altos niveles de corrupción como México, la desigualdad supera los 44 puntos.
La corrupción también guarda una estrecha relación con la libertad de prensa, la división de poderes y la independencia del poder judicial. En sociedades con mayor libertad de prensa y una verdadera separación de poderes, la corrupción tiende a ser menor.
Sin embargo, el factor más determinante parece ser la impunidad. Existe una relación proporcional y bidireccional entre ambos fenómenos: a mayor corrupción, mayor impunidad y viceversa.
Un alto índice de impunidad indica sistemas legales deficientes y una baja capacidad para combatir la corrupción. En México, el índice de impunidad (43.19) es casi tres veces superior al de Dinamarca (17.4). Asimismo, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 ubica a México con una calificación de 3.87/10 situándolo, junto con Guatemala, como los únicos países donde el combate a la corrupción ha disminuido sistemáticamente desde 2019; pareciera que, en lugar de combatirla, la estamos fomentando.
En este contexto es imperativo implementar estrategias reales, efectivas y sostenibles para combatir este flagelo que compromete y condena el bienestar y el desarrollo de nuestra sociedad. Resulta alarmante que, tras ocupar durante los últimos quince años el de suyo deshonroso puesto 126 en el IPC, México haya descendido a la posición 140.
Los datos presentados en este análisis permiten concluir que la promesa del expresidente López Obrador, en el sentido de erradicar la corrupción, resultó ser una falacia. La opacidad en proyectos emblemáticos; la asignación en siete de cada 10 licitaciones vía las adjudicaciones directas y los probados actos de corrupción en instituciones como Segalmex, son testimonios irrefutables en el sentido de que los gobiernos (es un decir) emanados de Morena han perpetuado y agravado semejante lacra (también me refiero a la corrupción) superando incluso los niveles alcanzados por administraciones anteriores.
Esta realidad evidencia el colapso de las instituciones y la complicidad de quienes, bajo el disfraz de la democracia, han sumido a la nación en un estado de corrupción e impunidad sin precedentes.
En síntesis, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 es testimonio fiel de la hipocresía y disociación de la realidad de quienes no dejan de mentir, de robar y traicionar.
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