Redacción El CoahuilenseEn torno a la propuesta en materia de infraestructura presentada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México organizó, ayer martes, el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, con el objetivo de promoverla y fortalecerla.
Representantes del sector empresarial, especialistas en desarrollo y energía y legisladores se reunieron en el foro celebrado en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, un espacio de diálogo y análisis sobre los retos y oportunidades de la infraestructura para el bienestar.
La certeza para las inversiones y la garantía de que los proyectos de infraestructura operen como un motor real de bienestar para la ciudadanía dependen, subrayó Ramírez Cuéllar durante el evento, de contar con un marco jurídico robusto, cuya urgencia destacó.
“El presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura que requiere México. Tenemos que reconocer que la magnitud de las carencias y de los retos en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos demanda mucho más de lo que el erario puede aportar. Por eso, es indispensable que impulsemos esquemas de coinversión público-privada, que nos permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional”, comentó.
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Para garantizar derechos, mejorar la competitividad y promover el desarrollo social, la infraestructura, explicó el legislador, no puede concebirse únicamente como obra física, sino como un servicio fundamental.
“Un hospital, una carretera, un sistema de transporte o un proyecto energético no tienen sentido si no cumplen con la función de acercar servicios de calidad a la población. La infraestructura debe ser la columna vertebral de una estrategia de bienestar para las próximas décadas”, sostuvo.
Hacia un modelo más limpio y soberano, capaz de sostener el crecimiento económico y la justicia social, han abierto la posibilidad de transitar las reformas recientes en materia energética, recalcó; además, enfatizó que no puede haber infraestructura sin energía.
“Hoy contamos con mejores condiciones para impulsar la transición energética, garantizar la soberanía del sector y construir un país con servicios asequibles, limpios y accesibles para todos. La infraestructura y la energía deben caminar de la mano para asegurar un bienestar integral”.
Se insistió en la importancia de establecer reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas para que la participación privada contribuya al desarrollo nacional sin poner en riesgo el interés público. Paralelamente, a lo largo del foro, diversos ponentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la planeación de largo plazo con proyectos que trasciendan administraciones y coyunturas políticas y garanticen beneficios tangibles a la sociedad.
Descentralizar los beneficios de la infraestructura, para impedir su concentración exclusiva en grandes ciudades y extenderlos a comunidades rurales y zonas marginadas, emergió como una urgencia durante el debate.
Con un llamado a convertir la iniciativa de Ley en un verdadero instrumento de transformación, capaz de movilizar recursos, atraer inversión, fortalecer la transición energética y, sobre todo, colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura, concluyó el Foro de Análisis.
Entre los presentes estuvieron Miguel Sergio Silíceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; el Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; el Ing. José Antonio Hurtado, director general de Cox Energy en México; la Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex; el Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure; y el Ing. Luis Méndez Jaled, presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y presidente nacional de la CMIC; y en la clausura el Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
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