AgenciaTorreón, Coahuila.- El anexo “La Alegría de Vivir“, ubicado en la colonia La Madrid de Torreón, enfrenta un nuevo señalamiento de las autoridades tras la muerte de un paciente internado para tratar su adicción.
Este hecho ocurre solo nueve días después de que el centro reanudara sus actividades de manera irregular, al haber sido clausurado previamente en octubre por carecer de permisos.
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Este lunes, un hombre de 39 años identificado como Francisco Covarrubias Salazar, quien estaba internado en el anexo, fue llevado de urgencia al Hospital General, donde fue reportado sin vida.
De acuerdo con los familiares, Francisco padecía cirrosis a causa de sus adicciones. Ellos atribuyeron los golpes y hematomas que presentaba al momento de su ingreso a acciones autoinfligidas por el propio paciente.
La víctima llegó al hospital acompañada por el recepcionista del anexo, identificado como Alberto de Jesús.
Este centro de rehabilitación fue clausurado el 17 de octubre por la Secretaría de Salud y la Dirección de Desarrollo Urbano debido a la falta de permisos necesarios para operar.
Sin embargo, el pasado 6 de diciembre, los operadores del lugar, conocidos como “padrinos”, removieron los sellos de clausura de la puerta del domicilio en la calle Leopoldo Lugones y comenzaron a meter mobiliario, reiniciando así sus actividades.
Esta es la segunda muerte vinculada al anexo en menos de un año. En febrero de 2024, Santos Giovanni Alvarado Fuentes falleció presuntamente a golpes por parte del personal del mismo centro después de resistirse a ser ingresado.
En ese caso, el padrino conocido como Antonio, alias “El Cachorro”, fue detenido por el delito de homicidio calificado con ventaja.
Tras esta segunda muerte, la Fiscalía General del Estado ordenó una inspección criminal en el domicilio. Esta intervención derivó en una denuncia vecinal que evidenció prácticas irregulares durante los fines de semana, incluyendo alteraciones al orden público y consumo de alcohol durante la noche y la madrugada.
Los vecinos también han reportado que, desde la reapertura el 6 de diciembre, los operadores del anexo se han apoderado de la calle, estacionando varias camionetas.
Además, construyeron una barda que impide el paso por la banqueta. Los residentes aseguran ser víctimas de amenazas por parte de los trabajadores del lugar con el fin de evitar que presenten denuncias.
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Con información de Zócalo |
