CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría morenista y de sus aliados del PT y Partido Verde, posponer de 2027 a 2028 la elección de 463 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito, y la totalidad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Luego de que el pleno de San Lázaro aprobó anoche, en lo general, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar las elecciones del Poder Judicial, la Mesa Directiva reanudó desde las 9:30 de la mañana de este miércoles la discusión en lo particular de la misma reforma.
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Legisladores y legisladoras presentaron casi 300 reservas para realizar modificaciones puntuales a la reforma, de las cuales, el oficialismo aprobó tres. Se trata de una reserva presentada por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, para aclarar que la revocación de mandato presidencial solo puede realizarse hasta el cuarto año de un sexenio, para no coincidir con las elecciones intermedias federales, en las que se renueva la Cámara de Diputados.
La segunda reserva aprobada, presentada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, fue para permitir que las personas que actualmente integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puedan participar en la contienda de 2028, en busca de su reelección en el puesto si así lo desean.
Esta última reserva fue duramente criticada por el coordinador de los panistas, Elías Lixa, quien advirtió que dicha modificación no se planteó en la Junta de Coordinación Política, donde comúnmente se logran los acuerdos parlamentarios, y puntualizó que Acción Nacional no participaría en la discusión de dicha reserva.
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Además la decisión dividió al morenismo cuando el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que de aprobar dicha reserva habría magistrados electorales que durarían en su encargo hasta 17 años, y advirtió “no hagamos el ridículo nacional”.
También aprobaron una última reserva presentada por el diputado Leonel Godoy para permitir que la Suprema Corte trabaje en dos secciones, como antes operaban las salas del máximo tribunal.
Para la discusión en lo particular, las bancadas de Morena, PT y Partido Verde sumaron 322 votos, frente a 132 sufragios de los partidos de oposición, así como 22 abstenciones.
Otras reservas como las de la diputada morenista y exministra Olga Sánchez Cordero, para proponer cambios en la integración de los Comités de Evaluación y establecer garantías de que las y los candidatos debían probar su práctica profesional, fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
Durante el debate, el cual se prolongó por casi 13 horas, la bancada priista acusó que la enmienda constitucional impulsada por Sheinbaum no corrige las fallas de origen que generó la reforma judicial del expresidente López Obrador, a raíz de la cual se democratizó el Poder Judicial.
Antes, el priista Luis Gerardo Sánchez calificó este periodo extraordinario, convocado principalmente para discutir esta reforma judicial, como el periodo del “bomberazo” y nombró la iniciativa presidencial como la “Ley parche”.
También del PRI, Arturo Yañez se lanzó contra el partido oficialista cuando presentó la “lotería de Morena”, en la que enumeró los errores del partido en el poder, como el caso Segalmex, el caso de huachicol fiscal, las acusaciones de Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha, entre otras controversias.
Rubén Moreira, coordinador de los priistas, también criticó ante medios de comunicación que la reforma, además de buscar el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, no corrige contradicciones como la duración de la presidencia de la Suprema Corte.
La reforma de Sheinbaum Pardo, además de aplazar la elección del Poder Judicial, también permite la creación de una Comisión Coordinadora para unificar los criterios y metodologías con las que cada Comité de Evaluación recibe y analiza los perfiles de las personas que buscan competir por un cargo de juez o magistrado.
Asimismo, amplía los plazos de evaluación, reduce el número total de candidaturas para facilitar el diseño de boletas electorales, impulsa programas de actualización y capacitación permanentes, y permite que la elección del Poder Judicial coincida con la revocación de mandato en 2028.
Otras legisladoras de la bancada blanquiazul como Carmen Rocío González, cambiaron el debate del Poder Judicial, por el tema de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La diputada tomó la tribuna junto a sus compañeras de partido, quienes sostenían pancartas con la leyenda de “Yo con Maru”.
Desde Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona puntualizó que más allá de discutir un tema de calendario, la reforma no contempla algo fundamental para la población mexicana: garantizar el acceso a la justicia. Del mismo partido, Juan Ignacio Zavala criticó que mientras el oficialismo buscaba vender la iniciativa como un paso de “sensatez”, muchos de los errores ya se habían advertido hace dos años.
“Lo dijimos entonces y lo repetimos hoy: nunca quisieron mejorar la justicia. Lo que querían era controlar al Poder Judicial”, criticó.
Por el oficialismo, el petista Ricardo Mejía Berdeja ironizó que la discusión se había convertido en un desahogo de frustraciones de la oposición y recordó que lo que se está planteando es un ajuste a la reforma judicial que impulsó López Obrador.
Antes de la votación, un puñado de oradores de Morena cerraron filas con la reforma impulsada por Sheinbaum. Carina Piceno recordó que desde 2024 se planteó que personas juzgadoras fueran electas por voto popular, y la reforma de hoy no era una contrarreforma, sino una enmienda para fortalecer la elección.
Tras la aprobación de la reforma constitucional, la minuta se envió al Senado de la República donde se prevé que se discuta entre el jueves y el viernes de esta semana, para posteriormente ser enviada a las Legislaturas estatales, en donde requerirá del respaldo de al menos 17 Congresos locales para poder modificar la Carta Magna.





